La aldaba
Carlos Navarro Antolín
La Sevilla fina en la caja de Sánchez-Dalp
Cuentas de 2019
El nuevo Gobierno andaluz ha entregado este viernes su proyecto de Presupuestos de 2019, que en términos globales aumenta un 5%, hasta llegar a la cifra récord de 36.495,5 millones de euros. Aunque el consejero de Hacienda,Juan Bravo, está negociando con Vox el necesario apoyo de este grupo a las cuentas, el proyecto no incluye ninguna de las grandes concesiones a este partido. Se conservan los gastos contra la violencia de género y los derivados de las Memoria Histórica. Este partida última baja en 100.000 euros, y se queda en 1,6 millones de euros, aunque en 2018 sólo se ejecutaron 1,1 millón de euros de los presupuestado.
Lo que sí se cumplió con Vox, aunque también era una promesa electoral del PP y de Ciudadanos, es la reforma fiscal. Ésta supuso la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y de Donaciones, así como una rebaja del tramo autonómico del IRPF.
La partida destinada a la lucha contra la violencia de género se mantiene igual: 4,2 millones de euros, pero en el ejercicio anterior sólo se ejecutaron 1,1 millones de euros. Estas diferencias entre lo presupuestado, lo pintado sobre papel, y lo realmente gastado le ha permitido al consejero Juan Bravo realizar una amplia crítica a los anteriores gobiernos socialistas. El dato real es que el Gobierno anterior no pudo ejecutar ni la mayor parte del dinero destinado a los cursos de formación -de hecho, devolvió buena parte al Ministerio- ni gastó en inversiones. En operaciones de capital, por ejemplo, que suele ser el dinero que la Junta envía a sus entes instrumentales para inversión, sólo se llegó a gastar el 54,4%.
El gasto social sube un 5,9%, ya que se incrementa el de sanidad, en un 7,9%; el de educación, en un 3,5%, y el de igualdad y conciliación, en un 5%.
Lo que promete ahora Juan Bravo es que los Presupuestos que presentan son ahora los reales. Se trata de un acto de fe, pero comprobable a principios de 2020, cuando se conozca la liquidación. Con independencia de su cumplimiento, es verdad que los anteriores gobiernos hicieron juego de malabares con las cuentas públicas, se hicieron en el último año hasta 800 modificaciones presupuestaria y se solían inflar el gasto financiero y de inversiones, para posteriormente derivarlo a personal. Pero también es verdad que los gobiernos socialistas operaron desde 2012 con graves restricciones a causa de la crisis y la consecuente bajada de ingresos por la caída de la recaudación. E, incluso, así, el nuevo Gobierno hereda unas cuentas con un 0,41% de déficit, sólo una centésima por encima de los acordado con Madrid y Bruselas.
"Estos Presupuestos no son bonitos, pero son creíbles". Es la frase que más ha repetido Bravo durante estos días. Y no son bonitos en el sentido de que hay partidas que, efectivamente, bajan, algunas tan importantes como las destinadas al fomento del empleo, que se reduce un 15,3%. La razón que aduce el consejero de Hacienda es que de los 1.053,7 millones de euros que había, sólo se gastaron 599 millones de euros.
Las políticas de empleo han sufrido una parálisis muy grave debido a los casos judiciales de corrupción y a la revisión que hizo de todas las subvenciones a los cursos de formación los anteriores consejeros. Otra novedad es que, desde ahora, la Junta no adelantará el 75% de la subvención, sino sólo el 50%. Ésta era una petición que ya había realizado la Cámara de Cuentas, y es que el 75% era una cantidad tan alta que podía llevar a fraudes, porque no se cumplía y no se solicitaba el 25% restante.
En términos generales, el Presupuesto crece, sobre todo en las Consejerías de Salud, Educación e Igualdad, las más sociales, y el déficit se reduce del 0,4% al 0,1%. La bajada de la recaudación por la reforma fiscal a la baja se compensa porque aumentan los ingresos del Estado, y además se ha logrado una mejoría de la gestión de los fondos europeos. No obstante, hay ingresos, como los obtenidos por la venta de inmuebles, que es de 320 millones de euros que, cuanto menos, es de difícil ejecución en los seis meses que quedan.
Hay otro aumento de ingreso apuntado que también es dudoso, relativo al IVA que se cobra del Estado. La Junta cuenta con que el Gobierno central pagará 13 meses de IVA. Esto se debe a un ajuste que hizo el anterior ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, y que el Gobierno socialista se comprometió a pagar a través de su proyecto de Presupuestos Generales de 2019, pero éste finalmente no se aprobó por la oposición, entre otros, del PP y de Ciudadanos. Se trata de un aumento de 412,8 millones de euros más que, de momento, no tienen cobertura legal ya que no están en las cuentas del Estado. Si el Gobierno central, finalmente, no los pagase, el objetivo de déficit se vería comprometido. La Junta, sin embargo, opina que es un problema común en todas las comunidades y que, si no se paga, el Gobierno central deberá cambiar el objetivo de desequilibrio.
El Gobierno espera tener aprobado el Presupuesto el 18 de julio en el Parlamento, para lo que necesita el voto de Vox. La Consejería de Hacienda bien podía haberse centrado en elaborar el de 2020 y trabajar, como hasta ahora, con el de 2018 prorrogado, pero Bravo entiende que, de este modo, mejora la credibilidad de la Junta. Ése es su lema, que si abunda en la ortodoxia, los mercados y los inversores le recompensarán en forma de mejoría económica para Andalucía.
"Nuestro objetivo es generar credibilidad y un clima de confianza para que Andalucía mejora, de una vez por todas, su convergencia con el resto de España", indicó Bravo. En la actualidad, la comunidad sólo tiene un PIB per cápita del 70% de la media de la Unión Europea, lo que la coloca aún entre las regiones de Objetivo 1, las más pobres del continente.
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