La Policía repite las detenciones de Alaya en una nueva redada por los cursos

Madrid/Málaga/Una nueva macrorredada policial que repite algunas de las detenciones que la juez Mercedes Alaya autorizó en el fraude de los cursos de formación hace menos de tres meses. En aquella ocasión fue la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, en el marco de la operación Barrado, detuvo a 16 ex altos cargos de la Junta tan sólo dos días después de las elecciones autonómicas del 22 de marzo. Ahora ha sido la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, otro cuerpo de élite, el que ha golpeado el fraude en los cursos de formación y lo ha hecho igualmente en una fecha con una clara repercusión política, cuando la presidenta de la Junta en funciones Susana Díaz ha iniciado la última ronda de contactos con los grupos políticos para intentar sacar adelante su investidura.

La pugna que en el marco del fraude de los cursos de formación mantienen la UCO y la UDEF ha provocado que ahora se reproduzcan detenciones que Alaya ya llevó a cabo en marzo pasado, o que algunos de los ahora detenidos estén citados a declarar como imputados esta misma semana ante Alaya en su investigación sobre los cursos de formación. Algunas fuentes alertan de la "inseguridad jurídica" que produce que se materialicen dos detenciones por los mismos hechos, al mezclarse las investigaciones que llevan a cabo distintos juzgados andaluces.

Se trata además de una operación policial diferida en el tiempo. De hecho, la Policía Nacional tiene previsto detener en los próximos días a unas 140 personas en las distintas provincias andaluzas. De momento, la operación "EDUende" -como ha sido bautizada por la Policía esta tercera fase de la operación EDU- se ha saldado, al cierre de esta edición, con la detención de 35 personas y otras tres imputadas: 30 detenidos y tres imputados lo fueron en las provincias de Cádiz, Málaga, Almería, Córdoba, Jaén y Granada; mientas que en Sevilla se ha procedido a la detención de cinco personas.

Las detenciones se centran en los directores, jefes de servicio y jefes de departamento de las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), mientras que en Sevilla están previstas más de 45 arrestos e imputaciones, todos ellos administradores de empresas que recibían subvenciones de la Junta para la realización de actividades formativas. En Huelva también está previsto arrestos entre responsables de empresas que recibieron ayudas para la formación.

La operación EDUende repite o reproduce actuaciones que la juez Alaya ya ha llevado a cabo o tiene previsto ejecutar esta misma semana. Así, entre los detenidos se encuentran el ex delegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández Ramírez -que ya fue detenido en marzo pasado- y el jefe de servicio Manuel Gavilán Jiménez, quien también está citado a declarar por Alaya el próximo viernes.

Otra de las imputadas por Alaya, la ex delegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, quedó ayer en libertad con cargos después de que la UDEF le imputara delitos de prevaricación y malversación de caudales.

En Málaga fue detenido el ex delegado de Empleo Juan Carlos Lomeña; en Granada la ex delegada de Empleo Marina Martín; y en Cádiz el ex delegado Juan Bouza, todos ellos también imputados en la causa que investiga la juez Mercedes Alaya.

El ex delegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza quedó igualmente en libertad tras declarar ante la Policía, al igual que el ex jefe de servicio de Formación en esta provincia Antonio Juan Vidal. Este último ha sido imputado por Alaya y citado a declarar mañana en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. En la provincia de Cádiz fueron detenidas otras dos personas en el marco de la operación EDUende y también quedaron en libertad con cargos, como los otros implicados.

Además de las detenciones de cargos públicos y funcionarios, una buena parte del dispositivo policial se centra en los empresarios que se beneficiaron de las ayudas. La mayoría de las empresas investigadas recibía ayudas de entre 60.000 y 200.000 euros, aunque la UDEF estima que el dinero total defraudado podría ascender hasta los 3.000 millones de euros.

El nombre del ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, que ya fue detenido por la Policía en agosto del año pasado, vuelve a figurar entre los implicados en esta nueva fase. La Policía no descarta que pueda procederse de nuevo a su arresto, ya que en este caso se le investiga por otras actividades presuntamente ilícitas que hasta ahora se desconocían. Ojeda es además uno de los principales imputados en la causa de los cursos que instruye la juez Mercedes Alaya.