Planes urgentes de empleo e inclusión por 520 millones

La escasa concreción que ofreció ayer en su discurso de investidura el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, provino de los planes urgentes que acometerá la Junta de Andalucía y que pertenecen al acuerdo programático acordado con Izquierda Unida. El primero, para este mismo año, consistirá en la aprobación de un plan de choque contra el desempleo dotado con 200 millones. Se persigue crear empleo en tareas forestales como reforestación y explotación de montes, rehabilitación de viviendas y obras en colegios públicos, incrementándose las partidas que la Junta ya destina a estas actuaciones. De hecho el año pasado la Junta destinó 200 millones a un plan de oportunidades laborales (Plan OLA) para que parados de la construcción actuasen en los colegios.

Griñán no ofreció datos sobre la población que puede beneficiarse del plan de choque (el paro alcanza al 34,1% de la población activa), pero señaló que irá dirigido a jóvenes y parados de larga duración.

Estos colectivos ya contaron el año pasado con planes específicos de la Junta (Motiva, 381 millones, y 45 Plus, 104 millones), sin que esa dotación presupuestaria, más del doble de la anunciada ahora, haya cortado la sangría del desempleo en Andalucía.

La segunda pata de los planes urgentes la dedicó el dirigente socialista a un plan de choque para la inclusión social que priorice el acceso a un trabajo para personas en riesgo de exclusión social. Desde hace cuatro años, la Junta tiene guardado en el cajón una ley para este colectivo que incluye la Renta Básica. Ahora se impulsará la orientación laboral, pero la Renta Básica queda aplazada a las conclusiones de un grupo de trabajo.

El coste de la Renta Básica sería muy superior a los 80 millones de euros anuales invertidos en el salario social, que reciben unos 40.000 andaluces sin ningún tipo de ingresos. El presupuesto anunciado por Griñán fue de 320 millones para la legislatura; por aritmética matemática, lo que la Junta gasta ahora en salario social.

El tercer capítulo anotado por el político socialista fue el de la transparencia y el funcionamiento parlamentario, con medidas para facilitar las comisiones de investigación (la última fue en 1995) y un programa de Parlamento abierto "para la mejora de los mecanismos de participación directa en el ámbito parlamentario".

La concreción llegó también, en parte, al paquete legislativo que llevará Griñán al Parlamento los próximo cuatro años. Serán 28 leyes, la gran mayoría de la mano de IU, que se comprometió en su programa electoral a aprobar 24. Griñán citó once, nueve de IU, entre las cuales se encuentra una ley de la Memoria Democrática , una suerte de ley de memoria histórica a la andaluza.

El PSOE rechazó el año pasado una proposición de ley de IU sobre memoria democrática, que impulsaba la creación de un organismo que elaboraría un censo de personas desaparecidas y víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura. Habría una asignatura sobre esta materia en el currículum de la ESO y el bachiller. Se seguiría adelante con la iniciativa de anular el juicio que condenó a Blas Infante.

Otra de las leyes de IU aludidas fueron las de fiscalidad ecológica, agricultura, servicios sociales, espacios protegidos, energías renovables o participación ciudadana e institucional. Griñán incorporó promesas electorales del PSOE como la ley contra el fraude fiscal, ley contra el cambio climático y ley de eficiencia energética. También se reformarán las leyes de igualdad y de violencia de género.