Piden 8 y 9 años de cárcel a dos testaferros de los ERE por delito fiscal

Sevilla/La Fiscalía de Sevilla ha pedido nueve años de cárcel para Eduardo Leal del Real y ocho años y medio para Juan Francisco Algarín, ambos imputados como testaferros en el caso de los ERE falsos, acusados ahora de un presunto fraude fiscal en las declaraciones del IVA de su empresa.

El escrito de acusación de la Fiscalía imputa a ambos falsas declaraciones del IVA en la empresa Servicios Inmediatos de Andalucía, propiedad de Leal del Real, con una cuota defraudada de 188.456 euros en 2002 y 175.239 euros en 2003. Según el fiscal, "con la única intención de no ingresar al Tesoro Público la totalidad del IVA recaudado", Leal del Real presentó declaraciones falsas del impuesto soportado y repercutido, mediante la declaración de unas "compras a proveedores muy superiores a las que estos le imputaban y unas ventas muy inferiores a las declaradas por sus clientes". Como cobertura para estas declaraciones falsas, Algarín elaboró facturas falsas de reparto de publicidad y un tercer acusado, Manuel A.A., facturas referidas a un negocio de droguería regentado por su esposa.

Para Leal del Real, la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública que le imputa en concurso con otro de falsedad el documento mercantil, y para Algarín reclama cuatro años y tres meses por cada uno de los dos delitos. Para Manuela C.C., socia de la empresa de Leal, el fiscal pide dos años y tres meses por cada uno de los dos delitos y para Manuel A.A. cuatro años y tres meses por cada uno.

Junto a la condena de cárcel, la Fiscalía pide para Leal una multa de 980.000 euros, para Algarín de 950.000 euros y la devolución a la Agencia Tributaria entre todos los acusados de 363.696 euros.

En el juicio que celebrará un juzgado penal de Sevilla en los próximos meses, la defensa de Manuel A.A. alegará la prescripción de los delitos y que su cliente era un simple trabajador de reparto, que no llegaba a cobrar 500 euros al mes, pero fue "inducido" por Leal a firmar recibos emitidos a nombre de la droguería regentada por su esposa.

Otros imputados por los ERE tienen también pendientes juicios por delito fiscal, entre ellos Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, para quien el fiscal ha pedido dos años y medio de cárcel por no declarar cada una de las dos ayudas de 450.000 euros que recibió de la Junta para sus empresas fantasmas. La Fiscalía de Jaén -como lugar de residencia de Trujillo- pide además para él dos multa de 99.402 euros y la devolución a la Agencia Tributaria de la cuota tributaria de 165.067 euros que dejó de ingresar.