Los arcanos de las "listas negras"

El Gobierno andaluz y la oposición se enzarzaron ayer en una polémica con rasgos electoralistas. Parafraseando al presidente de la Junta, no hay sosiego en los periodos de campaña electoral. Moreno lo vivió en primera persona y no dudó en salir en defensa de su Gabinete frente a la acusación de su homólogo en el Ejecutivo de la nación.

Pedro Sánchez acusó la noche anterior al Gobierno andaluz de aliarse con Vox por remitir a los trabajadores vinculados a las unidades de violencia de género de la Administración andaluza un escrito solicitando sus identidades y señas de la colegiación profesional.

Tal petición, que responde a un trámite contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de 2015 y que vincula a todas las administraciones públicas, fue denunciado por el presidente del Gobierno durante el debate electoral en Atresmedia por su supuesta condición de hostigamiento a los trabajadores, sujetos a unas presuntas "listas negras".

El polémico expediente

El texto que Sánchez mostró públicamente durante el transcurso del debate televisivo corresponde a un expediente de carácter informativo remitido a un médico forense por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla –dependiente de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local–.

En el escrito, que cita la solicitud de información pública de un particular contemplado en la ley andaluza de transparencia, se informa a este empleado –como le ha sucedido al resto de trabajadores vinculados a la valoración de violencia de género–, la disposición de un plazo de 15 días para presentar las pertinentes alegaciones obligadas por la citada ley de procedimiento administrativo.

La normativa y la Junta

Tras las presentación de estas preceptivas alegaciones por parte de los trabajadores sociales y médicos forenses, la administración andaluza deberá examinar qué remite al ciudadano solicitante en relación a los datos solicitados.

La normativa sobre protección de los datos personales es restrictiva. La ley andaluza de transparencia de 2014 se remite a la ley estatal de la misma materia de 2013 y, a su vez, a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de 1999. Como carácter general, sólo el "consentimiento expreso y por escrito" de los empleados interpelados permitirá la difusión de sus identidades.

Distinto será la segunda petición del ciudadano solicitante: la referida a los detalles de colegiación profesional.

A esto mismo se refirió ayer el director general de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra –integrado en el organigrama de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local–, quien garantizó en una reunión mantenida con el sindicato Ustea que la Junta "nunca va a infringir la Ley de Protección de Datos". Sierra añadió, sin embargo, que es necesario que dichos empleados –objetos de la polémica– han de estar colegiados.

Sobre esto, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, cuantificó recientemente que un 40% de los psicólogos y un 50% de los trabajadores sociales de las unidades de violencia de género no están inscritos en su respectivos colegios profesionales.

La mención a Vox

La vinculación del expediente de transparencia a una influencia de Vox proviene de la petición parlamentaria del partido de Francisco Serrano de los mismos datos que pretende conocer ahora el ciudadano solicitante. La Mesa de la Cámara andaluza no lo admitió a trámite. Como consecuencia, Vox remitió una nueva solicitud el 4 de abril ciñéndose a la petición de los detalles relacionados con las colegiaciones profesionales.

Sostiene Transparencia

El director del Consejo Andaluz de Transparencia y Protección de Datos, Manuel Medina, tras verse con la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, avisó hace dos meses del "riesgo" de la difusión de las identidades de los empleados. La Junta deberá decidir en adelante qué publica sobre el resto de datos, aunque sea ésa otra historia.