Parot quería muertos en Sevilla

ETA mató a 24 personas en 1990, pero iban a ser muchas más. La suerte y la pericia de dos guardias civiles impidieron que Henri Parot aparcase el coche de la muerte en la plaza de la Gavidia de Sevilla, junto a la comisaría central de la Policía Nacional. Otro automóvil cargado con amonal estaba preparado para explotar frente a las instalaciones de Construcciones Aeronáuticas (CASA) y uno más, reservado para escapar en la calle Pastor y Landero. Era Lunes Santo. Otro Hipercor. Otra casa cuartel de Zaragoza, otro Vic, otra República Dominicana, ETA le había cogido afición a los coches bomba a finales de los años ochenta.

Henri Parot es uno de los terroristas más sanguinarios de la banda, actualmente cumple pena en Puerto III por unas condenas que superan los 4.000 años; sin embargo, hasta su detención en Santiponce el 2 de abril de 1990, poco se sabía de él y de su comando itinerante formado por ciudadanos vascofranceses. Legales, es decir, no fichados. La sangrienta y larga historia del terrorismo en España nos dejó varios tomos de nombres propios y términos que hoy han caído en desuso: legales, comando Madrid, nueve milímetros, Txomin, frente de makos, Pakito, muga, Fitipladi, polimilis, Kubati, impuesto revolucionario, Bidart... Y la doctrina Parot: la jurisprudencia del Supremo que lleva el apellido del francés y por la que los beneficios carcelarios debían aplicarse sobre la totalidad de la pena (en su caso, los 4.000 años) y no sobre la duración máxima de permanencia legal en la cárcel (20, 30 y 40 años según las reformas del Código Penal). Una doctrina parcialmente anulada por los tribunales europeos, a causa de la retroactividad con la que se aplicaba.

Henri Parot, el terrorista que fue dentenido en un control a la entrada de Sevilla, nació en 1958 en Sidi Bel Abbas, cerca de Argel, hijo de un matrimonio vascofrancés. Se fueron de Argelia después de la independencia y en 1976 él se instaló en Bayona, al otro lado de la muga.

Durante décadas, ETA contó a su favor con el santuario francés: mataba en España y se retiraba a Bayona, San Juan de Luz o Biarritz. Una vida relativamente plácida, de no ser por las incursiones que de muy de vez en cuando acometían los enviados de la guerra sucia. Parot, cuyos padres quisieron llamarle Unai pero las autoridades galas se negaron al registro, se salvó de un atentado de la ultraderecha ese mismo año, pero dos años más tarde, en 1978, y bajo las órdenes de Txomin, mató en Irún a un empresario que se negaba a pagar la extorsión de ETA. Unos cuantos disparos, un muerto, y vuelta a Francia, donde estaba casado, tenía hijos y hacía una vida normal.

La creación de los GAL a mediados de los años ochenta como expresión de la guerra sucia fulminó la tranquilidad gala y, con el tiempo, puso fin al santuario tras la conversión del presidente Miterrand.

Antes de lo de Sevilla, la policía española no sabía que hubiese un comando formado por ciudadanos franceses. A Parot se le condenó por 85 asesinatos, incluidos los de la casa cuartel de Zaragoza, donde murieron 11 personas, cinco de ellos niños. El modo de operación del comando Argala se solía repetir y era lo que le esperaba a Sevilla: entrar en España con un coche cargado de explosivos y dejarlo en el lugar del objetivo. Accionar, muertos y escapar como simples turistas franceses.

En 1990, Sevilla vivía la plenitud de las obras de la Expo. La Guardia Civil había decidido incrementar el número de controles de tráfico por razones de seguridad y para acostumbrar a la ciudad a las colas. 1992 iba a ser el año del despegue internacional de España, y ETA constituía la mayor amenaza, con dos escenarios espectaculares como Sevilla y la Barcelona de los Juegos Olímpicos.

Ese 2 de abril, la Guardia Civil tenía pensado montar varios controles entre Alcalá del Río y las Pajanosas, pero debido a un contratiempo se cambió el lugar y se dispuso una barrera con ocho hombres en Santiponce, a la llegada de la ruta de la Plata.

El Renault que conducía Parot iba cargado con 300 kilos de amonal, llevaba elevado por el morro, lo que llamó la atención de los agentes. Creyeron que se trataba de un simple chorizo, lo echaron a un lado y esperaron. Parot podía haber resuelto este encuentro, no era la primera vez que lo paraban, pero temía que el primer agente que se le acercaba abriese el coche y descubriera los explosivos. Así que quiso saltarse el control, saltó el cepo y la emprendió a disparos.

José Infante Borrero, cabo primero, y el guardia Adolfo López saltaron a por él, lo redujeron, lo tiraron de rodillas y lo desarmaron; aún entonces creían que era un delincuente habitual. No fue hasta después, cuando fueron tratados de los disparos recibidos en Camas, cuando supieron que Parot era un terrorista de ETA, aunque otros testigos sostienen que el francés gritó que era miembro de la banda y clamó para que no le pegasen.

El objetivo de la banda era la Jefatura de la Policía Nacional de la plaza de la Gavidia. Desde mediados de los años ochenta, ETA había comenzado a poner muertos sobre una posible mesa de negociación. Después de la casa cuartel de Zaragoza, en 1987, y de macabros atentados con coche bomba en las calles de Madrid, le tocaba el turno a una de las dos grandes ciudades de 1992, una escalada terrorista en estos lugares de resonancia mundial se encargaría de poner al Estado en posición de diálogo.

El ex ministro José Luis Corcuera y el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera siempre negaron que el Estado negociase con ETA para impedir atentados en 1992, y como prueba de ello contaron que la banda llegó a colocar un dispositivo para explosivos en el Palau Sant Jordi que fue descubierto por la Policía Nacional. Cinco agentes de la CIA se infiltraron en España en una operación de contra vigilancia en colaboración con Interior. 1992 comenzó con 16 muertos de ETA, pero los atentados cesaron en los meses de mayor relevancia.