El Parlamento vive un pleno tenso al aprobar la ley de regadíos de Doñana

Jarro de arena, incluido. Y alusiones a la Virgen del Rocío. El Parlamento andaluz ha vivido un crispado pleno en el que ha sido admitida a trámite una ley para regularizar unas 800 hectáreas de regadíos de cultivos situados junto a Doñana. La parlamentaria de Adelante Andalucía Maribel Mora ha vertido una jarra llena de arena del Doñana sobre el escaño del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no estaba presente en ese momento. El presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, le ha recriminado la actuación y su "poca vergüenza", y ha llegado a decirle: "Si usted quiere llamar la atención, cómprese un mono".

Varios de los agricultores afectados y de la plataforma que los representa han asistido al pleno, mientras que otros han seguido el debate desde fuera del Parlamento. Con ellos no ha habido problema alguno, aunque los de la calle, que veían la sesión en un televisor instalado en un árbol, sí han dado sobradas muestras de su enfado con los parlamentarios de izquierda. La iniciativa no ha sido defendida por ningún consejero del Gobierno andaluz, porque ha sido presentada por los grupos parlamentarios del PP y de Vox. El parlamentario socialista Mario Jiménez ha llamado "capidisminuido" al consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha tratado de convencer, sin éxito, a Bruselas de la iniciativa legal y quien esta semana ha dejado de tener entre sus competencias el plan Infoca. El dispositivo contra los incendios forestales será ahora del titular de Presidencia, Antonio Sanz. "Usted manda menos que la Falange en Pamplona", ha terminado por decirle Jiménez.

El portavoz de Vox en el debate, Rafael Segovia, ha lamentado el tono que ha ido adquiriendo el debate, sin duda, el más movido de esta nueva legislatura que arrancó en junio pasado.

Juanma Moreno no ha asistido al debate de admisión de esta ley que han llevado a la Cámara los grupos parlamentarios del PP y de Vox. Todos los grupos de izquierdas, incluido el PSOE, han votado en contra, al entender que la próxima ley es un engaño porque no garantiza el agua a los nuevos regantes legales, porque ni se puede pinchar el acuífero ni el trasvase desde la cuenca del Piedra, Odiel y Tinto autorizará esa concesión. Los socialistas han cambiado de opinión, ya que en la anterior legislatura se abstuvieron ante un proyecto similar. Esto se debe a que el PSOE ha presentado una moción propia en la que se solicita la negociación entre el Gobierno andaluz y el central para solventar el problema de los regantes afectados.

Mario Jiménez ha admitido que hay un problema con estos agricultores, pero su solución no viene de "decisiones unilaterales". Jiménez ha acusado al PP de "negacionismo científico". "A ustedes le importa un comino estas familias, sólo piensan en sus votos, aunque eso les termine llevando a la ruina, a ellos y a todo el sector agrícola de la zona", ha advertido el parlamentario en una alusión a las posibles consecuencias que la ley tenga de las autoridades de la Comisión Europea.

El problema de estos agricultores surge de una gran regularización de riegos que se realizó entre los años 2004 y 2014. Para que la Comisión Europea aceptase ese incremento de regadíos, los gobiernos de España y de Andalucía se comprometieron a cerrar pozos ilegales y a llevar agua de superficie mediante un trasvase. Unos 650 agricultores -la cifra no se ha determinado- se quedaron fuera, porque la Junta certificó que, cuando se realizaron los vuelos en 2004, o no estaban cultivados de frutos rojos o eran zonas forestales, principalmente cultivos de eucaliptos.

La nueva ley se aprobará, de modo definitivo, antes del verano. Aunque no se garantice el agua, los propietarios obtendrán la calificación de Suelos Aptos para Regadío en la ordenación territorial de competencia de la Junta.

El parlamentario onubense Manuel Andrés González ha sido el encargado de defender la modificación legislativa. Ha leído la carta de uno de los agricultores afectados, Francisco Palomo, que se define como "hijo, nieto y bisnieto de socialistas", que venía regando su finca hasta que en el año 2014 el plan de la Corona Forestal de Doñana le dejó fuera de aquella regularización. La tesis del PP es que quienes sean regularizados como regantes no podrán utilizar el acuífero. González ha tildado de "mentirosos" a quienes se oponen a la nueva ley con argumentos conservacionistas.

"No pensemos -ha defendido el parlamentario popular- que son grandes terratenientes, son pequeños agricultores, algunos de ellos con menos de una hectárea". Una de las dudas que la nueva ley no logrará resolver es el número de hectáreas que se van a regularizar, ni cuantos agricultores serán beneficiados. Será una oficina técnica la que analice caso por caso el historial de los afectados, de ahí la incertidumbre que aún existe sobre la superficie que se regularizará.

Más duro con los opositores ha sido el portavoz de Vox, Rafael Segovia, que ha llamado "malas personas" a quienes, según él, se alegran de que se cierren pozos sin pensar en las consecuencias sociales. Segovia ha defendido que la existencia del parque nacional y natural de Doñana condicionó el desarrollo económico de la comarca, que no pudo sumarse al boom turístico de otras zonas onubenses, pero que ha conseguido progresar gracias al cultivo de los frutos rojos. Al día de hoy, Huelva aporta el 90% de la producción española de éstos, y alrededor del 30% de la europea.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha advertido que la ley cuenta con la oposición de la Comisión Europea, cuya dirección general de Medio Ambiente ha recordado, además, al Gobierno central que hay una sentencia en contra de España en el Tribunal de Justicia de la unión Europea por este motivo.

Maribel Mora, de Adelante Andalucía, la de la jarra de arena, ha defendido que la ley de Vox y PP no resolverá los problemas de los agricultores. "Esta es una proposición de ley 'fake', porque viene cargada de mentiras y falsas promesas, todo ello con el objetivo de conseguir votos para las elecciones en pueblos del Condado", ha indicado. Mora ha negado que la iniciativa parta del consenso, puesto que el Consejo de Participación de Doñana se mostró en contra de la ampliación el pasado lunes.