El Parlamento paraliza la firma del contrato denunciado en la Fiscalía Anticorrupción

Sevilla/El Parlamento de Andalucía ha paralizado cautelarmente la formalización, mediante la firma, del contrato prestar “Servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte de la suite G-ONCE utilizados por el Parlamento de Andalucía” que personal técnico de la Cámara ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, según confirmó la propia institución.

Como adelantó este diario el pasado miércoles, este contrato recién adjudicado por la Mesa de Contratación de la Cámara había sido denunciado al entender los denunciantes que se ha utilizado injustificadamente la figura de la adjudicación directa mediante un proceso negociado sin publicidad a la empresa tecnológica sevillana Guadaltel SA, dado que el software usado es de licencia libre.

La denuncia es, en realidad, la ampliación de otra presentada en diciembre de 2022, por supuestos incumplimientos de varios contratos anteriores que dan lugar a la contratación que ahora se impugna. Esa denuncia inicial, de hecho, anticipaba, lo que se pone en conocimiento del Ministerio Público en la ampliación: que al no haberse entregado, según la versión de los denunciantes, el código fuente del software que libre licenciamiento, se creaba una dependencia tecnológica al Parlamento de Andalucía que condicionada la contratación con una única empresa.

Al jefe de Servicio de Informática del Parlamento se le denuncia porque firma una memoria justificativa del expediente de contratación que sostiene que debe usarse el procedimiento negociado sin publicidad, pese a que al principio de la misma señala que el software cumple los requisitos EUPL (European Union Public License), porque la empresa contratada “es la única que posee el código fuente actualizado de las versiones específicas del Parlamento y que da soporte a las mismas”.

Según la versión de la institución, “ante las informaciones recibidas” por parte de uno de los denunciantes, “la Secretaría General del Parlamento decidió no formalizar de momento el contrato, como medida cautelar en espera de posibles actuaciones de la Fiscalía”, precisa el Palmento que aclara que esa paralización cautelar no se adopta “por tener ninguna duda acerca del procedimiento ni de la honorabilidad de las actuaciones de los funcionarios implicados en la tramitación del expediente”.

En la reunión de la Mesa del Parlamento, el letrado mayor trasladó esta decisión y el órgano de gobierno de la institución “mostró su conformidad con la misma”. Respecto de la petición de protección que ha hecho un denunciante, “la Mesa acordó no efectuar pronunciamiento en este momento sobre las solicitudes que contiene”.