El Parlamento mantiene su negativa a aclarar la subida de las dietas

El Parlamento de Andalucía, presidido por el socialista Manuel Gracia, mantiene su negativa a facilitar las actas de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces donde supuestamente se acordó la subida de las dietas para el presidente y tres de los portavoces adjuntos. Ante la información publicada ayer por esta redacción en la que se informaba de esta negativa a facilitar las actas, Manuel Gracia informó a primera hora de la mañana a los portavoces parlamentarios de que pedirá un informe jurídico para conocer si estas actas son públicas o no, lo que retrasará meses este conocimiento, de producirse. Más de ocho horas después de esos contactos y tras una intensa jornada de reuniones, el Parlamento emitió una nota "aclaratoria" en la que informó de que la Mesa de la Cámara (reunida esa mañana) "ha encomendado un informe a los servicios jurídicos que establezca los criterios adecuados ante la cuestión planteada".

La nota se centra en otra de las informaciones (el borrado de las grabaciones de la Junta de Portavoces desde 1983 tras tener conocimiento de su existencia pública) y rectifica lo trasladado un día antes: ya no se eliminarán porque estas reuniones son secretas, sino que solamente se protegerán para que no sean accesibles para ciudadanos y medios de comunicación.

La misma nota del Parlamento afirma que "las actas de las sesiones de la Junta de Portavoces no tienen carácter público" y se atiene a "las normas de nuestro Reglamento". El Parlamento (y sus servicios jurídicos) no motivan la negativa en ningún artículo de este Reglamento. Esta redacción se acogió al artículo 65 (son secretas las sesiones y trabajos de la comisión del Estatuto de los Diputados y las comisiones de investigación) y al artículo 66, que establece que "la Mesa de la Cámara adoptará las medidas adecuadas en cada caso para facilitar a los medios de comunicación social la información sobre las actividades de los distintos órganos del Parlamento".

Esta redacción también solicitó tener acceso a la grabación de la Junta de Portavoces tras tener constancia de su existencia (bobinas y casetes desde 1983 a 2005 y en adelante DVD, almacenadas en la biblioteca y "prestables" según recoge la página web). Preguntó además por qué no existen documentos este año. Sobre este último aspecto no hubo contestación.

El Parlamento negó la mayor y aseguró en la nota que "no ha borrado, ni ha tenido nunca intención de borrar o destruir las grabaciones de ninguna sesión parlamentaria, ni tampoco de las sesiones de portavoces". Añadió que los servicios jurídicos no han ordenado, en ningún caso, que se retire ningún vídeo ni que se hagan inaccesibles. No obstante, subrayan que "las grabaciones constituyen tradicionalmente un instrumento de trabajo de los servicios de la Cámara, por lo que nunca han sido catalogables ni, por tanto, están a disposición pública". "Estas grabaciones están sólo a disposición de los servicios de publicaciones de la Cámara y no al público en general". Estudiarán cambiar la calificación de "prestable".

El acceso a las actas y a las grabaciones, aplazadas a un futuro dictamen de los servicios jurídicos, suponen a juicio de esta redacción un elemento más para construir el relato de cómo se gestó la subida de las dietas del presidente del Parlamento y tres secretarios adjuntos de cada grupo parlamentario (PSOE, PP e IU), sólo rectificada tras la publicación de la noticia.

Esta subida de las dietas no contó con un informe jurídico previo, según confirmaron las mismas fuentes oficiales, aunque ahora sí se requieran para la publicidad de las actas y las grabaciones.

Hay otros aspectos cuyas respuestas siguen pareciendo insuficientes. Ninguno de los portavoces o el presidente han aclarado de quién partió la iniciativa. La semana pasada los portavoces de los grupos no recordaban haber tratado este tema en la Junta de Portavoces. Ayer se conoció, dos semanas después de la polémica, que la Junta de Portavoces no debatió esta subida, sino que sólo la ratificó.

José Antonio Castro, portavoz de IU, explicó a preguntas de los periodistas en rueda de prensa que esta subida se originó en una reunión informal (como dijo la semana pasada) y aportó como novedad que se ratificó en la Junta de Portavoces tras un "trámite de audiencia" del presidente con los portavoces, una costumbre parlamentaria válida y que cuenta con el aval de los servicios jurídicos, dijo Castro.

La Junta de Portavoces está abierta a los medios de comunicación (y ayer los portavoces se vanagloriaron de ello, la única en España), pero en ésa concreta se desconoce cómo se presentó esta subida, porque no hubo debate, ya que procedía de un acuerdo anterior. Por eso la subida pudo pasar oculta sin conocimiento de los medios (pese a que tuvieron acceso) con una presentación rápida y farragosa. Por eso es necesario aclarar cómo se produjo y tener acceso a una documentación que, sin embargo, se mantendrá oculta.

La Junta se inhibe y se remite a la autonomía de la Cámara

La futura Ley de Transparencia que elabora el Gobierno andaluz limitará su ámbito de aplicación a la parte administrativa del Parlamento "por respeto al legislativo", según reiteró ayer la consejera de Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En declaraciones a los periodistas, tras inaugurar en Córdoba las jornadas provinciales sobre Transparencia Pública en Andalucía, Díaz insistió en que durante la elaboración de la ley ha defendido que hay que ser "respetuosos con la autonomía que tiene el legislativo y el Parlamento de Andalucía". De esta manera, el ámbito de aplicación de esta norma respecto al Parlamento "es la parte administrativa" ya que no se puede "invadir el legislativo", si bien aseguró que "hay voluntad para abrir un tiempo de transparencia". Esta norma sí que entrará en el ámbito local y, a diferencia del proyecto del Gobierno nacional, incluirá a las empresas públicas, locales y autonómicas. No obstante, respecto a cuestiones internas de la Cámara andaluza, Díaz señaló que "hay que preguntarle a la Cámara", ya que como consejera prefiere ser "respetuosa" al formar "parte del Ejecutivo", aunque cree que "no sería conveniente entrar a valorar la actuación del Parlamento andaluz". Respecto a la tramitación de la norma, Díaz ha anunciado que ayer se publicó en el BOJA la apertura del procedimiento de información pública por el que los ciudadanos "van a tener el plazo de un mes para hacer cuantas alegaciones consideren oportunas al trámite y desarrollo de la misma". "Tenemos una oportunidad en un momento de dificultad, de descrédito de los ciudadanos en la política, de recuperar esa confianza e iniciar un camino de cultura de la transparencia en las instituciones y en todos aquellos que reciban recursos públicos", argumentó la consejera.

Los portavoces de PSOE e IU hablan a primera hora con Gracia

Tras la publicación ayer por parte de esta redacción de la intención del Parlamento de eliminar las grabaciones de la Junta de Portavoces desde 1983 (según informaron fuentes oficiales del Parlamento tras la consulta a los letrados de la Cámara advertidos de la existencia pública de estos archivos), los portavoces de IU y PSOE contactaron con el presidente de la Cámara, Manuel Gracia. Así lo desveló a los periodistas el primero en ofrecer explicaciones en las habituales comparecencias de los miércoles en el Parlamento, el portavoz de IU, José Antonio Castro. Castro aseguró que IU "no daría un paso atrás" en cuanto a la conservación de estos documentos y señaló que Gracia le había comunicado que ésa no era una decisión firme del Parlamento. Sobre las actas, Castro dijo que Gracia le indicó que no habría ningún tipo de "problema para dar las certificaciones de las actas de los puntos" que soliciten los medios de comunicación, aunque luego en la nota aclaratoria del Parlamento no hubo alusión a ello. No obstante, las certificaciones de las actas poco pueden aclarar. Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Álvarez de la Chica, estimó que en el caso del Parlamento andaluz puede abrirse ese debate sobre la publicación de las actas, pero que se requieren fundamentos jurídicos y lo que, al amparo de la legislación vigente, decidan los servicios jurídicos al respecto.