El Parlamento aprobará investigar los ERE con la duda de si comparece Griñán

Después de 17 años sin una comisión de investigación y de que en la legislatura pasada se rechazara en una decena de ocasiones, en el Pleno de la próxima semana el Parlamento aprobará que se investigue el caso de los ERE. Los tres grupos así lo acordaron ayer en Junta de Portavoces, aunque el PSOE llega forzado por el pacto de gobierno con IU, en el que figuraba como cláusula esa comisión a la que se había resistido parapetado en su mayoría absoluta -se justificaba en evitar que contaminara la campaña electoral-. Ahora que no la tiene, tendrá que lidiar con su socio para ver si logra esquivar la comparecencia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Porque IU asegura que no tiene líneas rojas para pedir comparecencias, el PP ya se sabe que la pedirá, y los socialistas son los únicos que la rechazan de entrada, aunque el propio afectado diga no tener inconveniente, siempre que se lo demanden los grupos parlamentarios.

Así volvió a explicarlo ayer el presidente andaluz, aunque con un matiz nuevo:"Todo aquél que sea convocado por el Parlamento tiene que comparecer, pero eso es decisión del Parlamento no mía", al tiempo que rechazó presentarse de manera voluntaria. "Ése no es procedimiento y no funciona así", explicó y precisó que "cuando se crea la comisión los propios grupos deciden las comparecencias".

Los argumentos que el PSOE maneja para impedir que se enfrente a un interrogatorio es que "no hay motivos". Y no los hay, porque en el año 2001, cuando se estableció el procedimiento que regulaba la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas, éste "era diputado en el Congreso", y por tanto, "no tiene conocimiento", como alegó el portavoz del Grupo Parlamentario socialista, Mario Jiménez, cincunscribiendo las comparecencias a quienes "de verdad" estuvieran vinculados o conocieran ese proceso. Y dentro de ese grupo podrían estar, según el PSOE, el presidente del PP-A, Javier Arenas, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, por su vínculo con las ayudas concedidas por ese sistema en la Faja Pirítica de Huelva siendo ministro de Trabajo, el primero, y el segundo, delegado del Gobierno en Andalucía. Una circunstancia que hace que los socialistas empiecen a barajar que sean estos quienes comparezcan en la Cámara.

Quien sí está dispuesto a hacerlo, si se lo requiere el Parlamento, es el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que apuntó a que hay un "error" en el punto de partida de la investigación de la Guarcia Civil: "el Consejo de Gobierno y yo como presidente, en ningún momento, nunca, nunca, ni amparó ni conoció ninguna irregularidad".

La clave de si Chaves y, sobre todo, Griñán acaban dando la cara o no en el Parlamento está en IU. Tendrán que entrar en juego los negociadores, porque la coalición de izquierdas, como expuso su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, tiene una postura clara: no descarta ninguna comparecencia, al tener la "convicción de que hay responsabilidades políticas y administrativas" por depurar, no quiere tener "cotos" de tiempo -no ven serio que se zanjara a finales de julio como quiere el PSOE-y, sobre todo, quiere quedarse al margen del "pim, pam, pum" de PSOE y PP.

Ante esta posición, los populares ven un posible aliado y quieren llevarle a su terreno. La estrategia es colocar a la coalición en un dilema: ser particípe del juego por "descafeinar" la comisión, lo que le haría en "tapadera" del PSOE, o plantarse ante sus responsabilidades.