El Parlamento borrará archivos "grabados por error" desde 1983

El Parlamento de Andalucía borrará todas las grabaciones realizadas de la Junta de Portavoces en los últimos 30 años una vez que ha advertido que son accesibles para los ciudadanos y al entender no sólo que no deben facilitarse, sino que nunca se deberían haber grabado. Este material (bobinas y casetes) está disponible en los servicios de documentación del Parlamento y puede solicitarse su consulta a través de una referencia bibliográfica en la web. Se trata de 563 archivos de las sesiones de la Junta de Portavoces que cada dos semanas se celebran en el Parlamento andaluz. La primera corresponde al 16 de marzo de 1983 y es un archivo de audio, como los siguientes hasta el 22 de junio de 2005, cuando se almacenan estas sesiones como archivos audiovisuales y así hasta la última grabada el 12 de diciembre del pasado 2012.

Al no haber constancia de vídeos desde principios de este año, esta redacción pidió consultar la grabación de la Junta de Portavoces del 20 marzo donde supuestamente se acordó la subida de las dietas (posteriormente rectificada), aunque ninguno de los portavoces de los grupos parlamentarios (PP, PSOE e IU) recuerdan que se abordase esa cuestión.

Fuentes oficiales del Parlamento andaluz negaron en primer término que hubiera grabación de esas reuniones y, advertidos de que sí constan en la biblioteca del Parlamento anteriores a esa fecha, anunciaron que los servicios jurídicos del Parlamento han resuelto a la mayor brevedad borrar esos documentos desde 1983 alegando que en ningún caso deben ser públicos. "Ha sido un error y se borrarán. Esas reuniones no tendrían por qué estar grabadas", expusieron. ¿Un error desde hace 30 años?, preguntó esta redacción. "Nadie se había interesado antes. No teníamos constancia de que existieran", añadieron. Así que, una vez advertidos, los responsables del Parlamento han decidido que estos archivos deben ser destruidos, según comunicaron ayer fuentes oficiales del Gabinete de Prensa del Parlamento.

De ejecutarse esta decisión sólo quedaría como prueba de esas sesiones el acta escrita de las reuniones que, según entienden también los letrados de la Cámara, no pueden ser públicas. Se da la circunstancia sin embargo que los medios de comunicación sí pueden acceder in situ a las sesiones de la Junta de Portavoces. Pero sin embargo no pueden tener acceso a las actas de las mismas ni, a partir de ahora, a las grabaciones de estas sesiones, ya que no se realizarán.

El Parlamento también niega el acceso al acta de la Mesa del Parlamento, el otro órgano donde supuestamente se acordó la subida de las dietas el 20 de marzo. Las mismas fuentes subrayan que estas actas pertenecen a los miembros de cada órgano (es decir, las actas de la Junta de Portavoces pueden ser solicitadas por los grupos parlamentarios), por lo que los diputados sí podrían tener acceso a los acontecimientos que se produjeron en estas reuniones.

Sin embargo, no consta hasta el momento interés por parte de ninguno de los grupos por solicitar estas actas y aclarar cómo se orquestó el pasado 20 de marzo la polémica subida de las dietas para el presidente de la Cámara, Manuel Gracia, y los secretarios adjuntos de cada grupo.

En el caso del presidente de la Cámara se elevó la dieta de alojamiento y manutención de 500 a 600 euros semanales (400 euros más al mes), en 1.200 euros mensuales más para los secretarios de PSOE y PP (José Muñoz y Rafael Salas) y en 920 euros para la diputada de IU Alba Doblas. Esta subida no fue publicitada por ningún instrumento del Parlamento y fue advertida por esta redacción al comparar el régimen económico de los diputados con la aprobada a principios de año (en la web fue suplantado un documento por otro). A las pocas horas el propio Gracia anunció que se revocaría esta decisión, lo que finalmente aprobó la semana pasada la Mesa del Parlamento.

Desde algunos sectores consultados por esta redacción se ha destacado la sorpresiva reacción del presidente del Parlamento (que fue respaldada por los grupos) de anular la medida si entendía que este aumento era necesario para hacer frente a otros gastos. Gracia justificó esa subida de su dieta en el "uso menos intensivo" que hace del coche oficial para compensar los desplazamientos con su automóvil particular. Estos mismos sectores subrayan que, si constaba un informe jurídico de los letrados del Parlamento, la medida, pese a la reacción social provocada, podría haber sido defendida. Pero según confirmaron fuentes del Parlamento, no hay constancia oficial de que se solicitase un informe jurídico a los letrados.

Esta circunstancia, más la negativa a que se puedan consultar las actas, aumenta la opacidad de la institución y de lo que pasó verdaderamente el 20 de marzo, que tampoco supieron aclarar la semana pasada en rueda de prensa el presidente de la Cámara (que dijo que la iniciativa fue de los portavoces) y los representantes de los grupos.

El primer comunicado del Parlamento anotó que este acuerdo fue avalado tanto por la Mesa como por la Junta de Portavoces, aunque no se facilite prueba. No obstante, IU, que atribuyó al PP la iniciativa y luego se desdijo, apuntó que todo se originó en una reunión informal. Estas incógnitas siguen sin despejarse.