El Parlamento no agota su crédito

Sevilla/El Parlamento de Andalucía dispone del segundo mayor presupuesto de todas las cámaras autonómicas. En 2016, contó con una asignación de 39,9 millones de euros en las cuentas de la Junta de Andalucía, aunque finalmente se gastaron 34,3 millones. Sólo el Parlament catalán superó esta cifra, y de largo, pues manejó un total de 51,9 millones. A continuación se situaron el Parlamento del País Vasco, con 33,1 millones de euros, y el de Madrid (28,3 millones). En total, las comunidades autónomas destinaron algo más de 330 millones de euros al sostenimiento de sus 17 parlamentos, según los datos recogidos anualmente por la plataforma Convivencia Cívica Catalana, surgida en 1998 contra la política lingüística de la Generalitat y que se postula en contra del soberanismo.

Las tornas varían al usar términos proporcionales. El Parlamento andaluz es el que tiene el menor coste por habitante -4,09 euros por andaluz, frente a una cantidad de 20,14 euros por navarro, en el otro extremo-, según los datos facilitados por la Cámara regional a través del Portal de la Transparencia. Además, es el que requiere un mayor número de habitantes por diputado de toda España -76.955 por cada uno de sus 109 escaños frente a los 9.569 por parlamentario riojano-. También es el que supone porcentualmente un menor coste en comparación con los presupuestos de su comunidad -un 0,11% frente al 0,38% de la cámara de La Rioja.

La asignación presupuestaria del Parlamento ha descendido un 15,8% desde los 47,4 millones consignados en 2009. Pero lo cierto es que la Cámara ha dejado cada año sin ejecutar una media del 20% de su dotación inicial. En los últimos cinco años, el gasto efectivamente realizado se encuentra congelado en torno a 34 millones de euros y acumula un descenso del 13,3% respecto a 2007.

"Esta diferencia -entre el crédito presupuestado y el ejecutado- tiene relevancia en el Parlamento de Andalucía", señala la institución, que destaca que el dinero no gastado se reintegra a la Tesorería de la Junta, mientras que las Cortes Generales y el resto de asambleas regionales lo atesoran "en cuenta corriente como fondos de maniobra propios destinados a satisfacer necesidades peculiares, imprevistas o urgentes".

En cuanto a las medidas de austeridad, la institución insiste en que las retribuciones de los empleados y de los diputados están prácticamente congeladas desde 2010. "Estos últimos han llegado a perder desde el inicio de la crisis, en términos reales, entre un 22% y un 30% de sus retribuciones, según los casos", asegura.

Otro tanto ocurre con el capítulo II, relativo a los gastos de funcionamiento de la institución, "reducidos más de un 20% desde entonces". "El resto de los capítulos presupuestarios apenas ha tenido variación", señala la institución.

El informe de Convivencia Cívica Ciudadana recoge que las subvenciones a los grupos parlamentarios de las cámaras autonómicas absorbieron un total de 65,7 millones. La plataforma critica que Cataluña ocupa "significativamente" el primer lugar en este apartado, con 15,8 millones, lo que supone en su opinión un método de "financiación encubierta" de los partidos catalanes. A continuación se sitúan los 10,5 millones que reciben los grupos parlamentarios de la Cámara andaluza, cifra superior a los 9,3 millones que fueron asignados a los grupos del Congreso de los Diputados.

El Parlamento matiza que en Andalucía "no existe financiación específica de la comunidad autónoma a los partidos políticos con representación parlamentaria como, sin embargo, ocurre con otras cámaras, y singularmente con el Congreso de los Diputados y Senado". Esto significa que el importe de la subvención a los grupos "está en directa relación con la previsión que la propia Ley de Partidos realiza de que los grupos parlamentarios puedan realizar aportaciones a los partidos". Se explicaría así la baja cifra de la subvención de las Cortes Generales, ya que los partidos pueden acceder a otras fuentes de financiación.

Los grupos parlamentarios reciben una subvención fija idéntica -29.588 euros mensuales desde 2008- y otra variable en función del número de diputados. Asimismo, los grupos obtienen otra aportación adicional, también directa, destinada a gastos de personal. La Mesa del Parlamento aprobó el pasado miércoles la distribución de las asignaciones para 2017, cuyo importe se mantiene congelado en 10,5 millones. "La subvención que ha venido presupuestándose año tras año prácticamente ha permanecido inalterada. Eso significa que en la presente legislatura, al existir dos grupos más que en la pasada, la financiación por diputado ha disminuido", señala el Parlamento.

Desde Podemos se incide en "la falta de fiscalización del uso que hacen los grupos de las subvenciones. Tampoco existe un proceso de comprobación del gasto de las dietas de los diputados", señala el parlamentario David Moscoso, quien critica que "es uno de los parlamentos que menos legisla de España". Precisamente, la formación morada presentó en abril del año pasado un proposición no de ley en la que reclamaba la exigencia de justificantes de "los gastos reales de desplazamiento y alojamiento" y que se excluyeran las ayudas e indemnizaciones correspondientes a los meses de enero y agosto, en los que no hay actividad parlamentaria. Moscoso insiste en que "el Parlamento es el único órgano de la Junta sin intervención económica". "Y tampoco entendemos que el gasto del gabinete de la Presidencia haya aumentado un 300% y sea el más alto de todos los parlamentos autonómicos, con once personas a su cargo", sostiene el parlamentario de Podemos.

Izquierda Unida tiene una diferente percepción. "La gestión económica del Parlamento es bastante buena. Creo que tiene uno de los salarios más racionales", señala el parlamentario José Antonio Castro, quien recuerda que las dietas son proporcionales a la distancia recorrida. Además, apunta que el mantenimiento del Hospital de las Cinco Llagas, un edificio catalogado del siglo XVI, se sufraga a cargo del presupuesto de la Cámara por convenio con el Ayuntamiento de Sevilla. Precisamente, el principal incremento del presupuesto de 2016 se registró en el apartado de inversiones reales, que alcanzó un montante de 1,5 millones por las obras de rehabilitación del salón de plenos.

El debate sobre el esfuerzo que supone el sostenimiento de las cámaras autonómicas ha prendido en otras regiones, donde se han llegado a adoptar medidas drásticas con un incierto resultado. Es el caso de Castilla-La Mancha, donde el Gobierno del Partido Popular acometió una reforma de su asamblea en la pasada legislatura que supuso la supresión de 16 de sus 49 escaños. El Ejecutivo presidido entonces por María Dolores de Cospedal también modificó el régimen de los diputados, que, en vez de recibir una retribución fija, pasaron a cobrar por dietas sin dedicación exclusiva, al igual que los procuradores de Castilla y León.

Para Xavier Coller, catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, medidas de este calado implican "un incremento del amateurismo y fomentan que sólo se dediquen a la política quienes tienen dinero. El riesgo de los parlamentos baratos es el crecimiento de la desigualdad entre ciudadanos y grandes empresas y grupos de presión, lo que favorece la plutocracia", sostiene Coller. "A la hora de legislar, un parlamentario que cobre poco, sin recursos y sin capacidad de contar con asesores, es más fácil que se pliegue al texto redactado que le presente un lobby que cuenta con veinte abogados a su disposición", expone a modo de ejemplo.

Xavier Coller defiende la asignación fija y la dedicación exclusiva de los diputados, y subraya el "desconocimiento" sobre su labor. "Hay que cuidar a los parlamentarios. Para el tipo de representación que desempeñan, cobran poco en comparación con países de nuestro entorno", señala el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, quien reconoce que su planteamiento es "impopular".

La reducción del número de parlamentarios también puede tener efectos secundarios en la representatividad de la cámara, ya que eleva el número de votos necesarios para lograr representación. Coller señala que el Parlamento andaluz ya tiene un número de escaños "ajustado". Pese a que Andalucía es la comunidad más poblada, Cataluña y Madrid cuentan con mayor número de diputados, -135 y 129, respectivamente- y la Comunidad valenciana tiene apenas diez parlamentarios menos pese a que su población es un 40% inferior a la andaluza.