El decreto estrella de la Junta se cambia, otra vez, en el Parlamento

Parece un galimatías y lo peor es que quizás lo sea. Porque cuando un decreto que pretende una simplificación administrativa tiene más de seiscientas páginas y ya va por la segunda rectificación en el Parlamento autonómico es que algo ha fallado.

El Gobierno andaluz lleva al pleno que se inicia esta tarde un nuevo cambio de calado de su decreto estrella, el llamado Plan Andalucía Simplifica, que es uno de los principales objetivos políticos del mandato de Juanma Moreno. La propuesta del Ejecutivo es clara: hay demasiada burocracia que frena las inversiones empresariales en Andalucía y también que aleja a los ciudadanos de la administración, lo que la hace menos ágil y eficaz. Para lograr la renovación del carné de familia numerosa, o de la prestación por dependencia por poner dos ejemplos ciudadanos, los andaluces deben presentar toda la documentación que acredita ese derecho del que ya disfrutaban.

En el mes de febrero, el Consejo de Gobierno aprobó el macrodecreto que incluía 450 medidas de simplificación, cambiaba 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes. Y lo hacía todo de una tacada levantando las iras de toda la oposición, desde Vox hasta Adelante Andalucía pasando por el PSOE y Por Andalucía, que pedían una ley ómnibus con sus correspondientes controles políticos y trámites (más trámites otra vez) parlamentarios.

La mayoría absoluta del Gobierno de Juanma Moreno permitió la aprobación de este decreto que los portavoces del Ejecutivo venden con múltiples bondades. Pero el proyecto estrella se ha enredado precisamente en la burocracia.

El pasado 22 de abril, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, BOJA, publicaba la primera gran modificación de este Plan Andalucía Simplifica. Y luego se ratificaba en el Parlamento, amplificando las críticas al Gobierno andaluz y sembrando las dudas sobre la seguridad jurídica en unas normas que el Ejecutivo considera claves y que no paran de modificarse.

Esta misma historia se repite otra vez este martes. De nuevo en el Parlamento andaluz y de nuevo ante las críticas de la oposición que se ve fuera del debate de normas que tienen repercusión importante en la vida de los ciudadanos y en la gestión económica de las empresas. El pasado día 24, el BOJA volvía a publicar el cambio de 30 artículos de ocho leyes que hoy serán convalidados en la Cámara andaluza con lo que entrarán en vigor de manera inmediata... siempre y cuando no se cambien otra vez.

Corrección de errores

Desde el Gobierno andaluz se defiende que se trata de errores gramaticales o de redacción y que, al tratarse de tantas normas y leyes, entra dentro de lo lógico. La oposición no lo ve igual, entiende que se están modificando normas sin transparencia ni participación.

Lo cierto es que el decreto que este martes se va a ratificar en el Parlamento cambia, entre otras cosas, las retribuciones de los funcionarios andaluces que incrementan sus complementos: a la carrera profesional, al nivel competencial, al puesto que desempeñan vinculado a una evaluación positiva, además de regular las gratificaciones por servicios extraordinarios o complementos personales.

Las víctimas del terrorismo quedan exentas del pago de tasas académicas y podrán contar con ayudas para sufragar gastos de material, atención socioeducativa o gastos de matrícula posgrado.

Otro de los cambios que se aprobarán hoy afecta a la revisión excepcional de precios en las obras públicas. A partir de ahora, se reconocerá una revisión del precio cuando el incremento del coste de los materiales haya tenido un impacto directo y relevante en la economía del contrato desde que se firma hasta la certificación final.

También hay cambios en los plazos que la administración autonómica tiene para presentar informes y dictámenes sectoriales. A partir de ahora, la Junta tendrá que responder a los interesados en diez días, salvo que las normas estatales o de la UE establezcan expresamente otro plazo.

El Registro de Parejas de Hecho podrá presentarse ante los ayuntamientos o las delegaciones territoriales de la consejería competente, en este caso Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que será quien emita el dictamen correspondiente en un plazo máximo de tres meses. El libro de Registro sí se custodiará en los municipios.