El Parlamento decide si el Pleno abordará los ERE de forma "urgente"

La imputación de 20 altos cargos y ex altos cargos de la Junta por parte de la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE fraudulentos, entre ellos a Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda entre 1994 y 2004; y el actual número dos de la Consejería de Presidencia, Antonio Lozano (director general de presupuesto entre 2002 y 2009 ), puede trastocar el plácido calendario de la Cámara andaluza para este mes. Según figura en la web del Parlamento, esta semana la actividad parlamentaria se ciñe al grupo de trabajo de la creación del instituto público de crédito andaluz, convocado mañana.

Por tanto, será la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía la que decidirá esta semana -previsiblemente el jueves 11- si convoca otro Pleno este mes, aparte del que se celebrará el día 17, para abordar de "forma urgente", como reclama el PP andaluz, el caso de los ERE.

El pasado viernes la Cámara, tras la propuesta presentada por los populares andaluces, remitió a esta nueva semana para dilucidar si hay lugar o no a este otro Pleno estival, ya que, según explicó el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, en declaraciones a Europa Press, el registro de la solicitud del PP tenía una fecha "posterior" a cuando se fijó el orden del día de la Diputación Permanente del día 5, por lo que la valoración de este asunto se retrasaba unos días más.

Para el PP andaluz, la celebración de este segundo Pleno en julio es necesario en tanto en cuanto el último auto de la juez Alaya "siempre apunta a la responsabilidad del Gobierno y a que eran los consejeros los que estaban en toda la trama". Todo se hacía con su consentimiento y bajo su responsabilidad", insistió el viernes Carlos Rojas, portavoz del Grupo Popular. Con todo, dijo que quien tendría que haber solicitado este Pleno debería haber sido el propio Ejecutivo andaluz pero que, ya que no lo ha hecho, "lo menos que puede hacer es aprobar" la propuesta del PP. Si no, dice, estarían poniendo en evidencia ante los andaluces que "tienen miedo" a comparecer y a decir "lo que saben" de este caso de "corrupción generalizada" en la Junta de Andalucía.

Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Francisco Álvarez de la Chica, señaló que, según su "modesta" interpretación del reglamento de la Cámara, la solicitud del PP no está "en plazo" y atribuyó la petición de los populares a que "no tienen otros elementos de debate que no sea seguir hablando de este asunto". En ese sentido, consideró "molesto e inadmisible ya que el PP que tantas cautelas y protección da para que en las Cortes no se pueda hablar de Bárcenas o de Mato, aquí en Andalucía nos encontremos con que, cada dos por tres, después de haber comparecido el presidente, los grupos y se haya celebrado hasta una comisión de investigación, esté deseando volver a lo mismo". "Hay cosas mucho más importantes en Andalucía que la agenda del PP", dijo.

En el marco de este caso, el ex director general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera ha demandado al popular Carlos Rojas, por 36.000 euros a cuenta de unas declaraciones. El popular "se preguntó si la recolocación como directivo en una empresa pública de la Junta" -el Hospital de Poniente de Almería- de Rivera, imputado en los ERE, "es en agradecimiento a los servicios prestados a los señores Griñán y Chaves o una moneda de cambio a su silencio".