Eurodiputados analizarán sobre el terreno el almacén de gas de Doñana

El Parlamento Europeo analizará sobre el terreno el Parque Nacional de Doñana para conocer el posible impacto que tendría el almacén de gas que la empresa Gas Natural Fenosa proyecta en el espacio natural. Será en septiembre u octubre cuando una misión formada por varios eurodiputados acuda a Huelva como resultado de una solicitud iniciada por IU en 2013 en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que este miércoles se reunió en Bruselas para abordar el asunto. En la reunión intervinieron el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, y ambos coincidieron en la necesidad de paralizar el proyecto.

El debate de este miércoles responde a una petición más antigua, la que formuló el biólogo Javier Castroviejo en 2009 sobre "el estado de deterioro" de Doñana. Sin embargo, la protección del espacio natural adquirió mayor relevancia cuando organizaciones ecologistas e IU alzaron la voz, hace ya casi un lustro, por la iniciativa de la compañía energética.

"No se han evaluado los proyectos sísmicos ni el impacto sobre el acuífero", insistió Maíllo durante su intervención, que aprovechó para solicitar a la Eurocámara que inste al Gobierno a paralizar el proyecto. En esa misma idea abundó Maeztu, quien aludió a los informes del Instituto Geológico Minero de España. La Junta también se ha sumado a las críticas, pese a que la Administración autonómica otorgó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a parte de la infraestructura gasística.

Siempre que tiene ocasión, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, recuerda que su departamento lo avaló porque Gas Natural lo presentó fraccionado en cuatro partes. La primera de ellas, Marismas Occidental, fue la aprobada por la Junta después de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero le diera el visto bueno. Fue el Gobierno del PP quien otorgó la Declaración de Impacto Ambiental al resto de subproyectos: Aznalcázar, Saladillo y Marismas Oriental.

La Junta cambió el paso y en enero de 2016 denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto Marismas Oriental. Con Fiscal a la cabeza, ahora busca la paralización y, en caso de que no hubiera marcha atrás, la Administración autonómica presentaría un recurso por la vía judicial que, en la actualidad, sigue en manos del gabinete jurídico de la Junta. Además, Fiscal ha hecho en varias ocasiones llamamientos a la reevaluación ambiental del proyecto de forma completa, como propusieron este miércoles en Bruselas Maíllo y Maeztu.

La acción judicial fue la solución que sugirió este miércoles el representante de la Oficina General de Medio Ambiente de la Comisión Europea durante el debate en el Parlamento de Bruselas. El portavoz del Ejecutivo comunitario reconoció que la presentación fragmentada del proyecto no vulnera la ley, pero animó a los que solicitan su paralización que acudan a los tribunales españoles. Por el contrario, reconoció que su institución ha puesto en marcha "una investigación de oficio", pero que la Comisión Europea no puede actuar porque ya hay activo un proceso judicial en el conflicto. No se refería al recurso anunciado por Fiscal, sino al otro que Gas Natural Fenosa interpuso por su paralización y por el cual reclama a la Junta 358 millones de euros en daños.

Las eurodiputadas socialistas Clara Aguilera y Soledad Cabezón, ambas andaluzas, defendieron la labor de la Junta y acusaron a la Comisión Europea de caer en una "dejación de funciones". Cabezón incluso anunció que enviará una carta al comisario de Medio Ambiente, el socialista maltés Karmenu Vella, para que solicite a España la paralización del proyecto. "La Comisión no tiene vergüenza", espetó la eurodiputada gallega Ana Miranda, del BNG, mientras que su compañero de Equo, Florent Marcellesi, recordó el proyecto Castor, una instalación similar a la ideada en Doñana que fue paralizada por riesgos sísmicos. En el mismo sentido se pronunciaron Paloma López, parlamentaria de IU, y Xabier Benito, de Podemos.

Sólo Carlos Iturgáiz, del PP, se desmarcó para defender la acción del Gobierno central y avalar el procedimiento de concesión de declaraciones de impacto ambiental al almacén de gas. Esta misma soledad se encontraron los populares europeos cuando, antes del debate, rechazaron la propuesta de poner en marcha una misión de investigación a Doñana.

Fue la presidenta de la comisión parlamentaria, la sueca Cecilia Wikström, quien anunció la visita de los eurodiputados a Andalucía, que también servirá para cumplimentar con la invitación realizada por parte de la Administración andaluza. "Pediremos más explicaciones a la Comisión Europea", dijo la eurodiputada del grupo liberal, que anunció que enviará sendas cartas a la Junta, para que pormenorice qué medidas ha puesto en marcha sobre el terreno, y al Gobierno central, para que informe sobre los riesgos sísmicos.