Pantoja elude entrar a la cárcel por el delito de blanqueo de capitales

Termina el calvario para la cantante Isabel Pantoja aunque no tan bien como ella habría deseado. El Tribunal Supremo confirmaba ayer para ella la condena a dos años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales investigado en una pieza separada del caso Malaya. No se reduce la condena, como pretendía su defensa, pero teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales lo cierto es que la artista no va a pisar la cárcel.

La buena noticia para ella es que no se aumentará la condena, como pedía la Fiscalía, que solicitaba para ella tres años, tres meses y un día de cárcel además de una multa de 2,2 millones de euros al entender que Pantoja cometió durante el tiempo que duró su relación con el ex alcalde, Julián Muñoz, un delito continuado de blanqueo de capitales.

La Sala de lo Penal del alto tribunal finalmente ha considerado que dicho blanqueo no fue continuado, al igual que en el caso de la ex mujer de Muñoz, Mayte Zaldívar, si bien en el caso de esta última la pena de cárcel impuesta es medio año superior al entenderse que el delito se mantuvo durante más tiempo.

Según el Supremo Pantoja era perfectamente conocedora de que el dinero que el ex alcalde ingresaba en sus cuentas y con el que compraron bienes como el apartamento del hotel Guadalpín o el chalet Mi Gitana "procedía de las actividades delictivas en las que se hallaba implicado su compañero sentimental". Conocimiento que el tribunal achaca a Pantoja debido a su "vínculo sentimental y convivencia diaria".

Respecto a los ingresos en efectivo que Pantoja realizó durante el tiempo que estuvo con Julián Muñoz la sala no pone en duda la capacidad de la artista de generar ingresos pero sí destaca como comparativamente el flujo de los mismos era bastante menor antes de estar con el ex alcalde marbellí. De este modo, los ingresos en efectivo de Pantoja entre 1996 y 2002 fueron de 272.000 euros mientras que en 2003, estando ya con Muñoz, las operaciones en metálico llegaron a alcanzar la cifra de los 293.000 euros. Es decir, "en un solo año los ingresos en efectivo en las cuentas privativas de la acusada Isabel Pantoja fueron superiores a los que se produjeron en total en los siete años anteriores".

Según el fallo, la acusada, en convivencia con Julián Muñoz, "convirtió en dinero lícito las importantes sumas que procedían de actos delictivos del acusado cometidos en el ejercicio de los cargos públicos que ocupó en el Ayuntamiento de Marbella".

Esta "conversión" consistió en que la artista puso a su nombre "bienes inmuebles, sociedades y algunos negocios de explotación ganadera que fueron adquiridos con el dinero ilícito de su compañero sentimental". Al margen del caso concreto de Isabel Pantoja la sentencia, que se hizo pública ayer, también hacía mención al resto de acusados en esta pieza separada del caso Malaya. Concretamente el alto tribunal ha reducido la pena de cárcel también para Muñoz de manera que se ha pasado de los siete años iniciales a seis años y medio. A pesar de que el ex alcalde no recurrió la condena en el momento en el que se dictó la misma, la sala ha hecho extensiva a su persona los efectos de la no apreciación de continuidad delictiva que se han aplicado tanto en el caso de Pantoja como en el de su ex mujer Mayte Zaldívar y el que fuera su cuñado, Jesús Zaldívar, cuya condena se ha quedado finalmente en dos años y medio de prisión.

Con el fallo del alto Tribunal Pantoja se puede dar por satisfecha al poner punto y final a sus maratonianas llegadas a los juzgados rodeada de nubes de cámaras que incluso llegaron a terminar con desmayo de la artista a su salida de la sede judicial de Marbella o regañetas del juez televisadas por utilizar el móvil durante el juicio.

Mientras tanto Marbella ve como se pasa página a uno de los muchos capítulos negros de la historia reciente que siguen empañando el nombre de una ciudad que aún mantiene muchos frentes abiertos en los tribunales con causas heredadas de 15 años de gobierno del GIL y de sus derivados hasta que se procedió a la disolución histórica de la corporación.