El PSOE ve riesgo para la educación y la sanidad en la política de déficit del PP

La guerra del déficit abierta entre PSOE y PP, y que han elevado a la categoría de debate sobre el modelo social y autonómico, se está convirtiendo en uno de los ejes de esta precampaña electoral. En un acto organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias, ambos partidos condicionaron ayer la salida de la crisis a la política de contención del déficit con posiciones diametralmente opuestas. Los socialistas ven que un nivel de déficit más restrictivo a las comunidades pondrá en riesgo la sanidad, la educación y las políticas sociales, mientras los populares consideran que la falta de crédito que asfixia a las empresas, y que propicia que haya más paro, responde a que el sistema financiero está copado por la deuda de las comunidades autónomas.

El PP, en este caso, ya tiene hecho su cálculo de cuánto es lo que al año se está gastando de más la Junta. Son unos 4.000 millones de euros al año, lo que se ha traducido en una deuda "galopante" de 24.000 millones. Y este fenómeno, unido a que por esa deuda no se paga a los proveedores, lleva a una situación de parálisis al tejido empresarial.

Esta teoría, desgranada en este coloquio por la candidata popular por Sevilla Alicia Martínez, tuvo su réplica en la voz de la número dos por esta provincia y secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz. La tesis socialista es que el problema no está en las comunidades. No son estas las que más gastan, si se tiene en cuenta que sobre ellas recae la responsabilidad de la educación, la sanidad y las políticas sociales, es decir, las partidas que mayor gasto generan. Es el Gobierno el culpable de ese déficit que está disparado respecto de las exigencias marcadas por la UE (debe estar en el 4,4% y es del 8,51%).

El otro punto de fricción estuvo en la reforma laboral. Donde los populares ven un instrumento generador de empleo al aliviar la carga que recae sobre los empresarios, los socialistas ven una "trituradora" de puestos de trabajo que además, va en detrimento de la concertación social, un instrumento que ha permitido en Andalucía el diseño de su política económica a tres bandas entre Junta, empresarios y sindicatos, y que con esta reforma también se pone en peligro.

En este coloquio también intervinieron representantes de IU y UPyD, Josefa Medrano y Carmen Sánchez, respectivamente, y la líder del PA, Pilar González, que también marcó el empleo como prioridad, ya que sin éste no se contendrá el déficit. Su propuesta pasa por un cambio de modelo productivo, al que ayudaría un plan de empleo con 40.000 millones transferidos desde el Gobierno para generar 380.000 nuevos puestos.