PSOE e IU pactan medidas urgentes en empleo e inserción social para este año

PSOE e IU tienen claro que en la situación de crisis actual requiere de respuestas rápidas y la prioridad, con más de un millón de parados, es el empleo. En el acuerdo programático que han cerrado ambas formaciones -tan sólo está a la espera del visto bueno definitivo y en referéndum de las bases de la coalición de izquierdas, que dará paso a un acuerdo de legislatura o a un gobierno de coalición- tienen ya activado un paquete de medidas urgentes para la creación de empleo e inserción social. El compromiso es firme, porque se marca su puesta en marcha para este mismo ejercicio y, tan es así, que se abordará su financiación en la "reordenación" de los Presupuestos andaluces de 2012 que se tiene que acometer de inmediato.

A caballo entre el empleo y la renta básica está la principal novedad: un plan integral de Inclusión Social. Este permitirá a los parados que hayan pasado de la exclusión laboral a la exclusión social la obtención de una renta en función de un contrato a tiempo parcial durante el año que durará su formación, que podrá incluir prácticas en empresas. Esa renta estará condicionada al aprovechamiento formativo y si pasado ese año, y mientras se perciben las prestaciones por desempleo, no ha habido inserción laboral se hará un seguimiento individualizado y un itinerario para su inserción definitiva en el mercado laboral. El programa precisa de la colaboración empresarial y se promoverán acuerdos para crear bolsas de trabajo o se canalizará a través de los programas de apoyo a emprendedores.

Este plan sería la antesala de esa ley de renta básica que lleva prometiendo dos legislaturas el PSOE y que defiende IU, pero que en el momento actual resulta a todas luces inviable económicamente. Lo que sí han pactado en este acuerdo para los próximos cuatro años -está condensado en 75 páginas donde se recogen once bloques de compromisos- es la creación de un grupo de trabajo, que revisará la legislación autonómica e internacional existente para ver cómo dar respuesta a este derecho recogido en el Estatuto andaluz.

Ya en materia de empleo puro y duro, no habrá grandes cambios en este paquete de medidas urgentes porque se va a dar continuidad a los programas heredados de la anterior legislatura como el plan de empleo forestal, el programa de empleo en la rehabilitación de viviendas y la reedición del plan de oportunidades laborales con intervenciones en colegios públicos, el que se vino a denominar plan OLA. Sí habrá novedades en el capítulo fiscal, porque se iniciará el estudio de medidas fiscales para la contratación de trabajadores autónomos y la economía social -deducción del 30% de la cuota autonómica del IRPF con un límite de 3.000 euros- y que se quiere activar ya para los ejercicios 2012 y 2013.

Estas primeras medidas urgentes por el empleo están concebidas como el germen de un "gran acuerdo por el empleo" que se planteará en un corto plazo y que dará pie a una Agencia Andaluza por el empleo -será refrendada por el Parlamento andaluz-, que forzará a la Junta a desplegar toda su capacidad de políticas activas, apoyo a autónomos y pymes y obligará a la reprogramación de los fondos europeos.

En esta clave de generar nuevos puestos de trabajo, se planteará la duplicación del peso de la economía social, hasta alcanzar el 16% de la actividad y el empleo en el horizonte de 2020 y la creación del Instituto Público de Crédito Andaluz. Esta última idea la abrazó el PSOE durante la campaña electoral, pero ya fue planteado con bastante anterioridad por IU bajo la fórmula de una banca pública. En este acuerdo a largo plazo, se concreta su primera línea de actuación en la activación de fondos reembolsables -préstamos, préstamos participativos, entradas en capital y avales- que estará dotados con 1.500 millones. Este ICO andaluz también ayudará a rebajar la necesidad de liquidez de las pymes con la creación de un sistema de compensación de deudas que permitirá a empresas para que compensen entre sí pagos y cobros recíprocos y a la vez, puedan hacer frente a las obligaciones impositivas con la Junta.

El resto de materias consideradas de urgencia pasan por la defensa de la autonomía ante las amenazas que se ciernen sobre el Estado de bienestar y el de las Autonomías, a raíz de las últimas políticas emprendidas desde el Gobierno central. PSOE e IU tienen claro que Andalucía deben constituir un frente ante la política del Ejecutivo de Rajoy, y articularán "respuestas políticas y jurídicas" en defensa del Estatuto andaluz, empezando porque los Presupuestos Generales del Estado de 2012 respeten su disposición adicional tercera, ya que ha sido vulnerada al no reservarse a Andalucía el 17,8% inversión estatal para infraesctructuras, sino rebajada hasta un 14,6%.

Esa pelea con el Ejecutivo de Mariano Rajoy será la más inmediata, pero en el acuerdo también han consensuado una defensa férrea de la educación y la sanidad pública ante la amenaza de recortes, advirtiendo su oposición a las ratios actuales alumno-profesor y al copago/repago sanitario que se plantea desde La Moncloa. Y en esta línea, también está previsto ofrecer resistencia a la supresión de medidas como la gratuidad de los libros escolares en la enseñanza obligatoria, que ya han sido suprimidas en otras comunidades gobernadas por el PP, o proteger las medidas de ahorro en la factura farmacéutica, como la subasta de medicamentos, que según la Junta supondrá un ahorro de 40 millones de euros, y que sin embargo, ha sido recurrida por el Gobierno central.

El último apartado de urgencia es la transparencia democrática, y el primer paso a dar es una reforma del Reglamento del Parlamento, en el que está previsto garantizar la creación de comisiones de investigación. Y la primera, como IU ya viene advirtiendo, será sobre el escándalo de los ERE, a lo que el PSOE ahora sí parece estar dispuesto, después de haberlo negado en más de una decena de ocasiones en la pasada legislatura, tanto a la coalición como al PP. Otro apartado importante, y que también lleva el sello de IU, es la reforma de la Ley Electoral para mejorar la proporcionalidad en la representación parlamentaria. Se verá a lo largo del segundo periodo de sesiones en un grupo de trabajo .