El PSOE lleva al Tribunal de Cuentas los contratos de emergencia del SAS con las clínicas privadas

El secretario general del PSOE, Juan Espadas, ha anunciado este jueves que denunciará ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas los contratos que la Consejería de Salud viene firmando con clínicas privadas desde enero de 2021. Buena parte de estos encargos se realizaron al amparo de un real decreto de medidas de emergencia a causa de la pandemia del Covid que se derogó en mayo de 2021. Entre esa fecha y la actual, Salud prorrogó los contratos por valor de 117 millones de euros. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, sostiene que ese gasto está autorizado y es legal, aunque el PSOE y los otros dos partidos de izquierdas del Parlamento, por Andalucía y Adelante Andalucía, han acusado a la Junta de encargar "a dedo" estos trabajos "al margen de la legalidad".

La sanidad pública ha sido el objeto de la sesión de control de este jueves. El Gobierno andaluz trata de hacer frente a las movilizaciones de los sindicatos y a las críticas de la oposición a dos días de que las mareas blancas se manifiesten este sábado por la situación de la Atención Primaria. Las críticas de las izquierdas son dos: la orden de tarificación de Salud que pone precio a los servicios que el SAS contratará con clínicas privadas y las contrataciones de emergencias.

Desde enero de 2021 a la actualidad, Salud ha prorrogado 79 contratos con distintas entidades privadas. Lo viene haciendo de acuerdo con una resolución del entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán -hoy viceconsejero de Salud-, que argumentaba el carácter de emergencia por un real decreto ley, el 7/2020, que se derogó el 9 de mayo de 2021. La excepcionalidad evita que los contratos se exhiban en concurso público o una figura similar. El montante de lo pagado es de 243 millones de euros, de los cuales 117 millones se hicieron después de la derogación.

El argumento que sigue empleando el SAS es que la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 120, permite esta vía de emergencia, siempre que esté justificada. Lo que Espadas critica, y ahora se verá en el Tribunal de Cuentas si la denuncia se admite, es si por la vía de las adendas y las prórrogas se puede extender esa excepcionalidad hasta el próximo mes de junio, que es cuando Salud ha anunciado que finalizarán los contratos.

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha asegurado en la sesión que la práctica "huele a los ERE". Para Espadas, son contratos "a dedo", "para beneficiar a quién sabe" y "al margen de la legalidad". "Es el caso Emergencias", ha llegado a sostener Espadas.

Juanma Moreno ha defendido la legalidad de los contratos y ha negado la privatización de la sanidad pública. "No existe", ha contestado. "Usted, va de la mentira al bulo y, cuidado, porque el bulo le termina reventando a quien lo lanza", ha comentado al respecto de la orden de tarificación del SAS.

La orden que la Consejería de Salud ha publicado sobre tarificación de servicios que el SAS contratará con empresas privadas pone precio a cada uno de ellos, pero es una privatización en sentido estricto, sino una externalización que hacen todas las comunidades autónomas. Sin embargo, lo que ha levantado mayores críticas es que, por primera vez, la Atención Primaria haya entrado en este posible canje comercial, así como que las empresas privadas puedan realizar sus encargos en las propias instalaciones del SAS.

Una corrección posterior de la orden circunscribe los contratos de Atención Primaria sólo para casos de catástrofe o de incapacidad del SAS ante una alta demanda. El Gobierno andaluz ha anunciado que también modificará los requisitos para el alquiler de instalaciones del SAS. Todos los grupos han solicitado a la Junta que retire esta orden.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha llegado a afear al presidente, Juanma Moreno, que haya inaugurado cuatro veces el Hospital Militar de Sevilla. "La construcción de un hospital se hace por fases, se inaugura por fases", ha contestado el presidente sobre las obras de este viejo hospital que su Gobierno rehabilitó para devolverle el uso por parte del SAS.