El PP sospecha ahora de la "financiación ilegal" del PSOE a través de la trama

En otro capítulo más de la guerra que el PP ha declarado a los socialistas en el marco del escándalo de los ERE, ayer dejó caer sus sospechas por la posible financiación ilegal del PSOE andaluz con cargo al denominado "fondo de reptiles", la partida 31L con la que se financiaban los ERE, a través de pagos a ayuntamientos socialistas y a empresas "fantasma" vinculadas a altos cargos del partido.

En rueda de prensa, la portavoz de Empleo del PP en el Parlamento, Teresa Ruiz Sillero, basó esta sospecha en que con cargo a la 31L la Junta destinó 3,3 millones en ayudas a ayuntamientos socialistas, salvo uno gobernado por IU, concentrados en tres provincias, con clara "influencia del sector duro del PSOE", concedidas en fechas cercanas a las elecciones municipales de 2003 y para proyectos que no se llegaron a ejecutar. También se otorgaron ayudas a 122 empresas por importe total de 68 millones, concentradas sobre todo en la Sierra Norte de Sevilla, entre ellas a los empresarios vinculados al PSOE José Enrique Rosendo y José María Saguayo, que obtuvieron subvenciones por 15,6 millones, de los que 12,5 millones se destinaron a empresas que no llegaron a tener ninguna actividad, según el PP.

Además, las ayudas también llegaron a empresas "fantasmas" vinculadas a personas cercanas al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Ruiz Sillero preguntó al PSOE y a IU, por qué negaron las comparecencias en la comisión de investigación de los ERE fraudulentos de los dirigentes socialistas y empresarios beneficiados por subvenciones con cargo a la partida 31L.