El PP propone una reforma legal que permita el cierre perimetral de los municipios con alta incidencia de Covid

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, de la mano del grupo parlamentario del PP, ha propuesto a los partidos con representación en la Cámara autonómica una reforma legal que dé amparo a los confinamientos de las poblaciones donde la incidencia del Covid esté disparada. El objetivo, según ha explicado este miércoles el portavoz popular, José Antonio Nieto, es evitar situaciones como la de Montefrío, cuyo cierre ha sido levantado por el TSJA porque el Alto Tribunal entiende que la Junta no tiene potestad para limitar los derechos fundamentales en una situación como la actual.

La aspiración del Gobierno y el PP es que la norma se apruebe en el próximo Pleno de la Cámara, previsto para los días 26 y 27 de mayo, y que salga adelante por lectura única para acelerar al máximo su entrada en vigor. Nieto ha admitido que habría preferido aprobarlo en la sesión de esa semana, pero para ello necesita el acuerdo de los cinco grupos y aunque el principal partido de la oposición, el PSOE, ha mostrado su disposición, tiene "serias dudas" sobre algunos de los detalles de la propuesta.

El texto, según ha dicho el portavoz socialista, alude de forma genérica a una pandemia y no de forma exclusiva a la provocada por Covid-19 y también fija el umbral para cerrar una localidad cuando registre una incidencia acumulada de 1.000 casos por 100.000 habitantes o menor, si lo así lo declara a autoridad competente, que es el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, conocido como "comité de expertos".

Este organismo, creado para esta pandemia por el Gobierno andaluz, deberá emitir, según la propuesta legal, un informe previo con datos epidemiológicos y de salud pública para justificar las medidas adoptadas, que nunca tendrán una vigencia superior a los 15 días. Se trata de una reforma de la ley andaluza de Salud Pública aprobada en 2011, que, a su vez, mana de la ley orgánica de 1986 a la que ahora se alude para tomar este tipo de decisiones.

La norma en discusión ampara las medidas "tendentes a controlar o limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada". Por lo tanto, continua el texto, "se afecta al derecho de libre circulación y deambulación por vías públicas o al derecho de reunión", ya que la reforma legal también contempla un límite del número de personas que pueden concurrir en un lugar.

Fiscal ha asegurado que esta modificación demuestra que "la Junta tiene herramientas" para gestionar la pandemia sin estado de alarma, pero no parece que el PSOE vaya a ser el principal obstáculo para el Gobierno andaluz en este momento. Adelante Andalucía ya ha dicho que tampoco vetará la medida, aunque coincide con los socialistas en que se trata de una "improvisación", ya que el Ejecutivo autonómico sabía que el estado de alarma finalizaba el 9 de mayo.

Esto deja a Vox como el principal problema para el Gobierno andaluz. Vox se ha mostrado muy crítico este miércoles con la decisión del Ejecutivo autonómico de confinar perimetralmente localidades independientemente de la incidencia del virus. Cuestionado sobre su posición sobre estos cierres, el nuevo portavoz de la formación de derechas, Manuel Gavira, ha sido muy crítico con las limitaciones de derechos fundamentales. De hecho, ha anunciado que su partido acudirá a los tribunales cuando la Consejería de Salud apruebe alguna orden "que limite los derechos fundamentales y al trabajo". En el PP están convencidos de que las reservas de Vox tienen más que ver con el "caos" jurídico que con este tipo de limitaciones, pero en la formación de Santiago Abascal confirman a esta redacción que no están por la labor de apoyar la propuesta.

El rechazo de los socios parlamentarios del Gobierno ocurre en un momento crítico provocado por la decisión del TSJA y en un contexto de enfriamiento de las relaciones entre Vox y PP-Cs. El cambio de portavoz en la formación de derechas busca, según han explicado ellos mismos, una mayor dureza contra el Ejecutivo autonómico. Esto retrasaría la aprobación de la norma, siendo muy optimistas, hasta agosto. En el PP y en Salud están convencidos de que en las próximas semanas se repetirán los casos como el de Montefrío, localidades donde la incidencia se dispara cuando el proceso de inmunización no ha llegado todavía tan lejos como para evitar rebrotes del virus.