El PP tiene contratado en Canal Sur a su abogado en el caso ERE

Elabogado del PP en el caso de los ERE, Luis García Navarro, es también el secretario adjunto del consejo de administración de la RTVA, la agencia pública de Canal Sur. García Navarro ocupa este cargo a propuesta del PP desde el año 2008, y según el contrato su puesto se debe desarrollar "a tiempo completo", mediante una jornada de trabajo de 35 horas semanales. De acuerdo con el documento que le une a esta agencia pública, su retribución bruta anual es de 65.653 euros. El reglamento del consejo de administración de la RTVA establece que este cargo se debe desarrollar con "dedicación exclusiva y absoluta", lo que le impediría otra actividad y que es el motivo de que su retribución esté entre los primeros niveles de la casa. Eso no le está impidiendo a García Navarro asistir a casi todas las sesiones del caso más político de los ERE, el que se celebra estos días en la Audiencia de Sevilla y por el que se acusa, entre otros, a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El consejo de administración de la RTVA, así como otros puestos de designación parlamentaria, también es un cajón de sastre donde los respectivos partidos utilizan sus cuotas para saldar sus compromisos. En la última negociación entre el PP y el PSOE, que se remonta a diez años porque el consejo no se ha renovado ni en esta ni en la anterior legislatura, los populares consiguieron que hubiese un segundo vicepresidente y un secretario adjunto, de ayuda al primero. A diferencia del resto de los vocales del consejo de administración, que son altos cargos y dependen directamente del Parlamento andaluz, los secretarios tienen un contrato laboral con la agencia, deben ser licenciados en Derecho y están sometidos a un régimen de exclusividad, según figura en el capítulo IV de este organismo.

Luis García Navarro fue contratado por Canal Sur en el año 2008, y uno más tarde, en 2009, fue el abogado al que Juan Ignacio Zoido recurrió para presentarse en la causa del caso Mercasevilla. Esta investigación propició con el tiempo la de los ERE. El bufete es García Navarro y Fuster, del que son titulares el aludido y la otra letrada que asiste al juicio. Cuando Zoido se convirtió en alcalde Sevilla, se personó la propia Mercasevilla, que realizó seis contratos con estos abogados.

Desde el inicio del caso de los ERE, García Navarro ha representado al PP en todas sus actuaciones ante los juzgados, y ahora asiste casi todos los días a las sesiones del juicio de la parte más política del caso que se celebra en la Audiencia Provincial de Sevilla de lunes a miércoles. Sin embargo, García Navarro está ligado a Canal Sur por un contrato que le obliga a cumplir sus 35 horas semanales, una jornada de trabajo a tiempo completo.

Así figura en el reglamento del consejo de administración. Tanto en su caso como en el del secretario, "el ejercicio del cargo se debe desarrollar en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad pública o privada, incluida la docencia...". En cualquiera de los casos, el abogado debería solicitar permiso para autorizar la actividad, y ni ésta se ha solicitado ni es posible que se concediese de acuerdo con el reglamento. El salario anual bruto del abogado es de 65.653 euros.

El despacho García Navarro y Fuster representó al PP de Andalucía en los casos de corrupción más importantes a los que estaba personado. Sin embargo, cuando Juan Manuel Moreno Bonilla llegó al cargo de presidente del partido, quiso prescindir de este despacho en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, dejó Invercaria, pero se mantuvo en el de los ERE al considerarse que era un caso complicado, con muchas variantes y que ellos contaban con la experiencia necesaria para concluir el trabajo. Se da la circunstancia de que los miembros del consejo de administración ya han cumplido sus mandatos, pero la falta de acuerdo en el Parlamento entre PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos no permite su renovación. De hecho, está vacante hasta el puesto de presidente.

Este medio se puso en contacto con García Navarro y, a través de segundos, explicó que lo que se recoge en su contrato es que él declara conocer las incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas; así se le impiden de modo expreso realizar actividades relacionadas con el mundo de la comunicación. Y, en efecto, esto no ocurre con el caso de la abogacía, pero además el puesto de secretario sí incluye la exclusividad, que es según el reglamento total. El abogado argumenta que es público y notorio que es el abogado del PP en el juicio de los ERE, entre otras razones, porque la vista se transmite por una de los canales de Canal Sur.

Un miembro del consejo de administración explicó a este medio que el caso del abogado es, cuanto menos, muy dudoso, pero que ningún vocal se lo ha afeado. "Eso correspondería a otras instancias", comentó en referencia al Parlamento, que fue donde PP y PSOE se repartieron los puestos del consejo de administración por un sistema pactado de cuotas.