El PP pide a la juez que inste a la Junta a que entregue los expedientes de los ERE 'muertos'

El PP va a enviar un escrito a la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, que investiga los ERE irregulares financiados con fondos públicos, para que inste a la Junta a entregar también los expedientes muertos -que ya han sido abonados- para no caer en un delito de "encubrimiento y ocultación"

Según ha anunciado en rueda de prensa el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, la intención de su partido es entregar el escrito a la juez para que pida la investigación de todos los ERE muertos y que el PP considera que han afectado a unos 19.000 personas, y donde cree que podrían existir también irregularidades.

Sanz ha recordado que esta decisión era una necesidad una vez que se ha cerrado la "vía política", en alusión a la petición realizada al Gobierno andaluz en el último pleno del Parlamento -a través de una proposición no de ley- de que investigara también los ERE muertos pagados por la Junta, una petición que quedó rechazada con los votos de la mayoría absoluta del PSOE en la Cámara.

El dirigente del PP-A ha denunciado el "obstruccionismo" de la Junta en el asunto de los ERE y ha señalado que podría estar incurriendo en un delito de "encubrimiento y ocultación" si no da a conocer los datos de los expedientes "muertos", donde, a su juicio, podrían existir más casos de irregularidades.

"La magnitud del fraude irá más allá si se investigan los ERE muertos porque afectará al doble de las empresas que ya se han investigado", ha subrayado el dirigente popular, quien ha reiterado que existe una actitud "obstruccionista" por parte de la Junta con el único objetivo de que la juez "no llegue hasta el final".

Antonio Sanz ha ironizado sobre el hecho de que el PSOE tenga la intención de "extender" al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla la mayoría absoluta que tiene en el Parlamento andaluz, y se ha preguntado por los motivos que tiene el Ejecutivo autonómico para actuar con este "obstruccionismo" ante la Justicia.

En este sentido, Sanz ha dado a conocer el texto del recurso de apelación presentado ante la audiencia provincial de Sevilla al auto de la juez Alaya en el que esta admitía la existencia de un conflicto de jurisdicción entre el juzgado y la Junta por la entrega de las actas de los Consejos de Gobierno de los últimos diez años.

En su recurso de apelación el PP considera "improcedente" dicho conflicto de jurisdicción porque en realidad se trata de "una impugnación" de una providencia judicial que considera "no ajustada a derecho", por lo que, de prosperar, el juzgado tendrá potestad para poder abrir las actas custodiadas sin necesidad de tener que esperar a la decisión del Tribunal Supremo, según el PP.

Los populares basan también su recurso de apelación en el "carácter público" de las actas de los Consejos de Gobierno, y recuerda que el artículo 31 de la actual Ley del Gobierno "eliminó el carácter secreto" de los documentos, tal y como se recogía en el artículo 29 de la derogada ley de 1983.

De la misma forma, el PP recuerda en su recurso de apelación que los límites de la investigación penal de la Junta están en la obligatoriedad de los poderes públicos de colaborar con la Justicia "en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto", tal y como establece la propia Constitución.

Los populares creen que los ciudadanos tienen derecho a los expedientes completos que contengan informaciones sobre la actuación del gobierno de la Junta en el ejercicio de sus competencias constitucionales sujetas a derecho administrativo, y más aún a las actas del Consejo de Gobierno.