PP e IU ven poca voluntad de diálogo de la Junta en el decreto del sector público

El PP e IU pedirán mañana lo mismos en el Parlamento: la derogación del decreto de reordenación del sector público, como paso previo a la negociación del futuro proyecto de ley. Las dos fuerzas coinciden en señalar la poca voluntad de consenso del Gobierno andaluz al insistir en que, precisamente, la retirada del decreto no entra en sus planes. Y mientras el PP lo ve más como una prueba más de la "soberbia" del Ejecutivo que presidente José Antonio Griñán, desde IU se ve la "trampa" de dialogar sobre algo que ya está vigente.

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, criticó ayer las declaraciones de la consejera de Presidencia, Mar Moreno, rechazando la posibilidad de derogar el polémico decreto y respaldando a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, al "compartir en su integridad" el contenido de la norma. Soto replicó que así este decreto "ha empezado mal, pero puede terminar peor".

"Afirmar rotundamente que no se va a derogar es que no hay ningún sentido del consenso, de querer alcanzar acuerdos ni de escuchar a las partes afectadas; es preocupante la actitud del gobierno", apostilló.

El coordinador regional de IU, Diego Valderas, anunció que no van a convalidar en el debate parlamentario el decreto y van a demandar su anulación, al objeto de que "haya un diálogo sincero". Matizó que exige su derogación para "consensuar y negociar en igualdad de condiciones desde el punto de vista sindical y político" y reiteró que el nuevo decreto debe ser "retirado" y "tramitado" como un proyecto de ley, ya que éste "no cobra valor hasta que no termina su discusión y debate".

A su juicio, es "fundamental" que se tenga también en cuenta la valoración de los usuarios, ya que "cuando se quiere plantear la mejora de la administración y de los servicios y ante la defensa de la público, hay que hablar con los ciudadanos".

El líder andaluz de IU defiende un modelo "profesionalizado" de la función pública, y en su opinión, el decreto "sigue agudizando en un modelo que no da las suficientes garantías de profesionalidad".

Por ello, remarcó que cuandoGriñán "habla de diálogo y consenso hace trampas", ya que "plantea que dialoguemos sobre algo que está en vigor". En consecuencia, Valderas destacó que pedirán que el decreto "no esté en vigencia, para que haya un diálogo sincero y se llegue a un acuerdo con todo el mundo".

A nivel sindical, valoró todas las movilizaciones y las rectificaciones de CCOO y UGT, lo que "da lugar a dos vías, o la rectificación radical del decreto o la derogación para que entre en la vía de proyecto de ley y tenga lugar un diálogo sin condicionantes" para alcanzar "el mejor instrumento de servicio" para el ciudadano.