El PP pondrá a prueba a Díaz con los ERE en su primera sesión de control

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, no se cansa de proclamar que quiere romper amarras con el escándalo de los ERE, dejarlo atrás, estrenar un "tiempo nuevo" en el que caso del fraude en las ayudas de la Junta es una cuestión que se dirimirá en los tribunales y que no debe afectar a la gestión de su Ejecutivo. Ella y su equipo, mientras, a gobernar. Insiste una y otra vez en esto.

Pero el PP no lo tiene tan claro. O dicho de otro modo: no se lo cree. Yquiere que la jefa del Ejecutivo lo demuestre, y no deje lugar a la más mínima duda, en el Parlamento. Por eso, en su primera sesión de control como presidenta, Díaz se va a encontrar con los populares interpelándola por la corrupción que, a juicio del partido en la oposición, está enquistada en el más alto nivel de la Administración autonómica.

Será esta semana cuando Díaz se estrene como presidenta enfrentándose al primer envite del líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, que insistirá como un martillo pilón para que la presidenta lo convenza de que su compromiso contra la corrupción no es una mera pose y que va mucho más allá de una declaración de intenciones. El PP ve, de antemano, el papel ya mojado.

El sábado pasado, el coordinador de Economía y Empleo del PP, Rafael Carmona, ya expresó sus dudas: "Díaz dice que le avergüenza la corrupción. Si es verdad, lo tiene fácil limpiando la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo". En este departamento acaba de aterrizar un consejero nuevo: José Sánchez Maldonado que ya advirtió a los populares en su primera comparecencia parlamentaria que no cuenten con él para la guerra de la corrupción, que no queda limitada desde las filas del PP al escándalo de los ERE; también está Invercaria.

El reto que el Grupo Popular lanzará a la presidenta en la sesión de control está reglado en su proposición no de ley relativa a Medidas urgentes en materia de transparencia en la administración de la Junta. En ese catálogo -que el PP defenderá el jueves en el Pleno de la Cámara- se insta al Ejecutivo a realizar los cambios legales o normativos pertinentes para "establecer la obligación de remitir de oficio al Parlamento todas las recomendaciones y reparos que formule la Intervención General de la Junta de Andalucía", así como todos sus informes de auditorías internas y externas a las que se sometan los entes instrumentales del sector público andaluz.

Para luchar contra la corrupción, los populares propugnan que se refuercen los controles internos y externos y la fiscalización de los recursos públicos a través de "auditorías en los supuestos de denuncias de fraudes y procesos judiciales que afecten a la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales" y que, en caso de que altos cargos o ex altos cargos sean imputados en este tipo de delitos, se prohíba que la Junta "pueda pagar los gastos de su defensa".

Además, con la intención de que Díaz pase, en materia de transparencia, "de las propuestas a los hechos lo más pronto posible", se conmina a la presidenta a incluir en la Ley de Incompatibilidades las relaciones en materia de contratación con todas las administraciones públicas y entes participados de los miembros de la unidad familiar de los altos cargos y otros cargos públicos; a publicar semestralmente las asignaciones económicas o cesantías de cada ex alto cargo de la Junta; a obligar a las personas que ocupen puestos singularizados que presenten y hagan públicas declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones; y a crear un registro de personal directivo de la Administración instrumental a través del que se informe semestralmente de contratos e indemnizaciones por cese percibidas por directivos de entes del sector público.

De ser aprobadas todas estas medidas en el Parlamento, para lo que se necesitan los votos de PSOE e IU, el Grupo Popular consideraría que el Ejecutivo demostraría su interés real por abrir un "nuevo tiempo" también en esta materia.