PP y Ciudadanos pactan la defensa del Estado de las autonomías

PP y Ciudadanos no tienen previsto ponerse de acuerdo con Vox en sus dudas sobre modelo autonómico. Populares y naranjas tienen ya sus propuestas en materia regeneración democrática y el primero de los 23 puntos de este apartado es un compromiso a defender "la unidad de España", pero también "el Estado de las autonomías". Y todo lo que ello conlleva.

El pacto entre PP y Ciudadanos se va cerrando con cuentagotas. El viernes Juan Marín y Juanma Moreno desgranaron -cada uno por su cuenta- las 21 medidas que quieren poner en marcha en sus primeros 100 días en San Telmo. Algunas, como la eliminación de los aforamientos, están recogidas en este primer apartado.

La propuesta PP y Ciudadanos pasa por una reforma del Estatuto de Autonomía de 2007 que permita eliminar este tratamiento especial en el ámbito judicial para el presidente de la Junta, los miembros del Consejo de Gobierno y los 109 parlamentarios.

La reforma del Estatuto es compleja. Necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara, es decir 72 diputados. Son 25 más que los que suman PP y Cuidadanos, que necesitarían convencer a Adelante Andalucía y a Vox, si el PSOE mantiene la postura que dinamitó el pacto entre socialistas y naranjas: la reforma de los aforamientos debe hacerse a nivel estatal.

Eliminación del Consejo Consultivo

En su afán por reducir el grosor de la Administración andaluza, PP y Ciudadanos proponen en la primera parte de su pacto eliminar el Consejo Consultivo. Para conseguir este objetivo necesitan también la mayoría cualificada, pues la existencia de este organismo está recogida también en el Estatuto.

No ocurre lo mismo con otra de las propuestas más polémicas relacionadas con la reducción del gasto público. Populares y naranjas no quieren cerrar Canal Sur, pero sí "redimensionar" RTVA y cambiar el modelo de elección de los miembros de su Consejo de Administración.

La idea de PP y Ciudadanos es elegir a las cúpulas de los órganos de extracción parlamentaria a través de una "comisión técnica independiente" que seleccione a los candidatos que luego serán nombrados por la Cámara.

Estos consejeros, como el resto de altos cargos de la Junta, verán sus sueldos "racionalizados" tras una reforma que pone como ejemplo a la Administración central. La idea estará incluida en una "ley de Despolitización de la Junta" que también permitirá reducir el número de puestos directivos modificar su modelo de elección.

Los empleados públicos serán una prioridad para el gobierno de PP y Ciudadanos si finalmente llegan a buen puerto las negociaciones. Habrá una "ley de Función Pública" y populares y naranjas aseguran que convertirán a la Junta en una Administración "moderna ágil, transparente, con las cuentas saneadas", y con un sistema de acceso al empleo público "más ágil y claro".

Medidas contra el fraude y la corrupción

Muchas de las medidas incluidas en esta primera parte del acuerdo son ya parte de los discursos habituales de PP y Ciudadanos. Los populares han colado su propuesta para limitar a ocho el máximo de años de mandato de un presidente de la Junta o un consejero y los naranjas logran un impulso para la una reforma de la Ley Electoral que permita aumentar la proporcionalidad.

Ciudadanos retoma también la Oficina Antifraude que acordaron con el PSOE y también su idea de apartar a los cargos imputados por corrupción hasta que la sentencia sea firme. En esta materia destaca también la ley de Protección de los Denunciantes del Fraude y la Corrupción.

En el apartado de regeneración de las instituciones también se contempla la reforma de la Cámara de Cuentas, que será la encargada de la auditoría de la Administración autonómica que PP y Ciudadanos llevan semanas defendiendo. Una vez realizada se pondrán manos a la obra y eliminar las "estructuras duplicadas" que haya en la Junta, con especial atención a la conocida como Administración paralela.

Leyes para "acabar con las redes clientelares"

PP y Ciudadanos también pretenden revisar la ley de Transparencia para hacer más accesibles los datos públicos para la ciudadanía. Será una de las fórmulas para cumplir con el objetivo de "acabar con las redes clientelares". "Todos los contratos se adjudicarán por procedimientos abiertos a la competencia", reza el documento.

En cuanto al control del gasto, los equipos liderados por Elías Bendodo (PP) y Marta Bosquet (Cs) han pactado una reforma de la Ley de Hacienda Pública que mejore el control de los fondos públicos. Esta propuesta está íntimamente relacionada con la futura Ley de Evaluación de Políticas Públicas y de la nueva Ley de Subvenciones. Además se reforzará la "independencia funcional" de la Intervención General de la Junta.

Hay una medida del apartado de regeneración democrática del pacto entre PP y Cs que está relacionada con la lucha contra la corrupción, pero también con el control del dinero público: Se trata de la puesta en marcha, de nuevo, de la comisión de investigación en el Parlamento sobre la Faffe, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.