PP y Ciudadanos cierran un acuerdo programático para el cambio en Andalucía

Sevilla/Partido Popular y Ciudadanos han difundido en el mediodía de este martes el contenido íntegro del acuerdo programático para un nuevo Gobierno de Andalucía que incorpora un total de 90 medidas tras cerrar el último bloque relativo a reactivación de los servicios públicos en la comunidad, que se suma a los referentes a regeneración democrática y reformas económicas y fiscales hechos públicos desde el pasado domingo.

El documento, de 29 páginas, incluye una disposición final en la que ambos partidos se comprometen a crear una comisión de seguimiento del pacto de gobierno que se reunirá "con carácter trimestral o cuando lo solicite una de las partes".

La difusión del acuerdo programático completo entre PP-A y Cs se produce a 48 horas de la sesión constitutiva del nuevo Parlamento andaluz, convocada a mediodía del jueves, sin que ambos partidos hayan abierto oficialmente la negociación sobre la composición de la Mesa de la Cámara y del futuro Ejecutivo.

Las 37 medidas difundidas este martes por PP-A y Cs para reactivar los servicios públicos en Andalucía priorizan el objetivo de "gestionar correctamente los ingresos y gastos" con el objetivo de "garantizar la equidad, la universalidad y el acceso de todos a todos los servicios públicos en momentos de máxima vulnerabilidad", para lo que también señalan a los profesionales como "la clave del sostén y calidad" de estos servicios.

Las principales medidas en salud y educación se refieren a la equiparación salarial de sanitarios y docentes andaluces con la media nacional; la "despolitización" del Servicio Andaluz de Salud (SAS); la implantación del plan '10 minutos por paciente' en atención primaria, la 'reversión' de la subasta de medicamentos; la protección de la libre elección de las familias entre educación pública y concertada, extensible a Bachillerato; la puesta en marcha de planes de refuerzo en matemáticas, lecturas e inglés; y la eliminación de 'caracolas' y la mejora de la climatización de centros educativos.

Frente a las exigencias de Vox en materia de igualdad y contra la violencia de género, el programa pactado por PP-A y Cs defiende expresamente la necesidad de "hacer efectivos los derechos" previstos en la Ley Andaluza de Igualdad, de impulsar medidas e incentivos frente a la brecha salarial de las mujeres y de promover un pacto andaluz contra la violencia de género y de defender los derechos del colectivo LGTBI.

En materia de sanidad y educación, PP-A y Cs prometen "acabar con la precariedad, el abuso de temporalidad y la excesiva rotación" entre los profesionales de los servicios públicos desarrollando un sistema de cobertura de plazas vacantes que evite crear "nuevas bolsas de interinidad" y reducirla "progresivamente a lo largo de la legislatura". Además anuncian un "estudio de necesidades de recursos humanos en la sanidad y la educación andaluzas para paliar el déficit estructural de plantillas presente y futuro, priorizando las plazas de difícil cobertura".

En el ámbito sanitario, el documento garantiza una "reducción efectiva" de las listas de espera y el fin del "colapso de las urgencias" a lo largo de la legislatura con la puesta en marcha de un plan de choque con medidas como la "despolitización" del SAS generalizando la elección de responsables y mandos intermedios "siempre por concurso de méritos"; la habilitación gradual para la libre elección de especialista; la implantación del cribado de cáncer de colon a la población de entre 50 y 69 años y la aprobación de un proyecto de Ley Andaluza de Atención Temprana que garantice mayores recursos.

En materia educativa, proponen un plan de refuerzo que permita reducir la tasa de abandono escolar hasta situarla "por debajo de la media nacional", mejorar "radicalmente" las competencias de los alumnos andaluces en matemáticas y lectura y aumentar las horas de refuerzo de inglés para que "todos los estudiantes andaluces tengan los medios para alcanzar el nivel C1 de inglés antes de acabar el bachillerato". También prometen implantar la educación gratuita de 0 a 3 años a lo largo de la legislatura, reconocer la consideración de Autoridad Pública del profesorado y dotar a los centros de personal cualificado para alumnado diagnosticado con autismo o dificultades específicas de aprendizaje.

El acuerdo programático PP-Cs también prevé una reforma de la Ley Andaluza de Universidades para "aumentar la transparencia y prevenir el plagio y demás prácticas de deshonestidad" y crear un marco de financiación estable, un "plan de choque" para mejorar la atención a la dependencia, un aumento del porcentaje de reserva de plazas para personas con discapacidad en Ofertas Públicas de Empleo y una Ley de Apoyo a las Familias Andaluzas, "adaptada a la realidad actual y a sus diferentes modelos, con especial atención a las familias numerosas y monoparentales".

En materia de igualdad, además de "hacer efectivos los derechos contemplados" en la nueva Ley Andalucía, PP y Cs prometen "promover activamente la igualdad de género dentro de las empresas y trabajar para reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres" incentivando medidas de transparencia en los procesos de selección en todos los niveles de contratación y estimulando a las empresas "para establecer objetivos claros de representación de mujeres entre sus altos cargos y en sus consejos de administración".

También apuestan por impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía" que desarrolle los avances logrados con la aprobación del pacto de Estado y que aporte dotación presupuestaria suficiente "a fin de acabar con esta lacra social, al tiempo que prometen "luchar por la igualdad de trato" contra la discriminación del colectivo LGTBI.

En materia migratoria, PP y Cs plantean un "plan de mejora" que incluya un refuerzo de la coordinación y cooperación con el Gobierno de la Nación y más recursos propios para la atención a los menores no acompañados, además de impulsar "un acuerdo que destine mayores recursos, tanto humanos como materiales, para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a la vigilancia de las fronteras en Andalucía.