Los socios del Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, mantienen una relevante disparidad a la hora de establecer responsabilidades políticas sobre las irregularidades que se produjeron durante la gestión de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. Mientras que el PP incluye a Susana Díaz, ex presidenta de la Junta, en el apartado de responsabilidades, Ciudadanos elude a la política sevillana y la limita, en el más alto escalafón de responsabilidad del Ejecutivo, a sus antecesores José Antonio Griñán y Manuel Chaves. 

Es una de las conclusiones más llamativas de las propuestas de dictamen elaborados por los grupos parlamentarios después de casi tres años de comisión de investigación sobre este organismo del sector instrumental que funcionó entre 2003 y 2011. A pesar de la dureza que ha caracterizado a los portavoces de Ciudadanos en las sesiones de esta comisión, los naranjas han acabado por dejar fuera a Díaz, que compareció hace sólo unas semanas, después de dejar ya el Parlamento camino del Senado.

No ocurre lo mismo con el PP, que se muestra muy crítico con la defensa de la ex presidenta, centrada en afirmar que llegó al Gobierno andaluz después de la extinción de la Faffe. "El relato exculpatorio del ‘yo no estaba allí, no es mi corrupción’ de la ex presidenta Susana Díaz y de otros cargos de su gobierno, no se sostiene", apunta el PP en su documento, que echa en cara a la ex dirigente socialista su falta de colaboración con la Justicia en la investigación de las irregularidades de la Faffe.

PP y Cs sí coinciden en apuntar, por encima de todo, a Fernando Villén, ex director gerente de la Faffe que está involucrado en un proceso judicial por, entre otras cosas, gastar dinero público con una tarjeta de la Junta en varios clubs de alterne. Esa responsabilidad se extiende a varios ex consejeros de Empleo -José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio- y el ex titular de Economía Antonio Ávila. También consideran responsables al resto de la cúpula de las consejerías de Empleo de la época. En este diagnóstico coinciden Vox y Unidas Podemos por Andalucía, aunque la coalición de izquierdas sólo apunta a Manuel Chaves entre los ex presidentes y su portavoz, Inmaculada Nieto, ha constatado que su formación dejó de participar por lo que consideran un uso partidista del órgano parlamentario. 

Nieto ha recordado que los momentos de mayor relevancia de esta comisión, que es de las más prolongadas que se han registrado en el Parlamento andaluz, han coincidido con procesos electorales. Cabe recordar, y así lo señalan PP y Cs en sus documentos de conclusiones, que la primera jornada de comparecencias se produjo a pocos días de las elecciones generales de noviembre de 2019. En esa jornada estaban llamados a declarar los ex presidentes José Antonio Griñán, Susana Díaz y Manuel Chaves, además de María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda, y los ex consejeros Antonio Ramírez de Arellano, Javier Carnero y José Sánchez Maldonado. Montero no acudió escudándose en su cargo ministerial, mientras que los ex consejeros eludieron contestar por considerar su llamada a declarar un acto de electoralismo. Por ese silencio les reclaman responsabilidades políticas PP, Cs y Vox en su documento de conclusiones. 

Vox, además, pide responsabilidades "a todo cargo político cuyos parientes se integran en la Administración sin haber concurrido en los procedimientos legales establecidos". En este punto coinciden con Ciudadanos, que aluden a "todos los que consiguieron para ellos mismos o para sus familiares y/o amigos una nómina en la Faffe" por su relación con Fernando Villén. Esta es otro de los puntales de las conclusiones de PP, Cs y Vox, aunque los populares no lo lleven a su listado de responsabilidades políticas. En su documento, el PP habla de 80 contrataciones vinculadas al PSOE en un ejercicio de "nepotismo" que, consideran, debería ser conocido entre los socialistas. Destaca aquí el foco que se ha puesto sobre Carmen Ibanco, esposa del ahora líder del PSOE, Juan Espadas, que trabaja en el SAE tras ser subrogada desde la Faffe, donde entró en 2007. Hay también ex alcaldes, como Antonio Torres, ex regidor de Lebrija, y familiares del ex consejero Antonio Rivas. 

El PSOE es el único partido que no ha hecho señalamientos políticos en su documento de conclusiones, que se centra en defender que la comisión de investigación sobre la Faffe es un "ariete" utilizado por el actual Gobierno -que fue quien la solicitó en el Parlamento en una práctica poco habitual- para erosionar al PSOE. Los socialistas, sobre el asunto de las tarjetas utilizadas en clubs de alterne, todavía en proceso de enjuiciamiento, defienden que, en caso de que se pruebe la culpabilidad de Villén, se trata de un acto individual. "En ningún caso vamos a permitir una causa general contra unos gobiernos cuyos miembros siempre han rechazado estos hechos", sentencian.

Con las aportaciones de los cinco grupos parlamentarios, el presidente de la Comisión, Enrique Moreno, tendrá que elaborar una propuesta de dictamen que será la que se vote en Pleno. El dirigente de Ciudadanos explicó hace unos días que su intención es que esté lista en abril.