Operación PonienteEl sumario del miedo

La juez Montserrat Peña levantaba, de forma parcial, el secreto de sumario de la operación Poniente el 8 de marzo. Desde entonces, la trama, la presunta trama, ha derramado ríos de tinta, ha consumido horas de televisión, ha gastado cientos de euros en fotocopias y, sobre todo, nos ha hecho adictos a los chismes. Digo esto porque una gran parte de los miles de folios, en los que se recogen las conversaciones de los principales implicados, nos muestran las preocupaciones, las vanidades, los intereses y los sentimientos más variopintos del ser humano, sentimientos con mayúscula que a veces alcanzan la sofisticación y, en la mayoría de ellas, se acercan más a la pellejería que a cualquier otro concepto o virtuosismo que podamos albergar.

Las miles de llamadas telefónicas interceptadas por la Policía dejan muy pocas dudas para aquellos que pretenden condenar todo lo que huela a Juan Enciso y a lo que representa y alberga todas y unas pocas más en los que creen en la inocencia de los detenidos y de todos aquellos que de una u otra forma aparecen relacionados con este conglomerado o grupo de intereses que ha llevado al Ayuntamiento a reconocer una deuda superior a los 225 millones de euros.

La decisión de la juez Peña de pedir o solicitar el amparo del TSJA, tratando de buscar a los filtradores del sumario, se queda en eso, en una decisión. Ella debe saber que, cuando se levanta el secreto de algo, segundos después es conocido por todos los que tienen un mínimo de interés y minutos más tarde por aquellos que buscan informar a la sociedad de lo que sucede a nuestro alrededor. La operación Poniente, como no podía ser de otra forma, es la noticia del año en la provincia de Almería.

Las conversaciones interceptadas a los principales protagonistas de la trama: Juan Enciso, alcalde de El Ejido; José Alemán, interventor municipal; Juan Antonio Galán, empresario y José Amate, ex-gerente de la empresa Elsur, con participación mayoritaria municipal y prestadora de todos o casi todos los servicios que realiza el Ayuntamiento, ponen de manifiesto las amistades, a veces peligrosas, de los actores principales; las enemistades, manifestas, con los que hasta hace poco han sido sus compañeros de viaje, el Partido Popular; y la excelente relación que existe o se abre con el Partido Socialista. No en vanoPAL (Partido de Almería) y PSOE firman un acuerdo de gobierno en 2007 que permite a estos últimos gobernar la Diputación y, a los primeros, buscar aliados en la administración andaluza para sacar adelante proyectos tan importantes como puede ser el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, con su tarta más exquisita que es el desarrollo de la famosa Bahía de San Miguel.

Si se lee con tranquilidad la parte del sumario que se ha hecho pública no se hallan pruebas palpables o evidentes que confirmen, de forma irrefutable, que los imputados habían urdido una trama para quedarse con la pasta y prevaricar a través de la empresa municipal Elsur. Dicho esto, si quedan en evidencia los modos y las formas en la que desarrollan su actividad, que va del nepotismo más absoluto con sus subordinados hasta el descaro más habilidoso a la hora de solicitar comisiones y envolverlas en el papel de caramelo más atractivo. No se deja nada al azar. Se reúen o llaman a todos aquellos que tienen poder para tratar de convencerlos de mil y un proyectos. Se viaja a cuerpo de rey, en hoteles de cinco estrellas con coches de lujo y se tira de "tarjeta mágica", sin importar el coste que pueda tener para el bolsillo de los ejidenses. Al contrario, el propio ex-interventor se jacta de acudir a los mejores restaurantes, ir en primera clase, disfrutar de los mejores coches y, si es necesario, que le "sirvan el postre en una vajilla de oro".

De forma paralela encontramos el intento permanente de algunos intermediarios por seguir agrandando la tela de araña tejida entorno a Elsur. Entre ellos figura unex parlamentario andaluz del PP. Omnipresente en las conversaciones, lo mismo maquina un posible candidato a las elecciones de Almería, que se ofrece a mediar para que una empresa realice una obra en el municipio. Pero hasta ahí.

No conocemos los 52.000 folios que aún permanecen secretos y que, se supone, confirman todos y cada uno de los cargos que la juez ha imputado a las 30 personas que hasta ahora o están en prisión o la han salvado bajo fianza. En ellos, todos esperan, encontrar como se prevaricaba, como se falseaban documentos públicos y como se cometía cohecho. Mientras, los abogados de la defensa, entre ellosFrancisco Torres del alcalde de El Ejido, sigue sin ver delito alguno.