La Oficina Andaluza Antifraude investiga al director de Pesca de la Junta

La Oficina Andaluza Antifraude ha abierto una investigación al director de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Martínez Malia, a raíz de una denuncia del PSOE sobre la posible incompatibilidad en el ejercicio de este cargo público por su participación en varias empresas del sector.

En el expediente, al que ha tenido acceso Efe, la Oficina Andaluza Antifraude explica que atiende de esta manera la denuncia realizada por el PSOE en mayo de este año sobre "una presunta incompatibilidad" de Martínez Malia como alto cargo de la Junta, al que accedió en 2019, cuando es propietario de participaciones en las empresas mercantiles Pesquerías Quintino S.L. y Carabina Farruco S.L., "en las que ha ostentando el cargo de administrador único cuando estas empresas perciben subvenciones de la administración autonómica".

El PSOE también alertaba de un posible conflicto de intereses en la tramitación de estas ayudas públicas, ya que el director general de Pesca es órgano decisorio de estas ayudas "y no se ha abstenido en las resoluciones finalizadoras del procedimiento".

La Oficina Antifraude asegura en este expediente que, una vez analizadas las actuaciones previas, "se ha considerado iniciar el procedimiento investigador para concluir si finalmente existe un conflicto de intereses en el procedimiento de selección objeto de la denuncia".

La investigación analizará si se ha producido alguno de los supuestos previstos en la ley 3/2005 sobre incompatibilidad de altos cargos que pudiera determinar una causa de incompatibilidad para el desempeño de ese cargo público, y también indagará en el posible conflicto de intereses en la tramitación de subvenciones.

El acuerdo aprobado por la Oficina Andaluza Antifraude ya ha nombrado al funcionario instructor del procedimiento y da diez días a los interesados para presentar alegaciones.

Desde la Oficina que dirige Ricardo Puyol se apunta que "después de las alegaciones que presenten las partes, tenemos seis meses para resolver". Así, se quiso dejar claro que “se presenta una acusación expresa” no quiere decir que la persona sea culpable. "Estamos en el inicio de la investigación y nosotros respetamos la presunción de inocencia", señalan.

Tras conocer el inicio de esta investigación, el portavoz socialista en la Comisión de Presidencia, José Aguilar, ha asegurado que "el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, debe dar explicaciones de que un alto cargo esté siendo investigado por la Oficina Antifraude de Andalucía".

"Es inaceptable que haya dado ayudas y subvenciones a familiares directos y a empresas en las que hoy sigue figurando como administrador y apoderado. A nuestro juicio, esto infringe las normas sobre incompatibilidades y conflicto de intereses", ha añadido Aguilar.

Colaboración de la Junta

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha señalado que está colaborando desde mayo con la Oficina Antifraude "con total transparencia y lealtad" a fin de aclarar que "no existe incompatibilidad" del director general de Pesca y Agricultura.

Asimismo, la Junta ha detallado a través de un comunicado que, desde se abrieron las actuaciones preliminares, "se ha venido aportando toda la información acreditativa". En la documentación aportada "se explican las causas por las que no se aprecia supuesto alguno de incompatibilidad por parte del director general de Pesca y Acuicultura a lo que han hecho referencia los medios de comunicación", ha añadido.

Se detalla que, tras la modificación sufrida en el artículo 5.1 de la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Andalucía, éste dio "fiel cumplimiento" al cambio normativo mediante la enajenación de las participaciones sociales que ostentaba. Este cambio se recoge en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, reflejando en el mismo que el director general de Pesca "procedió a la transmisión o venta de dichas participaciones mercantiles durante los años 2019 y 2021", por lo que en la actualidad, "no cuenta con ninguna vinculación empresarial".

Respecto a la información publicada sobre concesión de ayudas al sector pesquero, la Consejería informa de que el director general de Pesca decidió inhibirse de los procesos de resolución de estas ayudas que, de forma habitual, se conceden al sector para compensar la parada de actividad y para la modernización, habiendo sido asumidas dichas resoluciones por la Secretaría General Técnica.

Además, la Junta ha destacado que la propuesta de resolución de ayudas parte de los departamentos técnicos de las distintas Delegaciones Territoriales para su elevación a una Comisión Técnica, formada por funcionariado de la propia Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, para su evaluación y determinación final de las ayudas.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha puesto de relieve la "calidad democrática y transparencia" del actual Gobierno andaluz que "decidió impulsar un instrumento tan valioso y pionero en la comunidad como la Oficina Antifraude de Andalucía y pide que éste sea utilizado con la rigurosidad que se requiere".