Nueva política económica para la presidenta

SI bien la presentación del programa de Gobierno es un ritual en el que el candidato debe referirse a todos los asuntos políticamente relevantes, el acto de hoy en el Parlamento andaluz dará pistas significativas sobre lo que puede esperarse del gabinete presidido por Susana Díaz. Muy probablemente la lucha contra el desempleo y el aseguramiento de los servicios y prestaciones sociales se encontrarán entre sus objetivos prioritarios. Ambos objetivos tienen un soporte compartido: para que sean factibles, es necesarios que sean económicamente sostenibles, pues no se creará empleo si no se sustenta en más actividades productivas, y el mantenimiento de los servicios y prestaciones sociales sólo se asegurará si aumenta la recaudación tributaria, lo que a su vez depende de que haya más actividad económica. En consecuencia, el crecimiento económico debe ser el objetivo central del nuevo Gobierno, dado que es el soporte necesario para sus objetivos políticos.

El crecimiento económico no es algo que se alcance por decreto, sino que es un proceso social complejo en el que intervienen múltiples agentes que aportan y combinan factores de producción. Son por tanto éstos, las empresas y los ciudadanos, los protagonistas fundamentales de la actividad económica, pero la política económica de los gobiernos es asimismo determinante en las posibilidades de crecimiento, tanto en la definición presupuestaria, como en su actividad regulatoria y administrativa y en el apoyo directo a la producción de determinados sectores, territorios o empresas. Es fácil estar de acuerdo en los grandes objetivos de la política económica al ser muy genéricos (crecimiento económico, empleo, lucha contra la exclusión social,...), incluso en la formulación de las políticas instrumentales (I+D+i, impulso a la internacionalización de las empresas, formación de los recursos humanos,...), pero lo realmente relevante es el cuánto, el cómo y a quiénes se dirigen las políticas, y para ello sería muy conveniente que existiese una evaluación de las políticas tradicionalmente aplicadas por la Junta de Andalucía para determinar su efectividad. Por ejemplo: ¿Han sido útiles los ingentes recursos públicos recibidos por empresas en crisis? ¿Y las ayudas a los trabajadores que han cesado en sus empresas (haciendo abstracción de los casos de corrupción de los ERE)? ¿El balance de la concertación social de la Junta de Andalucía en los últimos veinte años con la CEA, CCOO y UGT es positivo para la economía andaluza, o ha beneficiado más a los agentes que la han protagonizado? ¿Tiene justificación la discriminación empresarial y los numerosos recursos que perciben las instituciones de la llamada economía social? El turismo es un sector importante en Andalucía y con buenos resultados en los últimos años, pero seguimos lejanos de otras comunidades turísticas con menos territorio, playas y patrimonio natural y monumental en cuanto a visitantes extranjeros y a grupos empresariales que protagonicen el sector. ¿La política turística ha sido la correcta? ¿Los resultados económicos justifican el notable gasto en subvenciones a las energías renovables en las últimas décadas? ¿Se han creado grupos empresariales potentes en los sectores más dinámicos que sean operadores globales? ¿Se ha evaluado la aplicación de fondos públicos a actividades enunciadas como de I+D? ¿Y los dedicados a la formación profesional?

Sin duda, las respuestas a estas preguntas no serán totalmente negativas, pero el balance no parece muy positivo. Y ello es así porque no se ha aplicado una política económica adecuada, en lo que han tenido la responsabilidad los diferentes gobiernos de la Junta de Andalucía, pero también la oposición, que ha preferido aprovechar los escándalos a analizar con profundidad la política económica.

Lo cierto es que, después de más de treinta años de autonomía, Andalucía no ha mejorado su posición relativa en el conjunto de las comunidades autónomas españolas, y ello a pesar de los cuantiosos recursos recibidos de los fondos europeos y de las transferencias del resto de España. Alguna responsabilidad tendrá en ello la política económica aplicada. Además, la crisis está afectando a la economía andaluza más intensamente que al conjunto de España, estamos a la cabeza en paro y, lo que es peor, las perspectivas para los próximos años son bastante oscuras por el elevado endeudamiento de las familias y empresas, y por las limitaciones competitivas de nuestra oferta. Una política económica bien concebida y ejecutada puede mejorar esas perspectivas, pero ello exige abandonar la inercia del pasado y abordar con valentía un proyecto consistente, lo que exige propiciar la emergencia de nuevas empresas y actividades más basadas en capacidades tecnológicas, en recursos humanos cualificados y en apertura al mundo.

Estimada futura presidenta, le deseo éxito en su gestión porque de ello nos beneficiaremos los andaluces, pero me permito reiterarle la conveniencia de evaluar y discutir la política económica, pues será la clave de la viabilidad de cualquier proyecto político.