Múgica desaprueba que la Junta evite amparar a los menores inmigrantes

La ley internacional sobre los Derechos del Niño obliga a las administraciones públicas a asumir la tutela de los menores extranjeros que llegan sin compañía a su territorio. La Junta de Andalucía, ante una migración infantil que desbordó en numerosas ocasiones sus recursos de atención, ha reclamado ayuda al Gobierno español y a la UE y se encuentra a la espera, desde septiembre, del visto bueno de las autoridades marroquíes para reagrupar con sus familias a mil niños que residen en centros de protección de titularidad autonómica.

La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, defiende que muchos de estos niños no pueden ser definidos, en el sentido estricto, como desprotegidos, ya que sus familias de origen conocen de su paradero e incluso mantienen el contacto, y aboga por iniciar las reagrupaciones familiares "por el bien supremo del menor, que debe estar con su familia".

Diferentes ONG, como Granada Acoge, Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía y AcciónENred denunciaron ayer que una circular interna insta a los delegados provinciales de Igualdad a no declarar el desamparo de menores extranjeros que llegan a los centros de acogida próximos a la mayoría de edad, con 16 o 17 años. A juicio de las ONG, la medida "podría justificar" la futura repatriación de estos menores, informó Efe.

El Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, ya conocía esta circunstancia, advertido por una queja del colectivo especializado en el trabajo con estos menores. El último informe anual de la institución, dado a conocer el pasado viernes, recoge la resolución que ha remitido a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, donde desaprueba la aplicación de estos criterios en el procedimiento de protección de los menores. Múgica entiende que esta aplicación "supone un incumplimiento del mandato legal expreso, contenido en el Código Civil, de ejercer la tutela sobre los menores que se encuentran en situación de desamparo".

El Defensor del Pueblo Español señala que "el establecimiento de sistemas que obstaculicen el pleno cumplimiento del mandato legal no puede ser compartido por esta institución". Tras la investigación llevada a cabo, Múgica finalmente recomendó a la Junta de Andalucía que "se dicten las instrucciones pertinentes para que se acuerde declarar el desamparo de los menores extranjeros no acompañados, que se encuentran bajo responsabilidad de esta administración y que se mantenga ésta mientras no se transfiera la responsabilidad a otra autoridad, se produzca la reagrupación familiar o alcance el interesado la mayoría de edad".

"Estar solo en una país extranjero, sin ningún adulto de referencia, ya es estar desasistido y en situación de riesgo", zanja el Defensor, que rechaza los argumentos de la Junta. En su opinión, que las familias conozcan de la situación de sus hijos es un "cuestionamiento gratuito de la capacidad de los padres para el ejercicio de sus responsabilidades, ya que ha de comprobarse la situación del menor en su país de origen, verificar si se dan las condiciones para la reagrupación familiar o para una adecuada tutela por sus autoridades de protección".

Múgica acompaña la resolución con la petición expresa a la Junta de que le informe sobre el número de menores extranjeros que tutela y el listado de los que, sin estar tutelados, se encuentran bajo la guarda de la comunidad. El Defensor va más allá y solicita que se le comunique si la Fiscalía conoce la existencia de menores no acompañados sobre los que no se ha dictado resolución acordando protección de desamparo.

La Junta de Andalucía ha remitido una "contrarrespuesta" a la Oficina del Defensor. Carmen Belinchón, directora general de Infancia y Familia, recriminó a quienes cuestionan el sistema de protección y achacó a una "mala interpretación" de la circular la denuncia de las ONG.

"En ningún momento se manifiesta que no haya declaración de desamparo, el sistema de protección con estos menores es exquisito y escrupuloso", indicó. Belinchón aseveró que "no puedo permitir que se cuestione el trabajo que se está haciendo" y concluyó que "los niños están tutelados desde que llegan y el desamparo no es simplemente papeles, es algo más, y estos niños en ningún caso están desprotegidos".