Juanma Moreno y María Jesús Montero y la pared que los separa

El nuevo modelo de financiación autonómica se ha vuelto a atascar. Y así lleva desde 2014. Aunque el Gobierno central ha expresado la voluntad de reformar este sistema a lo largo de esta legislatura, la única forma de aprobarlo pasaría por un acuerdo con el PP, ya que los aliados catalanes del PSOE no se van a comprometer en una negociación general cuando su aspiración pasa por crear un modelo propio. El PNV y Bildu tampoco cuentan en esta ecuación porque el País Vasco y Navarra gozan de una financiación particular, respaldada por la Constitución.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta, María Jesús Montero, protagonizaron el miércoles pasado un encontronazo en el Parlamento andaluz que muestra cómo de empantanada está la situación. Un acuerdo entre el PSOE y el PP parece imposible en esta legislatura, pero es que además ninguno de los dos grandes partidos siente la presión de sus comunidades autónomas para una renovación, ya que más allá de las perjudicadas -Andalucía entre ellas- las demás no lo consideran prioritario. De ahí viene la alianza que han forjado Valencia, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, una coalición de intereses sin masa crítica suficiente para forzar una negociación.

El 28 de febrero, Juanma Moreno, "presi" para la presentadora Eva González, iba crecido. Se festejaba el Día de Andalucía, además se cumplían 10 años desde que fue designado líder del PP andaluz y en el teatro de la Maestranza los chicos de San Telmo le tenían preparado tres horas de exaltación andaluza que él cerraría a modo de pregón con un discurso de escaso calado institucional. En un acto previo en el Parlamento, Moreno saludó a la vicepresidenta del Gobierno y se cruzaron este diálogo:

-Si son 1.400 millones de ná..., se dirigió a la ministra.

-Son 6.000 millones más al año, esto es pose, postureo, porque hay periodistas, le respondió María Jesús Montero delante de cámaras y reporteros

La ministra de Hacienda tiene tablas de sobra y la almendra amarga de Madrid le ha enseñado a salir de todo tipo de apuros, a veces de modo tan atropellado que se hace imposible discernir cuál es su eje argumental. Pero le sirve. Juanma pide, y ella responde que le ha dado más. Ese es el diálogo que ambos repiten desde hace tres años.

Dos cifras verdaderas

Estas dos cifras, la de los 1.400 millones de euros y los 6.000 millones de euros, separan las posiciones del Gobierno y de la Junta en lo que viene siendo una disputa que dura casi 10 años, tantos que fue la propia María Jesús Montero quien le puso cifra a la infrafinanciación andaluza cuando era consejera de Hacienda. 4.000 millones de euros. Ese es el dinero que el Parlamento andaluz calculó como déficit de financiación de la comunidad, una cantidad que debería recibir del Estado para cumplir de modo adecuado con los servicios que presta a los ciudadanos, fundamentalmente las sanitarias, educativas y sociales.

Todos los partidos, a excepción de Ciudadanos, respaldaron esa demanda, incluido el PP de Juanma Moreno, aunque mediante un voto particular no se comprometió con la cifra final de los 4.000 millones. A Moreno ya le costó obtener el permiso de Mariano Rajoy para votar a favor de un documento de Montero, de modo que apoyaron la demanda pero se abstuvieron de respaldar la cantidad.

Hay que diferenciar dos conceptos que se confunden cuando se habla sobre la mala financiación de una u otra autonomía. Uno es la diferencia que hay entre ellas, las cantidades dispares que reciben del Estado por habitante, la brecha de financiación, los agravios. El segundo es la infrafinanciación del conjunto, y fue esto último lo que trató de medir el Parlamento andaluz en 2018. A la totalidad le hacía falta, en esos momentos, unos 16.000 millones de euros, de los que 4.000 millones corresponderían a Andalucía.

Por tanto, Andalucía tiene dos problemas con el actual Sistema de Financiación Autonómica: está infrafinanciada como a todas, pero además se sitúa entre las que menos dinero recibe por habitante. Con los datos del Ministerio de Hacienda relativos al ejercicio de 2021, la media de las comunidades fue de 2.963 euros por habitante, pero Murcia se quedó en el 90% de esa cantidad. Andalucía, en el 94,3%. Lo sobresaliente de esta situación no es si se está por arriba o por abajo, porque siempre que se establece una media hay posiciones superiores e inferiores, sino la diferencia que existe entre quienes más cobran, que son los cántabros, y los que menos, que son los murcianos. Unos 700 euros por habitante en esos momentos, una brecha permitida porque el modelo no tiene la capacidad de autocorregirse cuando se dan resultados tan dispares.

Conscientes de que un nuevo acuerdo era muy difícil, Juanma Moreno y el ex presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Ximo Puig, propusieron que mientras tanto se aprobase un fondo de compensación que permitiera corregir el desequilibrio. Esos son los 1.400 millones de euros que exige el presidente andaluz, a quien se le ha unido el socialista manchego Emiliano García Page, el murciano Fernando López Miras y el nuevo presidente valenciano, el popular Carlos Mazón.

María Jesús Montero no ha atendido esta petición con el argumento de que el resto de las comunidades no quieren crear otro fondo, aunque lo que solicita Juanma Moreno no es un nuevo reparto, sino más recursos por parte del Gobierno central. En el fondo no es más que lo que la vicepresidenta solicitaba en 2018 cuando era consejera de Hacienda de la Junta y el ministro era Cristóbal Montoro.

Pero Montero esgrime otro argumento, y es que el Gobierno central está enviando ahora a la Junta 6.000 millones de euros más al año. Esto se debe a que la economía española sigue creciendo y, en especial, la recaudación del Estado, una parte de la cual se deriva a las comunidades. El Gobierno andaluz, tal como argumenta la vicepresidenta, está mejor financiado que cuando ella era consejera, de ahí su insistencia en citar esa cifra de los 6.000 millones, pero esto no se debe al sistema en sí sino a la coyuntura. Estos matices son los que explican que ninguno de los dos mientan, aunque para Andalucía el problema de fondo sigue existiendo.