Montero sostiene que Andalucía deberá cambiar el Presupuesto si el Senado rechaza la senda fiscal

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho este lunes una primera incursión en la que será una de las grandes batallas de la legislatura: la aprobación de los primeros Presupuestos Generales del Estado. La ministra ha asegurado que si el PP bloquea en el Senado los objetivos fiscales -deuda y déficit para 2024-, las comunidades autónomas, como Andalucía, no podrían aprobar sus presupuestos tal como lo han enviado a los parlamentos autonómicos. La razón es que esas cuentas, caso de la andaluza, recogen un déficit del 0,1%. Si no se aprobasen los objetivos fiscales, se volverían a los anteriores, que para las comunidades autómomas es del 0%. La peor parte se lo llevarían los ayuntamientos porque tendría que elaborar sus cuentas con un superávit del 3%.

No obstante, la Comisión Europea aún no ha logrado el acuerdo de cómo volverán las reglas fiscales en 2024, suspendida durante los años de la pandemia. Al día de hoy no hay, por tanto, unas cifras de referencia.

El talón de Aquiles de los Presupuestos que María Jesús Montero ha comenzado a elaborar está en el Senado. De hecho, es el nudo gordiano de esta legislatura. La Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, no tiene capacidad de veto permanente sobre este proyecto de ley ni sobre ningún otro. Si lo rechazase, volvería al Congreso y, en una segunda votación, serían aprobados. Sin embargo, los llamados objetivos fiscales, que definen el déficit y la deuda y que es un armazón de los Presupuestos, sí deben ser respaldados por las dos cámaras legislativas, ya que la ley de estabilidad obliga a ello. Es una rareza que se deriva de la modificación del artículo 135 de la Constitución, que restringe la capacidad de las administraciones en incurrir en déficit, y que se va a convertir en el principal instrumento político del PP para bloquear la legislatura.

Montero se ha referido al posible bloqueo del PP en el Senado como una "hipótesis", de la que ha asegurado que desencadenaría una situación "kafkiana" en todo el país porque las instituciones no podrían tener presupuestos en 2024. Esto es más que discutible; de hecho, no sería la primera vez que el Gobierno central no logra sacar adelante sus cuentas, lo que sí ocurre es que los objetivos fiscales serían distintos.

La ministra ha explicado que cuenta con un informe jurídico de la Abogacía del Estado que explica qué ocurriría si el Senado, por dos ocasiones, no aprobase los objetivos fiscales, y es que se volvería a la situación anterior, que en este caso es la senda que el Gobierno envió a la Comisión Europea en abril. En ese documento el déficit era del 0%. Posteriormente, el Gobierno volvió a enviar otro documento, el plan presupuestario, que sí recoge el 0,1%, y así se lo comunicó a las comunidades autónomas. Ésa es la razón por la que se incluye en los presupuesto andaluces. La Junta ha llevado a su papel lo que el Gobierno comunicó a Bruselas en octubre pasado. Ahora bien, la propia consejera andaluza de Hacienda, así como el resto de sus homólogos de comunidades del PP, han votado este lunes en contra de los objetivos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (CPFF).

María Jesús Montero ha reunido por primera vez a las comunidades para informales de los objetivos de déficit y de deuda, así como del dinero que recibirán para las cuentas de 2024. También les ha explicado que la condonación de la deuda contraída con el Estado será para "todas", tanto para las que solicitaron dinero a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como para las que, como Madrid, acudieron a los mercados privados. La condonación de la deuda parte del acuerdo firmado con ERC para la investidura de Pedro Sánchez. A la Generalitat se le perdonarán 15.000 millones de euros, el 20% de lo que debe a través del FLA. La cantidad que corresponde a cada autonomía será la que se calcule que se debe a la crisis financiera de la década pasada. No se conoce, por tanto, cuáles serán. Según Montero, el Ministerio de Hacienda celebrará reuniones bilaterales en enero para comunicar las cifras.

España tiene que volver a respetar las reglas fiscales, tras el paréntesis de la pandemia. El Estado podrá incurrir en un 3%, que se reparte entre el 2,9% del Gobierno central y el 0,1% de las comunidades. Los ayuntamientos, por su parte, deben situarse en el equilibrio, en el 0%. La deuda del 2024 debe ser del 21,7% del PIB.

El Gobierno aumenta los dos conceptos por los que las comunidades reciben dinero: las entregas a cuenta y la liquidación de 2022. Las entregas ascienden a 134.658 millones de euros. Ésta es una cantidad que se calcula en función de las previsiones económicas para 2024 y, por tanto, de la recaudación de impuestos, parte de la cual llega a las comunidades. La liquidación obedece al ajuste de lo entregado en 2022, puede ser positiva o negativa. En este caso, será positiva y llega a 20.746 millones de euros. Andalucía recibirá de esos dos conceptos un total de 27.937 millones de euros, 3.529 más que en 2023.

La consejera de Hacienda de la Junta, Carolina España, ha criticado no sólo la ausencia de la Generalitat, ya que no es la primera vez que ocurre, sino el motivo. En el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, así como la mesa de diálogo abierto entre Gobierno central y Generalitat, se recoge que ambas partes negociarán sobre la financiación de Cataluña. Junts propone que esta comunidad recaude todos los impuestos en un modelo similar al del País Vasco.

En la reunión, Montero ha sostenido que no se está negociando esa propuesta de máximos, pero los consejeros de las 11 comunidades gobernadas por el PP no creen que eso se así, después de que la propia titular catalana haya explicado este lunes las causa de su ausencia.