Montero confía en que el dinero de las entregas a cuenta llegue, pero no desvela cómo

El Ministerio de Hacienda y Función Pública aspira a solucionar el bloqueo de las entregas a cuenta de 2019 antes del 15 de diciembre. Se lo confirmó ayer la propia María Jesús Montero al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con quien se reunió en Madrid.

Fue el presidente de las islas quien reveló esta intención de la ministra sevillana. Y lo hizo en pleno asedio de las comunidades del PP –con la Junta a la cabeza– para que desatasque una situación que puede provocar, según los cálculos del Gobierno andaluz, un agujero de más de 800 millones de euros en las cuentas regionales aprobadas este julio. A lo que hay que sumar los 513 millones del mes 13 del IVA, también según los números de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía que dirige Juan Bravo. En total, 1.350 millones.

La intención es que el dinero llegue a los territorios antes de final de año, pero la cantidad recibida no tiene por qué ser idéntica a la que Montero adelantó en julio de 2018. “Estaban vinculadas a medidas fiscales de unos Presupuestos Generales del Estado que no salieron”, apuntan fuentes del Ministerio de Hacienda. No queda claro si ahí podría incluirse el dinero del IVA de 2017, cuya devolución también estaba aparejada a las cuentas estatales.

Además, Montero tampoco está en posición de adelantar la información sobre las entregas a cuenta de 2020. Se trata de la información que necesitan las autonomías para elaborar sus presupuestos del año próximo, pero tendrán que esperar al desbloqueo de la situación política.

En el Ministerio de Hacienda existe, afirman, voluntad de realizar la transferencia a las regiones. Pero también insisten en que la solución más directa sería la investidura de Pedro Sánchez y la toma de posesión de un Gobierno con plenos poderes. Como ha dicho en más de una ocasión Montero, la actualización de las entregas a cuenta entraría en el orden del día de la primera reunión del Consejo de Ministros.

Mientras eso no ocurra, Hacienda seguirá esgrimiendo el informe de la Abogacía del Estado que considera “ilegal” que un ejecutivo en funciones realice las gestiones necesarias para transferir estas cantidades a las comunidades, según establece la ley de financiación autonómica.

El informe de la Abogacía del Estado, clave

Lo llamativo es que la Junta se agarra a ese mismo documento para defender que es posible la llegada de esos 1.350 millones –817 de las entregas a cuenta y 513 del mes 13 de IVA–. La lectura que hacen en la Consejería de Hacienda, Industria y Energía es que el informe responde a una pregunta “abstracta” del Gobierno central.

En el equipo de Juan Bravo consideran que la solicitud de información que hace el Ministerio de Hacienda a los abogados del estado no recoge el contexto actual. En la Junta consideran que se trata de una situación de emergencia. Aseguran que un desfase de 1.350 millones en las arcas autonómicas provocaría un perjuicio en la prestación de servicios públicos esenciales.

El crecimiento del gasto en sanidad, educación y dependencia en las cuentas de la Junta para 2019 ronda los 1.000 millones de euros. El agujero provocado por el bloqueo de las entregas a cuenta podría dificultar el pago de determinadas promesas, como el aumento de las plantillas sanitaria y en el sector de la enseñanza.

En este sentido, Juan Bravo descartó ayer que la polémica de las entregas a cuenta pueda repercutir en el nivel de ejecución del presupuesto regional vigente. “No barajamos esa posibilidad porque ese dinero es nuestro”, dijo el titular de Hacienda sobre las consecuencias del bloqueo de los fondos estatales. “Hay que tener en cuenta que se aprobaron a finales de julio”, matizó tras recordar que una ejecución del 100% es “imposible”.

Cuestionado sobre las fórmulas existentes para transferir las cantidades que exige la Junta, Bravo aludió a cálculos realizados a partir de los ingresos fiscales de los primeros ocho meses del año, a acudir a la previsión incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 o de los informes financieros que el Gobierno envía a Bruselas de forma periódica. Esas fórmulas son las que la Junta quiere debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera solicitado por Juanma Moreno.