El Ministerio de Trabajo reconoce que concedió durante una década ayudas "directamente" y sin concurso público como en los ERE

caso de los ere

El secretario general de Empleo reconoce que se otorgaron 220 ayudas extraordinarias de esa forma y que en la actualidad se siguen concediendo así.

Sevilla/El Gobierno central actuó de la misma forma que la Junta de Andalucía al conceder las ayudas extraordinarias de los ERE. El Ministerio de Trabajo del Gobierno central ha reconocido en un informe enviado a la juez María Núñez Bolaños que concedió "directamente" y sin concurso público entre los años 2001 y 2011, al igual que se investiga en el caso de los ERE fraudulentos que investiga el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

En respuesta a una petición realizada por la juez Bolaños, el director general del Ministerio de Empleo, Javier Thibault Aranda, ha remitido un informe con fecha 18 de septiembre en el que explica en primer lugar que la concesión de las ayudas extraordinarias durante esos diez años se realizó en los supuestos y condiciones que se establecen en la orden ministerial de 5 de abril de 1995, cuyo artículo tercer establecía que las ayudas podían ser "solicitadas conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos últimos, acompañando una memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura solicitada y el coste económico individualizado".

Dice el Ministerio que a la vista de los motivos alegados y de la documentación acreditativa aportada, la dirección general de Trabajo "resolvía directamente sobre la concesión de las ayudas, condicionada a la disponibilidad presupuestaria existente".

La orden ministerial "no contemplaba, en cambio, la realización de concurso público alguno para la concesión de dichas ayudas", "razón por la cual la entonces dirección general de Trabajo tramitó todas estas solicitudes por el régimen de concesión directa".

El Ministerio señala, en cualquier caso, que ese sistema es el mismo que "sucede en la actualidad", tras la aprobación del Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas.

El director general de Empleo también informa a la juez de que, según se desprende de los expedientes, "no se realizó por ningún organismo estatal o por la subdelegación del Gobierno comprobación alguna respecto del cote de la póliza de seguros". El Ministerio precisa, sin embargo, que "conviene señalar que esos organismos carecían de una atribución normativa específica que les habilitara para determinar si la ayuda se ingresaba o no en una póliza de seguro, quién fuera en su caso el tomador (que en ningún caso lo fue la Administración General del Estado) o si el coste de la póliza era o no adecuado".

El informe acompaña la relación de ayudas extraordinarias concedidas en el periodo 2001-2011, relativo a unas 220 ayudas que alcanza un global de unos 300 millones de euros, oscilando las mismas entre unos 13.000 euros y los 22 millones.

La juez investigaba si también hubo "fondo de reptiles" en las ayudas del Gobierno central

La juez María Núñez Bolaños reclamó al Gobierno central que aporte las ayudas a las prejubilaciones concedidas entre los años 2001 y 2011, una petición realizada a instancias de uno de los investigados en la causa, el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín. Con esta petición, según algunas fuentes del caso consultadas por este periódico, la instructora trataría de determinar si las ayudas que otorgó el Estado tendrían la mismas carencias en cuanto a la falta de convocatoria, bases y publicidad que se atribuyen a los ERE de Andalucía, así como si había una inobservancia de las rígidas formalidades de las subvenciones, y si dichas ayudas eran intervenidas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Es decir, si estaríamos ante un "fondo de reptiles" de la Administración central.

En una providencia dictada en julio pasado, la magistrada requirió a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que aporte la relación de "ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas en el periodo de tiempo investigado en el presente procedimiento, desde el año 2001 al año 2011, indicando en cuáles de ellas se realizó concurso público y con aportación de la documentación que acredite la celebración de esos concursos, caso de haberse llevado a cabo".

De la misma forma, la instructora solicita al Ejecutivo central que informe "si las ayudas extraordinarias eran finalmente ingresadas por algún organismo estatal o por la Subdelegación del Gobierno, a las compañías de seguros que les indicaban las empresas tomadoras del seguro o la representación sindical, solicitantes ambas de las ayudas, sin realizar ningún tipo de comprobación respecto a si era o no adecuado el coste de la póliza de seguros".

La petición de esta información al Ministerio de Trabajo se produjo tras la solicitud realizada en el mismo sentido por la defensa del ex director de Vitalia Antonio Albarracín. El abogado de Albarracín justificaba la necesidad de la práctica de la prueba en que hasta el momento, "cuando se han cumplido más de cinco años de instrucción, se ha dado por bueno entre otros por los peritos de la dirección general de Seguros, que en todas las ayudas de la Administración para prejubilaciones se utilizaba la convocatoria de concursos públicos, y esto, como se pone de manifiesto en el procedimiento, no ha sido así, al menos respecto a las 15 ayudas extraordinarias concedidas para la minería de Huelva en donde no consta concurso público alguno". La defensa señala que esto se comprueba en la documentación aportada por al Subdelegación del Gobierno en Huelva relativa a la Faja Pirítica.

Albarracín sostiene que está en condiciones de afirmar que "tampoco se habría realizado concurso público en el resto de ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, circunstancia ésta nada anormal, al haberse aplicado la orden ministerial de 5 de abril de 1995".

La defensa concluía que es procedente comprobar si el Gobierno central actuó en el resto de las pólizas de prejubilación financiadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre 2001 y 2011 de forma similar al caso de la minería onubense. Para esta parte, tiene "indudable interés" conocer si el Estado actuó "de forma diferente a cómo actuó la Junta de Andalucía, o se limitó a aportar la financiación a las pólizas y con las aseguradoras que le indicaban las empresas tomadoras y la representación sindical, y todo ello sin realizar ningún tipo de concurso ni comprobación respecto de si estaba o no el precio de acuerdo al mercado asegurador existente".