Medio Ambiente tiene 4.367 expedientes con una media de espera de cuatro años en toda Andalucía

La Consejería de Medio Ambiente ha desvelado que en sus oficinas hay 4.367 expedientes paralizados, algunos de ellos con diez años de demora. La titular de este departamento, Carmen Crespo, ha explicado este martes que reforzará con 65 personas las delegaciones provinciales para desatascar estos permisos de los que dependen proyectos de inversión por valor de 6.570 millones de euros. También se realizarán algunas modificaciones normativas.

Los proyectos paralizados a la espera de estos permisos están relacionados con la minería, con la industria, las energías alternativas y las instalaciones en el litoral, pero afectan a todo los proyectos en los que se necesite algún tipo de autorización ambiental.

“Lo que antes existía es una falsa protección del medio ambiente, era de palabra porque lo que había era una parálisis”, ha dicho Carmen Crespo. “Lo que no tiene ningún tipo de explicación es que haya 4.367 expedientes sin resolver en todas las provincias, que suman 6.570 millones de euros de inversión, o que se han perdido o que no se han podido materializa”, ha indicado. El cálculo de inversión se ha hecho en base a los volúmenes de negocio que estaban anotados en los informes.

Todas las provincias están afectadas por la parálisis, si bien destaca Málaga, con 1.207. Del total de los 4.367, 1.763 son de gestión del litoral, de los cuales 648 corresponde a chiringuitos. 391 son de calidad del aire, 370 sobre residuos y 1.843 de prevención y control medioambiental. En este último ámbito se encuentra, entre otros, la autorización ambiental integrada, cuyo plazo legal de resolución es de 10 meses, pero que se ha estado dilatando hasta dos años. O la autorización ambiental unificada, que debía resolverse en ocho meses pero que se han tardado 20 meses de media en hacerlo. Los tiempos de los expedientes de residuos y de calidad del aire se han cuadruplicado.

Por provincias, Málaga acapara el 30% del retraso, con 1.207 expedientes. Sevilla tiene 735 expedientes; Almería, 536; Jaén, 490; Granada, 405; Cádiz, 310; Córdoba, 275 y Huelva, 197.

Una de las reformas que se va a realizar de modo inmediato es una modificación del anexo de la ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad que regula qué actividades deben someterse a las distintas categorías de informes medioambientales. El 80% de las almazaras, por ejemplo, sólo necesitarán de una calificación ambiental y no de una evaluación ambiental integrada. Según la consejera, no se trata de bajar el listón ambiental, sino de ser más pragmáticos. Un tercio de los gestores de residuos no peligrosos dejaría de tramitarse por autorización ambiental unificada para pasar a hacerlo mediante una calificación ambiental.

El departamento de Gestión del Litoral tiene pendientes 648 expedientes sobre chiringuitos, pero la Consejería va a tratarlos dentro de un plan específico de este sector.