Griñán pide la absolución porque no hubo "conspiración" para el fraude

Sevilla/No hubo ninguna "conspiración" para cometer el fraude de los ERE. Así de contundente se muestra la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán en el escrito en el que solicita su absolución en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, en el que están imputados 26 ex altos cargos de la Administración andaluza. Si hubiera existido esa conspiración, plantea hipotéticamente, ni el consejero habría llevado al Consejo de Gobierno las memorias de control financiero ni hubiera propuesto las medidas que la Intervención General de la Junta consideró "pertinentes" para mejorar su función de control.

El abogado José María Mohedano, que representa a Griñán, ataca la acusación presentada por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de malversación de caudales públicos -por el que el ex presidente se enfrenta a seis años de cárcel-, al entender que desde la causa abierta en el Tribunal Supremo no se ha acreditado por el juzgado de Sevilla "ninguna nueva investigación en relación con la posible participación de Griñán en un delito de malversación". Así, el escrito defiende que el ex presidente "nunca intervino en la concesión concreta de ayudas ni se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su departamento de Hacienda".

Griñán alega igualmente que las transferencias de financiación por las que se pagaban las ayudas fueron aprobadas en las sucesivas leyes de presupuestos del Parlamento andaluz de los años 2002, 2003 y 2004, y añade que "nunca" aprobó en su condición de consejero de Economía ninguna modificación presupuestaria, sino que lo hizo el Consejo de Gobierno y además contaban con el informe favorable de la Intervención General de la Junta, entre otros organismos.

De hecho, la defensa del ex presidente argumenta sobre la legalidad del uso de las transferencias de financiación que "todas las actuaciones del consejero y del Consejo de Gobierno se adoptaron partiendo de que el máximo órgano de control interno de la Administración autonómica consideraba legales las transferencias y, por consiguiente, no inició en ningún caso los procedimientos que le corresponderían haber actuado en el caso de considerar lo contrario".

Sobre los continuos informes de la Intervención en los que se alertaba del uso inadecuado de las transferencias, la defensa sostiene que "nunca se elevaron" a Griñán los informes de cumplimiento de 2003 ni el informe adicional del año 2005, y así insiste en que "hay datos y pruebas de que ni se elevaron ni fue informado de los mismos porque en ningún momento se proponía su actuación".

Para Mohedano, las presuntas irregularidades no estuvieron en el presupuesto, ni en las transferencias, ni en las modificaciones, sino, en el caso de existir, "en la concreta gestión del gasto del programa presupuestario 31L", la partida conocida popularmente como el fondo de reptiles.

Griñán alega en su escrito la indefensión que le ha causado la inclusión de un delito de asociación ilícita por parte de la acusación popular que ejerce el PP, un cargo que "en ningún momento se le atribuyó" durante la instrucción ni cuando prestó declaración en el Tribunal Supremo y en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por lo que concluye que no es posible abrir juicio oral contra él por un "fabulado delito de asociación ilícita".