Martínez Aguayo, la lealtad en prisión

Carmen Martínez-Aguayo (Madrid, 1953) se ganó en sus años de gestión en diversos organismos de la Junta una fama de dura, sobria, parca en palabras, pero coherente y eficaz. Y honesta. Hace meses que había asumido que entraría en prisión, pasaba consulta en un centro de Salud de Triana y afrontaba la condena del Supremo con un estoicismo propio de quien ha luchado desde muy joven por la mejora social y económica de su familia. Cuando dejó la política, no cobró la cesantía, se fue desde la sede de Hacienda en Torretriana, Sevilla, al centro de Salud de enfrente, junto al puente del Cachorro.

Fue, primero, auxiliar de clínica; se licenció después en Medicina, y aprobó dos veces el MIR, una en Madrid y otra, en Valencia. Felipe González le llamó para participar en el Informe Abril, un estudio sobre la reforma de la sanidad pública en España que llevó el nombre de Abril Martorell, quien fuese vicepresidente de Adolfo Suárez.

Fue en 1996, cuando esta médica comenzó a trabajar para el Gobierno andaluz, como directora gerente del SAS, aunque antes había sido la responsable del Insalud. Todo su trayectoria política en la Junta ha estado ligada al ex presidente José Antonio Griñán, de quien fue su viceconsejera de Hacienda entre 2004 y 2009, y después, consejera, hasta 2013.

Consejera y, cabría decir, escudera leal. En 2011 se hizo público que el interventor general de la Junta había advertido a través de varios informes al entonces consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, de las deficiencias en los expedientes de los ERE, de las ayudas que la Consejería de Empleo concedía a trabajadores afectados por expedientes de empleo. Ese mismo día de marzo de 2011, Aguayo asumió que "nunca" había entregado tales informes a Griñán, ella se interponía entre el interventor y quien ya era el presidente de la Junta. Los periodistas que asistimos a aquel encuentro en la sede de la Consejería de Hacienda entendimos que Aguayo se estaba haciendo un harakiri para salvar a Griñán.

Lo que Aguayo alegó, por entonces, es que los informes de la Intervención nunca advirtieron menoscabo de fondos públicos, y ésa fue la versión que mantuvo hasta la vista oral en la Audiencia de Sevilla. Su postura tampoco iba a salvar a José Antonio Griñán, condenado a la postre, como ella, por un delito de malversación que el Tribunal Supremo confirmó, aunque con el voto particular de dos magistradas.

Estas magistradas trazan una línea roja entre lo que sucedió en la Consejería de Empleo, la que concedía y pagaba las ayudas, y en el resto del Gobierno andaluz. Para ambas, no pudo haber malversación desde la Consejería de Hacienda; es más, lo que sostienen es que no hubo pruebas para demostrar el delito.

Una de las escasas esperanzas que le queda a Aguayo es el recurso de amparo que ha presentado ante el Tribunal Constitucional, en el que los votos particulares de la sentencia del Supremo son esenciales para que pueda ser admitido.