"Marruecos invadió por la fuerza un campamento pacífico"

El juicio acabó con un mazazo que aún retumba. Y todavía resuena en los oídos de Francisco Serrano (Montellano; Sevilla, 1983). Él fue uno de los abogados que acudió como observador internacional al juicio celebrado en febrero pasado contra los 25 saharuis detenidos tras los sucesos en el campamento de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, que fue desmantelado de forma violenta el 8 de noviembre por policías y soldados marroquíes. En aquellos choques murieron tres saharuis y once miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, y de estas muertes -de las que no hay ninguna certificación oficial- se acusaba a los 25 activistas saharuis. Y también de pertenencia a banda criminal, separatismo y secuestro.

Las sentencias han sido brutales: nueve de los acusados han sido condenados a cadena perpetua, cuatro a 30 años de prisión, siete a 25 y tres a 20. Dos han quedado en libertad. A Serrano las penas no le han sorprendido.

Acudió al juicio como miembro del grupo de observadores internacionales cuya presencia Marruecos tuvo que admitir. En esta ocasión, la Administración marroquí disfrazó con todas las garantías la celebración del juicio. Cumplió escrupulosamente con las formas. La tarea subterránea era otra cosa.

"Había inhibidores activados en los alrededores del Palacio de Justicia para neutralizar los teléfonos móviles, de manera que teníamos que desplazarnos varios metros para contar lo que ocurría. A los activistas saharauis les pasaba lo mismo. De manera que a los campamentos llegaban las noticias de lo que estaba ocurriendo con bastante retraso. Nos consienten, pero los observadores en un juicio como este somos incómodos, la Policía nos vigila, hay mucha hostilidad. En otra ocasión, no en este juicio, en el hotel en el que nos alojábamos nos retiraron la señal wifi para que no pudiéramos acceder a internet".

Serrano, que es alcalde de Montellano por Izquierda Unida, coincide con el resto de observadores que acudieron a este juicio -entre ellos los europarlamentarios Antonio Masip (PSOE) y Willy Meyer (IU)- en que el juicio debió ser declarado nulo de antemano y no celebrarse en las condiciones en que se hizo.

Para empezar nunca debió presidirlo un tribunal militar. Además, territorialmente tampoco era de su competencia, toda vez que los hechos juzgados ocurrieron en una zona que no es marroquí, es un territorio reconocido por Naciones Unidas como pendiente de descolonización, "ocupado, invadido" -recuerda Serrano- por Marruecos. "El tribunal no podía ser militar porque la recién promulgada Constitución marroquí prohíbe en su artículo 127 los tribunales de excepción. Así que hay motivos más que suficientes para declarar nulo este juicio", denuncia el abogado sevillano.

"Los militares han sido juez y parte. Ellos intervienen en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik. Dicen que las víctimas, los fallecidos, son militares. Y juzgan ellos. La imparcialidad no ha existido por ninguna parte. El propio Marruecos vulnera su Constitución".

Serrano acudió como miembro de AjaSahara (Asociación Andaluza de Juristas or el Sahara), una organización avalada por el Consejo General de la Abogacía Española, con el objetivo de velar, junto a sus compañeros, por que no se vulneren los derechos de los activistas que iban a ser juzgados. El juicio, a pesar de cumplir con todos los formalismos, no pudo desembarazarse de algo que a estos observadores les pareció evidente: era una pantomima, una "obra de teatro".

Ya en las cuestiones previas se rechazó lo que pretendían las defensas y los observadores: anular el juicio porque el tribunal no era competente. Y después de varios aplazamientos sin justificación, la vista echó a andar. Con pocas o nulas garantías procesales. El tribunal, y el procurador del rey de Marruecos (el equivalente al fiscal), se basó en las declaraciones obtenidas a los acusados tras sus detenciones, "pero éstas fueron realizadas debido a torturas, vejaciones y humillaciones", insiste Serrano. "Alguno llegó a ser violado con una barra de hierro, provocándole desgarros en el ano, y estuvo sangrando durante varios meses. Exigió, porque estaba en su derecho, que se le realizara un examen médico y fuera aportado como prueba en el juicio. El tribunal lo rechazó y no pudieron acreditarse esas agresiones. Ya antes, los presos fueron amenazados diciéndoles que lo mismo les pasaría a sus familiares, y en el traslado desde El Aaiún hasta Rabat, en un avión durante un vuelo nocturno, se les amenazó con lanzarlos al vacío. Así consiguieron sus declaraciones".

Unas de las acusaciones más llamativas es la de secuestro. Según Marruecos, una veintena de estos activistas "secuestró" a 20.000 personas en el campamento de Gdeim Izik. "Pero no existe ni una sola denuncia, ni una sola denuncia de esas veinte mil personas contra ninguno de esos acusados. Además, hay que preguntarse cómo y de qué manera consiguen veinte personas secuestrar a veinte mil", dice Serrano.

Gdeim Izik, o Campamento de la Dignidad, fue levantado en octubre de 2010 a las afueras de El Aaiún para reivindicar derechos sociales y económicos. En su fase embrionaria apenas se hizo mención a la lucha del pueblo saharaui por su autonomía ni autodeterminación. Las jaimas que se levantaron en Gdeim Izik llegaron a acoger a veinte mil personas. La mañana del lunes 8 de noviembre, policías y soldados marroquíes invadieron el campamento y lo desmantelaron de manera violenta. El campamento llegó a ser considerado como el detonante de la Primavera Árabe.

"Marruecos invadió por la fuerza Gdeim Izik", afirma Serrano. "Estás a las seis de la mañana en la tienda durmiendo junto a tu mujer y tus hijos y ves que entran de esa manera, ¿qué haces? Marruecos acusa a los activistas saharauis de haber matado a policías y soldados marroquíes. ¿Dónde están los cadáveres, qué se sabe de su autopsia? Nada. No hay ningún registro en ninguna morgue, no se ha celebrado ninguna ceremonia. ¿Qué país no rinde un homenaje a sus militares muertos en una acción? Los condecora a título póstumo, les impone medalla, los reconoce... Marruecos no ha hecho nada de eso. Y las armas con que dicen que fueron asesinados. No se ha podido comprobar con las más mínimas garantías su uso por parte de niunguno de los acusados. Presentaron durante el juicio cuchillos, machetes, hachas, katanas. Estaban limpias, no tenía ni una mancha de sangre. Los militares las llevaban y traían, las enseñaban en el juicio con total permisividad por parte del tribunal, pero no se certificó ninguna huella dactilar", narra Serrano.

Todos estos detalles han sido transmitidos por parte de los observadores en el juicio a las instituciones españolas e internacionales. "Esa es nuestra labor cuando acudimos a juicios contra activistas saharuis, que siempre -lo sabemos- acaban con condenas". "Pero las ideas no se pueden encarcelar", recuerda Serrano. "Ni las de los saharauis ni las de nadie.