La ventana
Luis Carlos Peris
Perdidos por la ruta de los belenes
Fernando Grande Marlaska es ministro del Interior y ha sido diputado por la provincia de Cádiz en dos ocasiones, pero no un diputado cualquiera, sino el cabeza de cartel de la lista del PSOE, un puesto que también ocupó uno de sus antecesores, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ambos fueron cuneros -uno es de Bilbao y el otro era cántabro-, pero los dos tenían una justificación para ese aterrizaje de paracaidista en el sur español: el territorio Estrecho es uno de las zonas calientes de la seguridad del Estado. Cádiz, Gibraltar, Ceuta y Marruecos en unos pocos kilómetros cuadrados.
Por eso fueron aceptados sin rechistar por el partido, ambos aportaron una visión gaditana en Interior sobre el narcotráfico, pero una semana después de que un grupo de narcos matase a dos guardias civiles en el puerto de Barbate, la respuesta política del ministro aún se espera. O es soberbia o es cobardía, en cualquier caso "sorprende", responden algunos socialistas consultados por este medio, aunque lo que casi nadie niega es que la gestión de esta crisis no puede ser más mala, desde el inicio y sus causas hasta la actual situación de completo mutismo.
Porque más allá de enrocarse en unos datos de inversión en el Campo de Gibraltar que son ciertos, no ha sabido enfrentarse a la realidad palmaria de que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil carece de medios en buena parte de esta provincia y que los narcos actúan con un descaro que revela la impunidad con la que arriban de modo constante en las costas de Cádiz y las orillas del río Guadalquivir. La Guardia Civil detuvo a los seis participantes, pero el jueves pasado un contrabandista de tabaco volvió a embestir a un coche camuflado de la Policía Nacional mientras alijaba fardos en Puente Mayorga, en San Roque. El respeto está perdido.
Marlaska se defiende con sus datos, pero ni hay un nuevo plan ni una reconsideración del existente. Ni más medios, sólo se han convocado seis plazas de guardia en la Comandancia de Algeciras. Las lanchas han estado más de una semana fuera de servicio.
El día posterior al suceso, Grande-Marlaska no fue a Barbate, aunque al Ayuntamiento se le informó de una visita que después se quedaría en nada; sí asistió a la capilla ardiente del guardia Miguel Ángel Gómez en la Comandancia de Cádiz, pero no se quedó en el funeral posterior en la Catedral, donde no hubo ni diputados ni senadores socialistas. Voló a Pamplona, donde estaba instalada la capilla del otro guardia, David Pérez, y allí se encontró con el desaire que temía en Cádiz: la viuda del agente se negó a que el ministro le entregase la medalla por su marido muerto.
Marlaska no es un extraño en Cádiz, puso en marcha en 2018 el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que se ha venido ampliando hacia las provincias litorales andaluzas y que cuenta con 37 millones de euros hasta 2025. Suele veranear en Rota y guarda amistad con quien ha sido hasta hace unas semanas el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, apartado por la dirección del PSOE de Cádiz porque no quiso ser candidato a la alcaldía de la capital.
"Un político no puede perder la cara ni la humanidad, lo que ha pasado es inexplicable", valora un miembro del Gobierno de la Junta cuando se le pregunta por la actuación posterior del ministro.
El Congreso de los Diputados ya reprobó a Marlaska por la tragedia de Melilla, y el Senado lo volverá hacer la semana próxima. Incluso es posible que el martes también sea reprobado en el Congreso, donde el PP podría contar con el apoyo de Podemos y de algunos de los aliados del Gobierno. De momento, Pedro Sánchez sigue respaldado a su ministro varias veces cuestionado, a este antiguo juez que plantó cara a ETA desde la Audiencia Nacional y que llegó a ser vocal en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.
El video que se grabó el 9 de febrero en el puerto barbateño deja pocas dudas sobre el descaro de los narcos y de quienes les apoyaban en esos momentos, medio centenar de personas que jaleaban a Kiko El Cabra, el patrón de una narcolancha que se permitió dar tres vueltas alrededor de la zódiac de la Guardia Civil hasta que entró a matar.
Pocos minutos después, una mujer, la fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, sentenciaba al ministro con una valoración judicial y política de profundo calado. En el programa Hora 25 de la Cadena Ser, Villagómez denunciaba que los narcos "campan a sus anchas", que les faltan medios, que "la situación se está desbordando" y que las narcolanchas traen de todo, lo mismo hachís, que cocaína, que inmigrantes a los que sueltan de modo salvaje a pocos metros de la playa. "Mañana que no vengan a darnos el pésame", clamó Villagómez de modo premonitorio.
La fiscal no es una fiscal cualquiera, es una persona sensata y con muchos años de servicio en la lucha contra el narco en la provincia de Cádiz. Después de aquella declaración, calló, pero los compañeros de la Fiscalía se han relevado para respaldar sus palabras. En la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2022 se da cuenta de la caída de incautaciones y se subraya que la disolución del grupo antinarcos OCON Sur, la pieza clave de la anterior estrategia contra el narco, "se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía, a la Fiscalía Especial ni a los órganos judiciales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo ha corroborado esta semana en una entrevista en Onda Cero.
Desde que en España se prohibió la construcción, venta y utilización de las enormes lanchas que le sirven de transporte al narcotráfico, las naves van y vienen desde Marruecos a las costas andaluzas sin atracar en tierra, sólo en la mar están seguras. Pero un temporal como el de la borrasca Karlotta obligó a algunos narcos a refugiarse en la bocana del puerto de Barbate. El jueves anterior a los hechos había seis lanchas. Todas vacías de droga y de carga de combustible, se amarraron a las boyas de entrada para esperar a que amainase, pero el alcalde, el andalucista Miguel Molina, llamó con insistencia a la Comandancia de Cádiz para que las retirasen. Era una vergüenza.
El puerto de Barbate cuenta con un puesto especial de la Guardia Civil, pero la falta de personal hace que esté cerrado en muchas ocasiones, además a la patrullera del Servicio Marítimo no se le veía por el muelle desde hacía ocho meses, según relatan desde el Ayuntamiento. Esto lo saben los narcos. Desde hace algunos meses hay vecinos de La Línea que se están empadronando en la población jandeña, un municipio donde la presión policial es menor que en el Campo de Gibraltar.
La Guardia Civil toma nota del aviso del alcalde, pero la Comandancia de Cádiz no tiene ninguna lancha disponible, todas están fuera de servicio por distintas averías. El coronel responsable, Luis Martín Velasco, es informado, así como la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores. El mando ordena una actuación, y se envía una zódiac con varios guardias desde Algeciras. En Barbate hay un capitán del Servicio Marítimo, que se encuentra de baja después de los hechos, y que ejecuta lo que le ordenan. Sólo se trataba de bajar a la mar, de identificar y de dejarse ver con la seguridad de que las narcolanchas se retirarían, y así ocurre con cinco de estas naves aunque la que patronea El Cabra embiste y mata.
Esta respuesta no es la habitual, pero no es inédita en los últimos años. En septiembre de 2020 unos narcos atropellaron a dos policías nacionales cuando acudían a un servicio cerca de la playa de Getares, en Algeciras. En 2021, un guardia civil murió atropellado en una autovía en Jerez por un conductor que se había dado a la fuga, y el pasado viernes un contrabandista de tabaco embistió a un coche camuflado de la Policía Nacional en Puente Mayorga, en San Roque, durante una huida que terminó con su detención en el mar.
Además de la carencia de medios y de la actuación la noche fatídica de Barbate, lo que más se critica a Marlaska es que disolviese el OCON Sur, que fue un grupo autónomo compuesto por 150 guardias y liderados por el teniente coronel David Oliva. Durante los años que estuvo activo, de 2018 a 2022, puso en jaque a los narcos del Campo de Gibraltar, dobló las incautaciones y las detenciones fueron al corazón de los clanes. Ni Marlaska ni ninguno de los mandos de la Guardia Civil ha explicado por qué se adoptó esa decisión, a la que contribuyen varias causas, ninguna de ellas excluyentes.
Asuntos Internos de la Guardia Civil abrió una investigación por las relaciones de algunos mandos de OCON Sur con el clan de narcotraficantes de los Ariza, que es un grupo asentado en Bolonia, entre Tarifa y Zahara de los Atunes. El aviso llegó de la Policía Nacional, y Asuntos Internos abrió una carpeta con un nombre esclarecedor sobre sus intenciones: Varea. Es lo que se hace con los olivos, se varean. Este caso se archivó, pero a Oliva se le sigue investigando porque un contacto que tenía en Asuntos Internos copió la información que el departamento guardaba sobre él a cambio de darle un puesto en OCON Sur, mucho mejor pagado. Esta instrucción la lleva un juzgado de Parla, en Madrid.
Marlaska, de acuerdo con la cúpula de la Guardia Civil, disolvió el organismo en 2022, antes de que se conociesen las imputaciones. ¿Fue ésa la única razón? Varias fuentes apuntan otras dos: los modos de actuar de David Oliva siempre bordeaban lo permitido y, por otra parte, como organismo autónomo creaba recelos en las comandancias de Cádiz, de Algeciras e, incluso, en la dirección de la IV Zona. Y sobre todo era un plan muy costoso que se centraba en una única comarca.
El ministro tampoco ha dado una respuesta creíble a esta disolución, quizás llegue el martes en la dura sesión de control que le espera en el Congreso. Ni las distintas organizaciones de la Guardia Civil ni los aliados del Gobierno lo respaldan, sólo el presidente y, cuando se pregunta en su partido, responden con cara de circunstancia.
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