Marín deja en evidencia la gestión de Bendodo en la Diputación de Málaga

Marín y Bendodo, en una imagen reciente / M. G.

Sevilla/Cinco millones de euros en subvenciones sin justificar al día de hoy. Un enfrentamiento que tiene una elevada probabilidad de acabar en el juzgado de los Contencioso-Administrativo. Y que presenta la particularidad de que los protagonistas son socios en el Gobierno andaluz.

La Consejería de Administración Local, que hoy dirige el vicepresidente Juan Marín, ha dejado en evidencia la gestión del actual consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en su etapa como presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Tal vez sea una situación incómoda entre ambos, pero Marín no ha tenido más remedio que ser consecuente con sus mensajes a favor de la transparencia y la regeneración democrática, expresados reiteradamente en las redes sociales. Y su proceder demuestra en este asunto que no ha dudado en velar por el dinero público. Resulta más que llamativo que la propia Junta de Andalucía, en la que Bendodo es ahora el principal factótum, exige la devolución de las ayudas concedidas en 2017 a la Diputación de Málaga para programas de empleo de fomento agrario.

El gobierno provincial liderado entonces por Bendodo tenía de plazo hasta el 31 de mayo de 2019 para presentar las certificaciones, pero no lo hizo a pesar de las sucesivas prórrogas que la Junta de Andalucía concedió para facilitar esta obligación. El presidente de la Diputación actual es Francisco Salado, cargo al que llegó en febrero de 2019 con el apoyo de los diputados de Ciudadanos.

La Consejería, dirigida por Marín desde enero de 2018, notificó a finales de 2020 la apertura del procedimiento de reintegro al considerar vulnerado por la Diputación de Málaga el artículo 42.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, al incurrir el ente provincia “el incumplimiento de la obligación de justificación o justificación insuficiente”. No debió quedarle otra a Marín, por lo que el director general de Administración Local, Joaquín José López-Sidro, remitió a la Diputación malagueña la orden de devolución de los importes.

El convenio de concesión de las ayudas se firmó entre la Consejería y la Diputación el 25 de julio de 2017. El último plazo ampliado se fijó el 15 de agosto de 2019. Hasta cuatro veces fue ampliado el plazo de justificación, bien en general a las diputaciones o en particular a la de Málaga, al objeto de facilitar la presentación de las certificaciones de las obras realizadas con cargo a la subvención concedida.

La Diputación de Málaga ha respondido por escrito a la exigencia de devolución del dinero que le ha hecho la Junta. La Diputación asegura que la “inmediata satisfacción del reintegro que se le reclama requeriría habilitar el crédito correspondiente, con riesgo de desatención de otros objetivos de interés de la Corporación, llamados a satisfacer necesidades de interés público”. Por este argumento, basado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, solicita la suspensión de la orden de reintegro, “toda vez que su ejecución supondría un perjuicio económico de imposible o difícil reparación”. De este acuerdo se informará en el próximo Pleno de la Diputación Provincial de Málaga.

Dos ceses y un posible contencioso-administrativo

Dos ceses por culpa del retraso en las justificaciones de la subvención y una elevada probabilidad de que todo acabe en los tribunales. La Diputación de Málaga lleva más de un año intentando resolver con la Consejería de Administración Local de la Junta este problema producido por un retraso en la tramitación de las justificaciones de las subvenciones del convenio del Plan de Fomento del Empleo Agrario de 2017. Con cargo a ese convenio se ejecutaron 301 obras en los municipios de la provincia de Málaga que generaron la contratación de 11.922 personas desempleadas, según la Diputación.

La Diputación justificó en plazo la realización de 45 de esos proyectos, y adujo un fallo en la plataforma electrónica de la Consejería como una de las causas del retraso en la presentación del resto de justificaciones. Al tratarse de una tramitación compleja, "tradicionalmente la Junta de Andalucía siempre ha ampliado los plazos de presentación de justificaciones antes de formalizar el expediente de reintegro. En esta ocasión no se han ampliado los plazos en la misma extensión que en años anteriores", según la versión de la Diputación.

Esto no significa, sin embargo, que la Diputación eluda su parte de responsabilidad ante "el retraso en la tramitación de estos expedientes de justificación de las subvenciones de la Junta". Tras efectuar una evaluación interna, se decidió el cese y relevo como jefa de servicio de la funcionaria responsable de ese proceso, y también la destitución del director del área de Apoyo y Atención al Municipio, cargo eventual.

La Diputación de Málaga quiere aclarar que todas las obras, las 301, "han sido ejecutadas, completadas y abonadas". En la actualidad, la Asesoría Jurídica, Intervención y el Área de Fomento e Infraestructuras de la Diputación estudian la posibilidad de presentar un recurso contencioso administrativo contra el procedimiento de reintegro abierto por la Consejería de Administración Local de la Junta, tras la desestimación de la reclamación presentada al efecto. Dada su situación de "solvencia actual", la Diputación de Málaga está perfectamente preparada, si se diera el caso, para proceder al reintegro de los 4,7 millones de euros, más los intereses de demora, que reclama la Junta de Andalucía, sin que ello suponga en absoluto ningún desequilibrio presupuestario, ni desatender sus proyectos, servicios o actuaciones previstas este año o los siguientes, aseguran fuentes oficiales: "Los objetivos del convenio firmado con la Junta en 2017 se han cumplido, se han generado los puestos de trabajo previstos y las obras se han concluido en los 93 municipios y en la entidad local autónoma en que se desarrollaron".

La Diputación mantiene, como todos los años, su compromiso con el PFEA, para el que en el ejercicio de 2021 se han presupuestado 9 millones de euros para sufragar el coste de la mano de obra incluida en el programa vigente, en colaboración con el Gobierno central y la Junta de Andalucía.