María Jesús Montero cita a las autonomías en plena polémica del IVA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunirá este viernes con todos los consejeros autonómicos en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de esta legislatura. Sobre la mesa, el encuentro servirá para informar de la senda de estabilidad de las cuentas públicas para el período 2020-2023. No hay ninguna senda aprobada, y es preceptiva que que Montero pueda diseñar el techo de gasto de 2020. No obstante, no se descarta que los consejeros introduzcan los temas más polémicos, caso de la devolución íntegra del IVA de 2017.

Las comunidades socialistas se han sumado a la reivindicación de los gobiernos de Andalucía y de Galicia, para que se les pague unas cantidades del IVA de ese año. En el caso de la Junta son 537 millones de euros, y de ellos el Gobierno de Juanma Moreno ha hecho una bandera de reivindicación autonómica. Este lunes por la tarde en Jaén, el presidente de la Junta llegó a comparar el Gobierno de Pedro Sánchez con el de Adolfo Suárez, que se negó a que Andalucía tuviese un autogobierno pleno. "Nos volvemos a encontrar en una situación parecida", indicó Moreno, al recordar que este año se cumplen 40 del referéndum del 28-F. Se trata, dijo, de "un Gobierno que no quiere a los andaluces y que quiere confrontación. Es una piedra en el camino”.

A esta reunión con los consejeros seguirá otra en breve, por lo que el Ministerio de Hacienda no descarta que, en efecto, se aborden más asuntos, además de la senda de estabilidad. Al problema del IVA se añade la promesa del Gobierno central de abrir la negociación del sistema de financiación autonómica, ya que el actual ha caducado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también ha comenzado a estudiar los argumentos jurídicos de una posible denuncia contra Hacienda a causa de este pago del IVA. Sin embargo, a la salida del Consejo de Ministros, María Jesús Montero ha declarado que el asunto "está zanjado", puesto que ese pago debió cerrarse en 2019 y no fue posible porque no hubo Presupuesto.

Buena parte de los problemas del Ministerio de Hacienda con las comunidades se debe a que no se pudieron aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2019. La ley que lo sustentaba sí incluía esa devolución del IVA. Con el rechazo a los presupuestos, que no contó con el apoyo del PP ni de Ciudadanos ni de ERC, se malogró un objetivo de déficit que era más adecuado para las comunidades al quedar relajada la cifra en el doble de margen. Las comunidades han debido cerrar 2019 con un déficit del 0,2%, y para 2020 es de cero, el equilibrio presupuestario.

El Gobierno andaluz ha amagado con denunciar ante los tribunales al Ministerio de Hacienda por diversos motivos, uno de ellos es el del IVA, pero aún no hay materialización de la protesta política. El presidente Juanma Moreno va a enfocar la celebración del Día de Andalucía (este 28-F se cumplen 40 años del referéndum) como una protesta contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a causa de los problemas de la financiación.

Es posible que la Junta no haya cumplido tampoco con el objetivo de déficit de 2019, lo que llevará a Hacienda a seguir impidiendo una mejora de la posición de Andalucía para salir a los mercados a endeudarse. Ése es el otro elemento de la batalla que San Telmo mantiene contra la ministra Montero.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que espera "que por fin se haga justicia con Andalucía". Tras criticar que el CPFF lleva dos años sin reunirse, ha adelantado que la Junta no sólo reclamará el IVA, sino explicaciones por una reducción de 175 millones de euros en las entregas a cuenta y una actualización de 4.000 millones de euros de lo que se recibe cada año del Estado.

Esta última cantidad no es una deuda en sí, sino un cálculo que realizó la propia María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda sobre la insuficiencia de la Junta para atender los servicios públicos esenciales que presta. El Parlamento aprobó una resolución con todos los grupos, a excepción de Ciudadanos, para que el nuevo sistema de financiación autonómica cubra esa cantidad. La negociación del modelo es una tarea compleja que involucra a los gobiernos autonómicos, pero que, en última instancia, debe aprobarse como ley en el Congreso de los Diputados.

A estas demandas, la Junta también suma lo que entiende como una reducción de 127 millones de euros en las entregas a cuenta, que es el dinero que el Gobierno adelanta a lo largo del año en curso. Pasados 24 meses, se procede a la liquidación de ese ejercicio.