La acusación popular preguntará desde hoy a los peritos en la causa de los ERE

La investigación de los ERE prosigue su curso. Esta semana, las sesiones correspondientes a la vista oral en el juicio de la pieza política da paso esta semana a la acusación popular. El abogado de Manos Limpias Rafael Prieto, que junto al PP-A ejerce la acusación popular en esta causa, formulará preguntas a los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE). A continuación lo harán las respectivas defensas.

El letrado de Manos Limpias, quien durante estos diez meses en los que se ha desarrollado el juicio, apenas ha intervenido, anunció que formulará “seis o siete preguntas” a los peritos.

Después comenzará el turno de los abogados de las defensas, empezando por Pablo Jiménez de Parga y José María Mohedano, quienes representan a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente.

Ambos tienen intención de formular preguntas, sobre todo Mohedano, ya que sus clientes –además de Griñán, el ex director de Presupuestos Antonio Lozano– encargaron uno de los informes periciales para contrarrestar las conclusiones de la Intervención General del Estado.

Los autores de dicho informe, Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago, comparecerán como peritos de parte en el juicio.

La prueba pericial se está practicando con los tres peritos de la IGAE –Ángel Turrión, Rosa María Hernández y Eduardo Villaplana– y los siete propuestos por los ex consejeros de Hacienda Magdalena Álvarez –Juan Ramallo–, José Antonio Griñán –Zornoza y Martínez Lago– y Carmen Martínez Aguayo –Juan Antonio Carrillo y Juan de Dios Jiménez– y el ex titular de Empleo Antonio Fernández –José Ignacio López–.

Aunque el abogado dirige sus preguntas a uno de los peritos en concreto, las réplicas y contrarréplicas entre ellos hizo que el interrogatorio del fiscal se prolongase durante tres semanas y el de los letrados del PP-A, durante una.

En la última sesión, el tribunal que preside el magistrado Juan Antonio Calle mantuvo una reunión con los fiscales y los letrados de todas las partes para planificar el calendario que queda por delante del juicio a 22 ex altos cargos de la Junta y que comenzó en diciembre de 2017. Está previsto que dure hasta noviembre.