Magdalena Álvarez fue "consciente" del cambio de las subvenciones
El tribunal admite que la ex consejera no pudo saber los reparos de la Intervención, pero conocía el uso ilegal de las transferencias
Sevilla/La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla también ha desestimado el recurso de la ex consejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez contra el auto por el que fue procesada en relación con el escándalo de los ERE fraudulentos, al estimar que la también ex ministra de Fomento fue "consciente de la radical modificación en el tratamiento de las subvenciones para conceder ayudas sociolaborales y a empresas en crisis" entre los años 2000 y 2001 mediante las modificaciones presupuestarias y de la introducción de las transferencias de financiación en las sucesivas leyes de Presupuestos a partir de 2002.
En un auto, el tribunal considera que Álvarez -que fue consejera entre 1994 y 2004- puede considerarse una "experta" en materia presupuestaria, y además de ser "una de las máximas responsables en la elaboración de los presupuestos", presidía la comisión delegada de Asuntos Económicos.
Los magistrados de la Sección Séptima destacan que la ex consejera intervino en los acuerdos del Consejo de Gobierno en los que fueron aprobados los proyectos de la ley de Presupuestos que se enviaban al Parlamento de Andalucía, "siendo conocedora de que se estaban sometiendo a aprobación parlamentaria unas transferencias que actuaban en realidad como auténticas subvenciones, tramitándose bajo un rótulo que encubría su naturaleza subvencional".
El tribunal admite que Magdalena Álvarez "no tuvo conocimiento de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que ponían de manifiesto el uso perverso y contra legem de las transferencias", puesto que el primero de estos informes que incluían los reparos se emitió en 2005, cuando ya no era titular de la consejería, pero esta circunstancia "no es óbice para estimar a nivel provisorio que tenía pleno conocimiento de esa utilización de las transferencias contra legem".
La Sección Séptima también ha desestimado el recurso de apelación del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, al estimar que hay indicios de que tenía conocimiento de la "utilización perversa de las transferencias de financiación", por cuanto Zarrías "estuvo al tanto y participó" en reuniones para solventar los problemas de varias empresas, entre las que destaca Hijos de Andrés Molina, que precisamente dio lugar a la implantación del sistema de las transferencias, "vulnerando de manera grosera y patente la normativa sobre subvenciones".
En cuanto al recurso del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, la Audiencia rechaza la alegación de que el delito de prevaricación habría prescrito, porque se le imputan delitos continuados de prevaricación y malversación por una cuantía muy superior a 450.000 euros, por lo que el plazo de prescripción es de 15 años.
En cuanto al recurso de la ex consejera de Economía y Hacienda Carmen Martínez Aguayo, la Audiencia subraya que la misma tenía "conocimiento directo" del informe adicional al informe definitivo de auditoría de cumplimiento del ejercicio 2003 emitido por el interventor general de la Junta, en el que se "ponía de manifiesto la ilegalidad clamorosa que se estaba produciendo mediante las transferencias de financiación tan reiteradas".
Por último, sobre el recurso del ex consejero de Innovación y presidente del IFA/Idea Francisco Vallejo, la Audiencia señala que "no es razonable su tesis, que supone que el propio presidente del IFA/Idea desconocía el uso perverso de las transferencias de financiación", porque legalmente tenía atribuidas competencias decisivas en la elaboración del presupuesto de la agencia y al ejercer esas competencias "tenía conocimiento directo" de los reparos de la Intervención General.
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