Maeztu reclama un plan para atajar los cortes de luz en las zonas desfavorecidas

La madre de un hombre de 35 años con discapacidad intelectual que tiene que dormir con la luz encendida y no tiene porque en su barrio de Almería hay cortes de luz continuos que duran hasta 14 horas. Un enfermo de diabetes que tiene que inyectarse la insulina alumbrado con una linterna, cocinas con camping gas y niños que van al colegio fuera del horario lectivo porque es el único sitio donde no pasan frío, en este caso en la zona norte de Granada. Allí estuvo en noviembre de 2019 el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, para conocer la realidad de un barrio azotado por los cortes de luz provocados por problemas de suministro eléctrico agravados, en algunos casos, por plantaciones de marihuana. El resultado de aquella visita y una posterior investigación es la queja de oficio que atañe a todas las Administraciones y a la principal empresa administradora de electricidad de la comunidad, Endesa, para que pongan en marcha un plan de acción que acabe con esta situación que se ha extendido por provincias como Sevilla o Almería.

La propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz es aplicar una versión mejorada del modelo que comenzó a utilizarse en Granada en 2017 teniendo en cuenta que la respuesta debe tener en cuenta “la dimensión eminentemente social del problema”. “Ha servido para mejorar la situación preexistente (...) pero los resultados no han sido en absoluto los esperados”, apunta el jurista gaditano sobre el citado modelo granadino. Maeztu achaca a “la falta de seguimiento y vigilancia” gran parte de los fracasos y, como ejemplo, alude a enganches ilegales que se cortan por la mañana y por la tarde vuelven a funcionar o plantaciones de marihuana desmanteladas en viviendas públicas que aparecen de nuevo a los pocos días.

La respuesta que propone la oficina del Defensor comienza con la puesta en marcha de un plan de choque que ofrezca “resultados tangibles en un corto espacio de tiempo”. El primer paso es la elaboración de un mapa de riesgos, ya que la situación de Granada se ha extendido a otros municipios como Almería, Sevilla, Roquetas de Mar, Berja, El Ejido Pinos Puente y Vícar, entre otros. Ese mapa debe servir para poner en marcha actuaciones que involucran a todas las Administraciones en colaboración con Endesa y que debe responder a las especificidades de cada área afectada por un problema sobre el cual ha puesto el foco incluso el Relator Especial para la vivienda de la ONU.

En el apartado específico para la Delegación del Gobierno en Andalucía, Maeztu concede un importante papel a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre todo en lo que respecta a las plantaciones de marihuana en el interior de viviendas. Este tipo de explotaciones ilegales generan un exceso de demanda eléctrica que hace insuficiente la potencia instalada en estas zonas, a lo que hay que sumar el vandalismo y la falta de mantenimiento que hay en algunos barrios marginales de la comunidad.

El papel de las fuerzas de seguridad, según el Defensor, debe ser el de la identificación de estos inmuebles para desmantelar las plantaciones y todo el material necesario para su funcionamiento para que “el coste para las mafias sea suficientemente elevado como para ser disuasorio”. Para ello, además, Maeztu reclama a la Fiscalía que se involucre más activamente en esta lucha contra el narco, sobre todo –y en la medida de lo posible– en la tramitación de los permisos judiciales para la entrada en estos pisos.

Los agentes de la autoridad deben también acompañar a los técnicos de Endesa que se encargan de eliminar los enganches ilegales que, en muchos casos, sirven para mantener estas plantaciones; así como a los inspectores de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Esta entidad, dependiente de la Consejería de Fomento de la Junta, deberá realizar, siempre según la queja del Defensor, un plan de inspección en las zonas donde haya viviendas públicas y proliferen estas explotaciones ilícitas, tanto para su localización como para el posterior mantenimiento. Más allá del problema de la marihuana, Maeztu insta a la AVRA a comprobar que los habitantes de sus pisos no están enganchados a la red de forma ilegal, a pesar de que la entidad viene alegando que no tiene competencia para ello.

Maeztu también insta a la Junta, a través de la Dirección General de Energía, a que encargue una auditoría externa para conocer “el estado real de las redes eléctricas y todas las instalaciones y equipamientos que intervienen en el suministro” de las poblaciones donde se registran los cortes de luz. Una vez realizado ese examen, el Defensor reclama al Gobierno andaluz que requiera a Endesa una renovación de las infraestructuras allá donde sea necesario. La exigencia de Maeztu con la compañía eléctrica pasa por dotar de suficiente potencia a las zonas donde hay cortes porque “los derechos” de los afectados “deben anteponerse a la lucha contra el tráfico de drogas o la prevención del fraude en los suministros”.

La oficina del Defensor incide en que muchos de los afectados viven en zonas deprimidas “social y económicamente” donde no disponer de suministro eléctrico “supone abocarlos al abismo de la marginalidad y la exclusión”. Por ese motivo, el apartado de la queja dirigido a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) insta a ayuntamientos y diputaciones a agilizar el trabajo de los servicios sociales para que ayuden a las familias que se enganchan a la luz de forma ilegal por motivos de pobreza energética. Corresponde a estos empleados públicos informar a estas personas de la existencia de ayudas para afrontar el gasto en suministros o la existencia del bono social eléctrico e, incluso, para abonar las multas por los enganches a aquellos que hayan defraudado a la compañía.