Lozano se acoge a su derecho a no declarar después de que Alaya le reproche que estaba haciendo "un teatro"

El ex número dos de Susana Díaz, el ex viceconsejero de la Presidencia Antonio Vicente Lozano, se ha acogido finalmente este jueves a su derecho a no declarar, después de que la juez Mercedes Alaya le haya reprochado que estaba haciendo “un teatro" durante su comparecencia.

Antonio Vicente Lozano había comenzado a declarar, después de un incidente inicial, cuando dijo a la juez que no declararía si no podía "dictar" las respuestas a las preguntas que se le formularan para hacerlas constar en el acta. Alaya, en supuesto tono conciliador, le habría dicho entonces: "Si dicta usted las respuestas, ¿lo intentamos?", a lo que Lozano accedió.

Después de una serie de preguntas de la instructora, se produjo un nuevo rifirrafe en la declaración, cuando la juez Alaya le puso de manifiesto que si quería declarar que lo hiciera y si no que se acogiera a su derecho pero sin hacer teatro. Según algunos abogados presentes en la declaración Alaya habría manifestado: "Si quiere usted declarar, declare, comprendo que está haciendo usted su teatro", lo que motivó la inmediata protesta del abogado José María Mohedano, que defiende a Lozano.

En el acta de la declaración se añade que la juez habría añadido tras pronunciar la frase que "tenía derecho a hacerlo", en alusión al comentario sobre la acusación de hacer teatro, aunque los abogados presentes aseguran que no escucharon esta coletilla. Después de un breve receso y cuando debía continuar la declaración, Lozano se ha acogido finalmente a su derecho constitucional a no declarar porque, según ha dicho, "siente que no se le respetan sus garantías". No fue el único incidente durante el interrogatorio, dado que la juez obligó al abogado de Lozano a separarse una distancia prudencial después de que percibiera que le había hecho un gesto con la chaqueta que Alaya interpretó como una indicación ante la pregunta planteada.

En su breve declaración, Lozano ha defendido que no conocía las irregularidades y ha señalado que siempre actuó de acuerdo con la "legalidad presupuestaria" y tras mantener reuniones con los distintos representantes de las Consejerías competentes en la elaboración del presupuesto de la Junta.

En su imputación, Alaya le atribuye que era conocedor y partícipe del sistema que se había montado para permitir las transferencias de financiación, y señala que en 2002 se cambió la partida presupuestaria 481 por la 440.51, de forma que lo que eran ayudas a familias y entidades sin ánimo de lucro pasa a tramitarse con las transferencias de financiación al IFA, que sólo tiene como finalidad "enjugar" las pérdidas de ejercicios anteriores, ajustar las cuentas de pérdidas y ganancias y para gastos generales de exploración.

La juez le indicó que no se podían utilizar las transferencias de financiación para conceder las ayuda objeto de la investigación, algo que Lozano ha admitido que consintió porque lo aprobaba el Parlamento.

La juez le imputa también haber tramitado 12 expedientes de modificación presupuestaria de 2002 a 2009 por importe de más de 57 millones de euros. Lozano ha dicho que él no tenía por qué saber el "destino final" de las transferencias de financiación.

Al término de la comparecencia se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares, en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido ninguna medida, mientras que el sindicato Manos Limpias y el Partido Popular han solicitado un fianza civil de 57 millones de euros, cifra que se corresponde con las 12 modificaciones presupuestarias que Alaya le imputa haber tramitado durante su etapa como director general de Presupuestos, entre 2002 y 2009. A esta fianza de 57 millones, estas acusaciones piden que se añadan otros 19 millones correspondientes al tercio legal.

El abogado José María Mohedano ha dicho a los periodistas que está "seguro" de que se han vulnerado los derechos de su cliente, por cuanto ha dicho, no se le han dejado leer las imputaciones de la juez con lo que no ha "tenido tiempo para preparar su defensa" y además no ha tramitado su recurso ante la Audiencia a pesar de que han transcurrido dos meses desde que se presentó.