Lorenzo del Río: "El proceso penal hace aguas por todos sitios"

La entrevista tiene lugar en Algeciras, tras compartir impresiones con buena parte de los jueces del Campo de Gibraltar. Las necesidades saltan a la vista, no solo por la enorme carga de trabajo que soportan, sino también por sus medios y el mal estado de muchas de las sedes en las que trabajan. Es 23 de febrero. Ese mismo día, en 1981, Lorenzo del Río (Jódar, Jaén, 1956) llevaba poco más de un mes en su primer destino, un juzgado de Sanlúcar de Barrameda. “Me avisaron por teléfono del golpe y pasé la tarde viendo la tele, en un bar, solo con el camarero. En las calles no había un alma”.

-¿Qué impresión se lleva de su reunión con los jueces del Campo de Gibraltar?

-Era una cita que estaba prevista desde hacía ya tiempo, aprovechando una inspección al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Queremos mejorar su funcionamiento con nuevos protocolos una vez se ha llevado a cabo el refuerzo con más funcionarios. Tengo también preocupación por la situación del Palacio de Marzales. Me han dicho que se ha caído parte de un muro, que hay cornisas en mal estado, humedades, grietas, que sale agua por los enchufes... Tenemos que verlo con la Consejería de Justicia porque es un edificio que ya empezó hace mucho tiempo a dar problemas. Hay que asegurarse de que no está afectada su estructura.

-Aparte del mal estado de buena parte de las sedes judiciales, faltan jueces, fiscales y funcionarios.

-El tema no es solo la falta de personal, que es algo que no se puede negar, es también buscar una mejor organización, una mejor optimización de recursos, que creo que es más importante. Por ejemplo, aquí tenemos tres partidos judiciales que están muy cercanos (San Roque, La Línea y Algeciras) donde podrían especializarse mejor algunas jurisdicciones. Por así decirlo, sería buena una colegiación o agrupación de los juzgados de los tres partidos sin pérdida de la identidad judicial de ninguno de esos municipios. Es algo de lo que llevamos hablando muchos años. Yo llevo, si me apuran, casi 20 años diciendo que es una pena la grave crisis estructural que padece la Justicia en España. Son 20 años de espera para una reforma necesaria que, además, viene demandada incluso desde hace mucho tiempo por la Unión Europea, que nos dice que España es el país con una mayor dispersión organizativa judicial. Seguimos obsesionados con los juzgados estancos.

-¿Esa colegiación cómo se pondría en marcha?

-Tenemos que llegar a una colegiación donde se hable solamente de actividad, de juzgados de instrucción, de juzgados penales, sociales... Sin números. Eso permitiría trabajar mucho mejor, con más concentración de recursos, con más especialización en los temas complicados, con la asignación de recursos inmediatos, sea de jueces o de funcionarios, para tareas concretas que merecen un empuje temporal a corto plazo. Tenemos una estructura de trabajo absolutamente rígida. Dentro de cada partido y cada jurisdicción tiene que desaparecer el modelo estanco de juzgados numerados y separados.

-¿De quién depende cambiarla?

-Necesitamos un cambio legislativo, bastaría con modificar un artículo. Está demandado desde hace tiempo y es fundamental. Hay que ir a un modelo organizativo que sea más flexible con los jueces, con los funcionarios, y que permita agrupar esfuerzos y que sea mucho más fácil reasignar los recursos. Es una pequeña reforma, revolucionaria, pero no se acomete. Tenemos un problema, pero la justicia no está en la agenda política.

-En 20 años que lleva usted diciéndolo han pasado el PP y el PSOE, pero ni uno otro parecen tener interés.

-Se lo he comentado a responsables políticos del PSOE y del PP. Me consta que están leyendo la propuesta. La Justicia tiene que dar un salto cualitativo muy importante. Hay una situación muy insatisfactoria porque no somos útiles y eficaces penalmente. El proceso penal hace aguas por todos sitios. Los tiempos de respuesta no son nada razonables y hacen falta cambios. La legislatura pasada hubo un empuje y parecía que, al final, se iban a poner de acuerdo las fuerzas mayoritarias, pero se agotaron los plazos y caducaron esos proyectos. ¡Y son proyectos que llevan muchos años ya! Ocurre también con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Son cuatro legislaturas esperando su reforma.

-El objetivo es reducir los tiempos procesales.

-El proceso penal es penoso. Hay prácticas procesales que permiten dilatar los procedimientos de una manera injustificable y los juicios rápidos cuestan un trabajo enorme. No predomina la oralidad, sino lo contrario: mucha escritura y dilatación de todo. La justicia penal tiene que ser una justicia muy cercana en el tiempo porque, si no, no tiene sentido. Hay que dejar la investigación para aquellas causas que exigen realmente una investigación. Tenemos que hacer juicios rápidos y en un tiempo mucho más rápido, y eso exige combinar recursos y trabajar de otra manera.

Plan especial de Seguridad en seis provincias

-En 2018 se puso en marcha el Plan especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, extendido luego a todo el litoral andaluz con una gran dotación de medios policiales. Sin embargo, cuando llega la hora de enjuiciar esos procedimientos, se produce el colapso, un cuello de botella.

-Creo que esa expresión la dije hace varios años, cuando empezó precisamente todo este Plan especial de Seguridad. Tuvimos una reunión aquí, jueces y fiscales, en Algeciras, con el delegado del Gobierno, con el ministro de Justicia, que entonces era don Juan Carlos Campos, actual magistrado del Constitucional, el ministro del Interior y mandos policiales. Y yo les dije que era muy importante que, junto a una lucha policial mucho más eficiente, había que tener a una Justicia reforzada porque, en caso contrario, se iba a producir un cuello de botella. Es una frase gráfica, pero evidencia la realidad.

-Usted sabe que raro es el juzgado mixto, con causas civiles y penales, que en el Campo de Gibraltar no tramita una o varias macrocausas contra el narco.

-Lo sé y se lo dije en su momento a los responsables de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que fueran conscientes de que iban a llegar a un juzgado mixto con una operación de tres o cuatro meses de investigaciones, donde aparecían con 40 detenidos, 200 intervenciones bancarias y no sé cuánto más, y que el juez del mixto iba a tener en su mesa asuntos civiles y muchos temas que atender. Y un caso de narcotráfico necesita un tiempo exclusivo, claro. Yo era consciente de que la judicatura no podía absorber ese trabajo y hay gente a la que le empiezan ya a llevar los demonios.

-Y luego está la alta rotación de los jueces. Tienen derecho a promocionar, a cambiar de juzgado, es obvio, pero eso resta agilidad a muchos procedimientos. Faltan incentivos para retener a muchas profesionales de la judicatura.

-Eso siempre está ahí. Por ejemplo, en el Campo de Gibraltar, Algeciras está incluida en una categoría de juzgados que es inadecuada.

-En el grupo cuatro. Y La Línea y San Roque, en el 5, el más bajo.

-Eso no tiene sentido, es algo que viene del año 2003. Han pasado 20 años desde que se hizo una distribución de los juzgados por grupos de población que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de ahora. Hay poblaciones donde se ha intensificado el trabajo de una forma absolutamente desproporcionada y por eso ahora mismo hay tanto desequilibrio. Hay capitales de provincia que tienen menos trabajo que Algeciras. Lo hemos comentado, lo hemos puesto por escrito y yo lo expongo cada vez que tengo oportunidad.

-Con escasa fortuna.

-Con muy poco eco y me da pena, porque tengo que estar repitiéndolo.

-El presidente de la Junta de Andalucía habla de la necesidad de crear juzgados de instancia para atender asuntos como el narcotráfico. Hay también quien sostiene que la Audiencia Nacional debe tomar un protagonismo mayor en esos casos.

-Creo que las dos cosas son compatibles entre sí y que merecen su estudio. El tema de los tribunales de instancia es algo que llevo muchos años pidiéndolo. Se lo comenté al consejero de Justicia y es una opción que tiene que ver precisamente con la agrupación de los partidos judiciales y con la colegiación de los recursos. Sería muy beneficioso. La Policía Nacional y la Guardia Civil, así como Vigilancia Aduanera, tienen que examinar en qué momento un asunto tiene una trascendencia que rebasa la provincia y, por tanto, debe ir a otra instancia judicial. Cuando se trata de grupos criminales organizados que actúan en varias provincias, la Audiencia Nacional es la que tiene la competencia.

-¿Deberían flexibilizarse los plazos de instrucción de las causas complejas, como las vinculadas al narcotráfico? ¿Deben los fiscales tener capacidad de dirigir las investigaciones?

-Creo que todo es posible y todo es compatible con una buena legislación. En principio, hay que partir de la base de que el Ministerio Fiscal, constitucionalmente, igual que el juez de instrucción, tiene la posibilidad o capacidad de dirigir la instrucción. La inmensa mayoría de las investigaciones las llevan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Pero mandan los jueces.

-Para ser exactos, dirigen. Pero también es cierto que también tenemos una posibilidad de investigación, pero procesal, del Ministerio Fiscal. Puede haber una dualidad ahora mismo que puede ser perjudicial. Creo que hay que unificar el criterio porque está claro que muchas veces se está produciendo mucha distorsión con ese tema: el fiscal pide unas cosas y el juez otras. Y también uno espera al otro, lo que dilata todo.

-¿Y quién debería llevar la instrucción?

-La instrucción puede llevarla el fiscal, aunque la legislación necesitaría de unos retoques en el sistema orgánico. ¿Para qué? Para mandar un mensaje de mucha mayor garantía de imparcialidad, por así decirlo, y de independencia. Habría que hacer alguna reforma sobre la duración del mandato del fiscal general, que si cambia el Gobierno, no cambie.

-¿También sobre su fórmula de elección? Ahora depende del presidente del Gobierno.

-Bueno, o que el fiscal no pase a un puesto de Gobierno o viceversa. Lo que sí creo es que hay que buscar una fórmula para que desaparezca la dualidad que hay ahora mismo, con dos personas que pueden perfectamente estar interfiriendo en una investigación, lo que retrasa mucho el procedimiento. Creo que es preferible que los jueces se dedicaran a cribar bien lo que ha hecho cada cual y a decir si una causa debe ir a juicio. Sería más práctico.

-Un colega suyo, el magistrado Miguel del Castillo, propuso hace poco la necesidad de limitar el número de recursos durante la fase de instrucción y limitarlos para la última fase de los procedimientos. Los grandes bufetes de abogados que actúan en la defensa de casos de narcotráfico son especialistas en ello y dinamitan los procedimientos, retrasándolos.

-El problema de la legislación procesal es que permite, sin solución de continuidad, constantes peticiones y recursos sobre recursos.

-Y eso habría que limitarlo.

-Hay que limitarlo. Hay que introducir unas prácticas procesales para evitar abusos del procedimiento, que todo se concentre en el acto del plenario. Eso es algo básico y no lo tenemos. Es verdad que existe una corruptela donde se trata de, por así decirlo, movilizar todos los recursos ante los juzgados de primera instancia constantemente, de recurrir esto y lo otro. Claro, paraliza, por así decirlo, y dilata todo. Se necesita una regulación procesal para evitar distorsiones por los recursos. Eso está cantado desde hace mucho tiempo.

-¿Hay que establecer nuevos tipos delictivos para luchar contra el narcotráfico? Costó, pero ya se considera delito de narcotráfico la navegación con determinado tipo de lanchas. ¿Por qué no el transporte de combustible para abastecerlas?

-La ley siempre va un poco por detrás de la realidad. Tiene que ser muy cercana para modificarse y aplicarse cuando se detecta que hay una insuficiencia de respuesta penal ante una serie de hechos.

-En el caso de los combustibles, es una demanda unánime de jueces y fiscales. Gibraltar penalizó su transporte años atrás.

-Y se hizo en su momento a nivel europeo con los llamados precursores químicos para la fabricación de drogas. Hay un determinado transporte de gasolina que exterioriza claramente que tiene una voluntad de ser utilizado para el transporte de sustancias estupefacientes.

-¿Tienen que endurecerse las penas de prisión?

-Es un asunto que puede y debe estudiarse en algunas situaciones concretas, cuando se detecte que las penas no están bien proporcionadas o no muy ajustadas a la gravedad del delito.

-¿Entiende que el ciudadano piense que delinquir sale a veces muy barato?

-Sí, lo entiendo, porque la respuesta que estamos dando muchas veces es tan lejana que se diluye mucho la acción de la justicia. Si esa respuesta se produce pasados muchos años, por muy distintas circunstancias se da lugar a la aplicación de atenuantes por dilaciones indebidas y, por lo tanto, a una rebaja de pena. Si pasan ocho o nueve años desde que se detiene a una persona y se produce el delito hasta que se dicta una sentencia, no hay coherencia con el reproche que hubiera merecido la conducta en su momento. Entiendo como ciudadano que exista el sentimiento de que, ahora mismo, la justicia no está a la altura de las circunstancias.

-¿Cómo se le explica a los ciudadanos, por ejemplo, que un señor que ha sido detenido 7 u 8 veces por robos, atracos, etc, sea puesto en la calle una y otra vez a la espera de juicios? ¿Cómo se puede corregir esta situación?

-Es producto de la corrección procesal. Tenemos de dejar de escribir tanto y de hacer tantas ratificaciones por escrito antes de celebrar el juicio. Cuando el fiscal y la defensa ya han calificado, los hechos que no tienen ninguna gravedad o ninguna intensidad de investigación tienen que estar resueltos en 15 días. Hay que buscar unos mecanismos y los recursos personales para que se pueda hacer. Esa es la única solución.

-Porque hay ejemplos a nivel internacional a imitar a ese respecto.

-Los hay. En otros países, en seis meses, se han podido realizar investigaciones enormes de estafas. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Debemos procurar que el juez pueda dedicarse a lo gordo, si se me permite esa expresión, y que existan mecanismos para que no esté todo el tiempo ocupado en multitud de procedimientos que podrían resolverse con mucha más agilidad y sin estar siempre pensando en todo por escrito, todo por escrito...

El CGPJ, sin renovar

-Tampoco ayuda a mejorar la situación de la justicia española el retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

-Es algo que nadie entiende.

-¿Hay que cambiar el actual sistema de elección de sus miembros por cuotas de los partidos? ¿Debería ser un sistema de elección en manos de los jueces?

-Se está demostrando que lo que falla es la forma, no el sistema en sí. El sistema puede ser constitucional, pero todas las renovaciones que ha habido se han realizado con un reparto de cuotas, con una determinada asignación política de principio. Se está haciendo mucho daño a la carrera judicial y a la sociedad. Tenemos una quiebra constitucional importante y un grave deterioro institucional. Si este sistema no funciona, pues tendrá que ser distinto.

-Usted siente que la imagen de la justicia se ve perjudicada por cuestiones como esa.

-Creo que sí. Está claro que el CGPJ no ejerce justicia, no dicta sentencias. Pero el público, el ciudadano, no entiende que esa situación se esté dando en el órgano de gobierno de los jueces. Y si el ciudadano ve que el CGPJ da una imagen de partidismo o de politización, pues la traslada sin querer a la justicia. Se hace daño y los propios jueces sienten que no está correctamente representado el órgano de gobierno. Hay debilitamiento y una falta de ejercicio de ciertas funciones por la no renovación de cargos, con vacantes sin cubrir.