De Llera cree que los ex presidentes declararían con la "condición de parte" pero no imputados

El consejero de Justicia de Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, señaló ayer que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán irán a declarar ante el Tribunal Supremo por el caso de los ERE con la "condición de parte", pero no en calidad de imputados, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal así lo permite.

Emilio de Llera, que participó ayer en un seminario sobre cooperación, afirmó a preguntas de los periodistas que un senador o un diputado "no están de verdad imputados mientras no se obtenga previamente la autorización de la Cámara", en alusión al suplicatorio que debe solicitar el intructor del caso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo en caso de imputar a ambos aforados.

El consejero detalló que el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a los ex presidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán acudir a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Al ser preguntado sobre en calidad de qué acudirían ambos aforados, que en su día fueron preimputados por la juez Mercedes Alaya, el titular andaluz de Justicia respondió: "De nada, de parte, pero no se está imputado".

Emilio de Llera indicó que el Tribunal Supremo "está haciendo lo que tiene que hacer" e insistió en que esa declaración de los dos ex presidentes andaluces es "un derecho que tienen" y que ambos pueden ejercitar.

Sobre si el caso volvería a la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, si los ex presidentes abandonaran su escaño y por tanto su aforamiento, el consejero manifestó que lo desconoce pero que dependería del momento procesal porque, precisó, "son cosas que tienen muchos matices jurídicos". El consejero declaró que la celeridad es "esencial en toda la Administración de justicia", ya que "tenemos una Justicia que responde al cabo de un tiempo tan brutal que ya no tiene casi sentido la resolución".

El Tribunal Supremo decidió el pasado jueves abrir una causa contra los cinco aforados que son diputados o senadores, al confirmar los indicios de delitos de prevaricación y malversación que la juez Alaya apreció en la exposición razonada. El auto concluía que si como consecuencia de las diligencias de investigación el instructor aprecia la existencia de "indicios racionales de criminalidad" contra cualquiera de los aforados deberá exponerlo a la Sala a los efectos de la solicitud del suplicatorio con carácter previo a su "inculpación formal, procesamiento o adopción de cualquier medida cautelar".