De Llera considera "imposible" destinar casi un millón a los juzgados de cláusulas suelo

Sevilla/La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha emitido un informe desfavorable al plan de urgencia propuesto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para especializar un juzgado de Primera Instancia en cada provincia andaluza para que asuma la previsible avalancha de demandas por la reclamación de cláusulas suelos tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El consejero Emilio de Llera ha remitido una carta al vocal del Consejo Gerardo Martínez Tristán, en el que incluye un informe realizado por la secretaria general para la Justicia, Mercedes Fernández Ordóñez, en el que se considera "apresurado" el plan propuesto por el máximo órgano de gobierno de los jueces, que precisamente abordará la cuestión en la reunión de la Comisión Permanente que se celebra esta tarde.

En el informe, la Junta sostiene que resulta "materialmente imposible improvisar las cuantías necesarias" para llevar a cabo el gasto que supondría la especialización de un juzgado en cada provincia y así precisa que desarrollar la propuesta en los siete meses de 2017 (entre el 1 de junio y el 31 de diciembre) supondría un gasto en dotación de funcionarios de 881.780,67 euros, para el que "no existe actualmente dotación presupuestaria necesaria para comprometer esos créditos".

La Junta alega que es igualmente "complicado" dotar de medios materiales y de espacio físico a un órgano judicial por provincia "con tan poca antelación" y añade que la propuesta del CGPJ exigiría igualmente la dotación de mobiliario e informática para 44 funcionarios y ocho jueces y magistrados, lo que supone un inversión de otros 90.000 euros, además de "costes indirectos como la formación en las aplicaciones informáticas".

La Junta recuerda que este plan de urgencia no ha encontrado apoyo en el colectivo de jueces y magistrados, dado que, como recoge el acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), no se ha presentado voluntario ningún magistrado y la medida ha generado una oposición unánime "a la vista de la inasumible carga de trabajo de los actuales juzgados de Primera Instancia, y la falta de concreción y seguridad en cuento a número de jueces de refuerzo, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios".

La Junta informa desfavorablemente el proyecto por "la falta de tiempo para la puesta en marcha de las actuaciones necesarias", así como las "dificultades presupuestarias derivadas el importe estimado de las medidas propuestas" y el "rechazado de jueces y magistrados, materializado en la ausencia de voluntarios para asumir la especialización y en el pronunciamiento de la Sala de Gobierno del TSJA y de algunas juntas de jueces".

Para la Consejería, habría que "esperar a constatar con estudios y análisis más completos la evolución de entrada de litigios para diseñar una nueva propuesta que, con el consenso de todas las partes implicadas, pueda afrontar con garantías de éxito el asunto".